Los afectados por okupaciones piden «alertas tempranas»

El presidente de la Asociación Española de Afectados por la Okupación de la Viviendas, Antonio Miranda, y el portavoz de la Asociación 'En el Nombre de Dios, ¡basta ya de desahuciar a las familias!', Joaquín Sánchez, presentaron ayer en la Asamblea Regional sus reflexiones sobre la usurpación de viviendas. Lo hicieron en la Comisión de Política Territorial de la Asamblea, como parte de las audiencias legislativas del proyecto de ley de medidas contra la ocupación.

En ella, Miranda consideró «necesarias» las medidas de alerta temprana para el problema de la ocupación, especialmente en la Región de Murcia donde el turismo es «un factor importante», mientras que el religioso enfocó el problema en el drama de los desahucios de familias que viven en la precariedad económica y social, que apueste por incrementar la vivienda pública y la expropiación de viviendas a los 'fondos buitre' que se nieguen a ponerlas en el mercado.

Miranda valoró positivamente el proyecto de ley regional y expuso la importancia de esta medida en casos donde, por ejemplo, «un señor sueco que tiene una vivienda en la playa, está en Suecia todo el año y viene a veranear, que no se encuentre la vivienda okupada y que le digan que no se puede hacer nada».

El presidente de la Asociación de Afectados por la Okupación cree que el asesoramiento jurídico es «muy necesario», además de brindar apoyo a los más vulnerables, una política con la que «todos estamos de acuerdo», así como «acceso a la vivienda social en propiedad».

Miranda destacó que la ley contiene medidas «referentes» para obstaculizar la ocupación o cerrar el acceso a la vivienda en propiedad a quienes la hayan ocupado. Durante su intervención aseguró que se ha incrementado en un 40% en los últimos años el número de ocupaciones en España. En ese sentido, dijo que «son datos que muestran que en el país podría haber entre 100.000 y 120.000 viviendas okupadas en el país». Según dijo, «la ocupación en la nación está generando una auténtica alarma social». Además, criticó que «no existe un censo nacional, un censo actualizado porque no hay interés político». A su juicio, en este momento la okupación «se ha convertido en un negocio de delincuentes y mafias» ante la falta de «responsabilidad» por parte del Gobierno.

Por su parte, Joaquín Sánchez señaló que para poder revertir la situación de las familias desahuciadas es necesario que «el ruido político no acalle ni oculte el sufrimiento humano» tras estas actuaciones. En su opinión, existe una deuda «muy importante con la infancia». Por ello solicitó ayuda psicológica para las familias que han sufrido un desahucio forzoso, porque «el drama que han vivido esas criaturas les ha marcado». Aparte, destacó la importancia de esta ayuda ya que han detectado muchos «cambios en la actitud del niño».