Alonso se sienta en el banquillo por la pieza leonesa de 'Púnica'
El juicio arranca el jueves en la Audiencia Nacional por los trabajos de reputación del exalcalde de Cartagena hechos a excargos del PP de León
La pieza leonesa del 'caso Púnica' llega a juicio ocho años después de destaparse el caso en la provincia. El próximo jueves se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso y su socio, el presunto conseguidor de la trama Alejandro de Pedro. El Ministerio Fiscal les imputa los delitos de malversación de fondos públicos en concurso con falsedad y fraude y pide un total de cinco años y medio de prisión para cada uno de ellos.
También estarán dos excargos del Partido Popular en esa provincia, el expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el exjefe de gabinete Pedro Vicente Sánchez. En el centro de la trama están los trabajos de reputación 'online' y asesoramiento encargados por Martín Marcos, a Alonso y De Pedro por la adjudicación de contratos para la estación de esquí de San Isidro.
Por estos hechos también se acusa al exinterventor de la Diputación Manuel Jesús López Sánchez y a una empleada de Alonso, Guadalupe Caballero, además de a las empresas que desarrollaron los trabajos, Eico Online y Madiva Editorial, que habrían recibido unos 90.000 euros de fondos públicos de forma irregular.
En su escrito de acusación, la Fiscalía reclama para Martín Marcos, expresidente de la Diputación, la pena más alta, de 8 años de prisión, por los delitos de malversación de fondos públicos en concurso con falsedad, fraude y tráfico de influencias.
El fiscal relata que Alonso y De Pedro trabajaban desde 2010 para diversas administraciones públicas, gracias a los contactos políticos atesorados por ambos. Juntos controlaban un grupo de empresas que les permitía la consecución de contratos públicos a cambio de realizar a las autoridades que estaban al frente de dichas administraciones trabajos personales de imagen, reputación 'online' y posicionamiento en la red por su sociedad Eico Online Reputación Management SL, consultora de servicios en internet.
También se encargaban de mejorar la imagen pública de los políticos, neutralizando, cuando era necesario, las noticias negativas. «Para este fin, utilizaban a la sociedad Madiva, propietaria de decenas de periódicos digitales, que actuaban como motores de réplica de las noticias fabricadas, sin ningún interés periodístico. Muchos de dichos periódicos permanecían dormidos sin actualizar, conocidos como 'zombis'», expone el escrito del fiscal.
En 2012, De Pedro y Alonso Conesa captaron como clienta a la entonces presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, con la que acordaron trabajos para «limpiar y cuidar» su reputación en redes sociales.
Después de la muerte de Carrasco, que fue asesinada en 2014, los servicios de reputación continuaron con Martín Marcos como presidente en funciones de la Diputación y se habrían pagado de manera «subrepticia» a través de la simulación de contratación de publicidad institucional.
