Los alcaldes socialistas exigen a Miras la ley de financiación local

Los regidores municipales socialistas vuelven a exigir al Gobierno regional que acelere los trámites para aprobar una ley de financiación local, tal y como indicó ayer el secretario de Política Municipal del PSRM-PSOE y diputado regional, Alfonso Martínez Baños, tras la celebración ayer del Consejo de Alcaldes del PSRM, en la que participó el secretario general, Diego Conesa.

Además, denunciaron que el Gobierno regional está paralizado y que no existe ningún tipo de comunicación con los alcaldes y alcaldesas socialistas, quienes están dispuestos a ir a los tribunales si el Ejecutivo murciano no pone solución al problema de la financiación local.

«Los alcaldes no pueden esperar más, llevan mucho tiempo asumiendo competencias que son de la Comunidad, y en algunos casos, la situación es insostenible. El Gobierno regional sigue haciendo dejación de funciones y los grandes perjudicados son los vecinos y vecinas de los municipios», remarcó Baños.

Por su parte, la diputada regional del PP María Dolores Valcárcel respondió a las críticas en nombre del partido, indicando que «los ayuntamientos socialistas quieren que todos los murcianos paguemos lo que tendría que financiar el Estado», y denunció que «los continuos brindis al sol del PSRM denotan una improvisación total por falta de argumentos, con los que intentan disimular la poca capacidad gestora» de sus alcaldes socialistas.

Así se refirió la dirigente popular a la reunión de los socialistas en la que reclamaron al Ejecutivo autonómico que acelere los trámites para aprobar una ley de financiación local. «El Gobierno de López Miras está comprometido con la mejora de la financiación local, pero Conesa y los alcaldes socialistas saben de sobra que esa reforma exige la modificación de la financiación autonómica», indicó Valcárcel, quien explicó que con el «sistema actual el año pasado dejamos de recibir 400 millones de euros».

«Los socialistas saben -tal y como puntualizó esta diputada-, que la aplicación de este modelo, cuya modificación abordó Rajoy y paralizó de manera arbitraria el Gobierno de Pedro Sánchez, ha supuesto a los murcianos generar casi 10.000 millones de deuda pública para sostener servicios de calidad que no son suficientemente financiados».