Alcaldes de la Región de Murcia abogan por unificar en una ley la regulación de los espectáculos públicos

En varios ejercicios el Gobierno regional ha incluido la elaboración de esta ley en su plan normativo, pero nunca lo ha cumplido, una dejadez que ha convertido a la Región de Murcia en la única de las 17 comunidades autónomas que no tiene una ley propia de espectáculos públicos.

La tragedia de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en Murcia, en cuyo incendio fallecieron trece personas, ha puesto de manifiesto esta carencia, hasta el punto de que el catedrático de Derecho Administrativo y director de la Cátedra de Derecho Local de la Universidad de La Coruña, Carlos Amoedo, advirtió de la «inseguridad jurídica» que esta situación puede provocar.

Los ayuntamientos, que son los principales encargados de gestionar y controlar los espectáculos públicos y actividades recreativas de sus municipios, son también los que más sufren por la falta de una ley regional que concrete y unifique la regulación de todos los aspectos relativos a estas actividades, según los testimonios recogidos por LA VERDAD.

Seis de los siete gobiernos locales consultados -dos del PSOE y cinco del PP- abogan, con mayor o menor énfasis, por elaborar una ley regional de espectáculos públicos que «dé homogeneidad» a todos los aspectos legales de esta materia, indica el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera.

El regidor socialista precisa que no se trata de «cargar ahora contra la Comunidad» tras los sucesos de Atalayas, sino de reconocer que «sería muy beneficioso tener una misma normativa en toda la Región, no solo para los ayuntamientos, también para los empresarios, porque debe de ser un calvario para ellos que haya cuestiones que sí son válidas en San Javier y no en Los Alcázares».

El concejal de Economía y Hacienda de Molina de Segura, Francisco Hernández, también se muestra partidario de esta ley. «Daría seguridad jurídica. No tiene sentido ni es de recibo utilizar una norma nacional, el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, que regula el reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas. Debemos mover ficha y actualizar el marco jurídico para adaptarnos a las circunstancias actuales», opina el edil popular de Molina.

«El transcurso del tiempo, la falta de regulación normativa autonómica, la aparición de nuevas necesidades, el vacío legal existente en algunas materias y la demanda de los sectores afectados hacen imprescindible la aprobación de una Ley de Espectáculos Públicos, que se ajuste a la realidad social». Esta era la opinión del Gobierno regional en febrero de 2018, según se recogía en la memoria justificativa previa a la elaboración del anteproyecto de ley de espectáculos públicos que la Consejería de Presidencia y Fomento, entonces dirigida por Pedro Rivera, puso en marcha pero que nunca llegó a aprobarse.

Hasta hace poco más de un año, el Ejecutivo aún reconocía tener «pendiente de abordar una ley autonómica general de espectáculos públicos», según se lee en la exposición de motivos del decreto-ley 3/2022, de 22 de septiembre, de medidas urgentes en materia de régimen sancionador de establecimientos públicos, espectáculos públicos y actividades recreativas, decreto que fue derogado un mes después por el pleno de la Asamblea.

En la actualidad, en cambio, la posición del Gobierno regional ha cambiado por completo y ya no considera necesaria esta norma. «Porque no haya una ley no significa que la materia no esté regulada. Lo está y no hay ningún vacío legal», declara el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, que se remite a la ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.

Esta norma, explica, «establece que cuando la licencia que se solicita no requiere de un informe de Medio Ambiente de la Comunidad porque no precisa calificación ambiental, la competencia es del ayuntamiento. En este supuesto están las discotecas».

También son responsabilidad municipal, según esta ley, las infracciones y sanciones en materia de licencia, declaración responsable de actividad y falta de autorización administrativa. «En cualquier caso, si algún alcalde plantea cualquier propuesta al respecto, la estudiaremos y valoraremos», agrega Ortuño, quien detalla que en las dos semanas transcurridas desde la tragedia de Atalayas «ningún alcalde me ha transmitido la necesidad de esa ley».

A este diario, en cambio, sí lo han hecho. «Una norma regional podría establecer más controles y dar más garantías, fijar requisitos adicionales a los que exigen los municipios. Tiene todo el sentido del mundo, es algo que debería plantearse», comenta a LA VERDAD el concejal de Urbanismo de un ayuntamiento gobernado por el PP que prefiere no ser identificado.

«El problema no es que haya vacío legal, porque en la Región no lo hay. El problema son las diferencias que se dan entre los municipios en esta materia. Lo deseable sería homgeneizar la regulación en una ley regional», señala un alcalde popular, que propone abrir un debate en la Federación de Municipios sobre este asunto y que todos los ayuntamientos puedan dar su opinión.

La alcaldesa de Águilas, María del Carmen Moreno (PSOE), también es favorable a una ley regional, ya que al carecer de ella cada ayuntamiento se rige por sus ordenanzas locales, lo que genera una disparidad regulatoria. «En algunos aspectos -indica- tenemos problemas porque no está clara la normativa y a los técnicos les perocupa la responsabilidad que asumen». Con ella coincide Patricia Fernández (PP), alcaldesa de Archena. «Sí que me gustaría que se desarrollase lo que quedó pendiente en la Asamblea Regional en 2018 y que pueda recoger legalmente las actividades puntales en las cuales los ayuntamientos no tenemos competencias», señala.

El alcalde popular de Alcantarilla, Joaquín Buendía, opina en cambio que más que una nueva ley lo necesario es cambiar y mejorar la normativa actual para, entre otras cuestiones, «ser más contundentes en el cierre de locales sin licencia».