El TSJ estudia si la planta de Derivados Químicos en Alcantarilla tiene riesgos que exijan su traslado
Ecologistas en Acción pide reubicar la factoría farmacéutica por las emisiones y el peligro de incendio y sísmico, mientras la Comunidad y la empresa aseguran que se cumple la normativa medioambiental
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha retomado la causa en la que estudia la petición de Ecologistas en Acción para que se decrete el cese de actividad de la planta de la empresa Derivados Químicos S. A. U. en Alcantarilla y su traslado a otro lugar, por presuntos riesgos para el medio ambiente y la salud pública en este municipio y en las pedanías murcianas de Sangonera la Seca y Javalí Nuevo. La asociación denuncia la existencia de emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera, entre ellas de tolueno, un hidrocarburo aromático potencialmente cancerígeno; olores; y riesgos de incendio y sísmico, ya que la fábrica se localiza «entre las fallas activas» de Alhama de Murcia y Carrascoy.
El tribunal actúa dentro de un procedimiento abierto en 2019, y paralizado desde 2022 por los recursos, a raíz de una demanda de Ecologistas contra la Consejería de Medio Ambiente para que ordenara interrumpir la producción y reubicar la factoría tras los «múltiples incumplimientos» detectados desde 2008.
Además de la Consejería, que desestimó por silencio administrativo dos peticiones de la asociación en 2017 y 2018, la acción judicial se dirige contra la compañía, que produce principios activos farmacéuticos y pertenece a Grupo Olon desde 2016. La Administración regional y la mercantil rechazan las exigencias de Ecologistas, al entender que no ha acreditado anomalías ni peligros que exijan adoptar tales medidas.
La Sala de Lo Contencioso Administrativo 1 acogió días atrás la declaración testifical-pericial de una exfuncionaria de la Consejería de Salud y de dos técnicos de Medio Ambiente, en relación con informes emitidos por la Comunidad Autónoma años atrás. Estos versaron sobre la situación de la planta y sus riesgos, «tras las 1.340 denuncias de los vecinos de la zona» y «el incidente del 13 de enero de 2014 en el Instituto Sanje de Alcantarilla»: el desalojo del centro y la atención a trece alumnos «con los síntomas típicos de contaminación química: irritación de ojos, garganta y asfixia».
Superación del límite de disolventes
Así lo aseguró a LA VERDAD el abogado de Ecologistas, José Manuel Muñoz. Y afirmó que, a pesar de las medidas de la Comunidad, como la limitación de las emisiones, persiste el riesgo. Destacó que la propia Administración admite que en 2016 y 2020 Derivados superó los límites de consumo de disolventes (tolueno, benceno y xileno); que en 2005 hubo un incendio en la planta, entonces propiedad de Novachem; que persisten los olores; que constan denuncias de 22 vecinos con distintas enfermedades que podrían estar vinculadas a la actividad industrial; y que se han construido más naves en el entorno del Polo Químico de Alcantarilla.
Fuentes de Medio Ambiente indicaron a este diario que «en todas las inspecciones realizadas en los últimos diez años se ha corroborado que la planta cumple con el programa de vigilancia ambiental y de las autorizaciones de las que dispone». No aclararon lo relativo a los disolventes y señalaron que no le corresponde «evaluar los riesgos sísmicos ni informar sobre eso». «Este tipo de instalaciones se acogen a los planes de emergencia específicos para ello», explicaron.
En Derivados Químicos expusieron que «no existe ninguna causa real y objetiva que posibilite que la Comunidad decrete el cese de la actividad de Derivados Químicos y su consiguiente traslado», ya que la compañía se guía por «el cumplimiento de las obligaciones medioambientales». La empresa indicó que la Comunidad ha expuesto al TSJ de forma «nítida» que «los controles que se efectúan periódicamente sobre Derivados Químicos» son acordes con la Autorización Ambiental integrada» y que «el funcionamiento del Oxidador Térmico Regenerativo (RTO) es óptimo». Con este dispositivo se controla la emisión de residuos gaseosos desde 2016.
Ante el TSJ, la compañía también ha recordado que «la actividad industrial es mucho más amplia en la zona afectada que la originada por Derivados Químicos S.A.U. y que existen además otros factores o fuentes con potencialidad contaminante, como el tráfico» y las quemas agrícolas.
