El acuerdo PSOE-Podemos erradica los bancos de agua que impulsó Cristina Narbona

La compraventa de agua tiene los días contados para el futuro Gobierno de la nación. Los bancos de agua fue una fórmula muy utilizada en la etapa de la exministra Cristina Narbona para proporcionar recursos adicionales a los regantes y a la población del Levante, pero ahora quedarán expresamente prohibidos, según los términos del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos.

Las cesiones de derechos -su nombre oficial- se vienen utilizando en los últimos quince años entre usuarios de las cuencas del Segura y del Tajo. Operan dentro y fuera de las cuencas hidrográficas, aunque han sido más polémicos en el segundo caso, a raíz de las transacciones que realizó el Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats) con los agricultores de Estremera (Madrid). En algunas operaciones se movilizaron hasta 30 hectómetros, por un valor próximo a los 6 millones de euros. La Mancomunidad de Canales del Taibilla también hizo una transacción con los regantes de Aranjuez.

El acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias parte de la base de que el agua «no es un bien mercantil». Dedica un capítulo al agua, en el que no se mencionan los trasvases, aunque advierte de que a causa del cambio climático habrá menos recursos disponibles. El acuerdo propone desarrollar un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua; así como un Plan Director de Regadíos. Apuesta por la racionalización del uso del agua, «en línea con la Directiva Europea sobre Calidad del Agua, en un contexto de disminución de la disponibilidad de recursos hídricos como consecuencia de los efectos del cambio climático». Propone garantizar el agua potable y de riego, «al tiempo que se protege el medio ambiente y se consagra el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil. Se prohibirá, por tanto y como parte de este principio, la compraventa de derechos concesionales del agua», dice el documento. Por último, se llevará a cabo el saneamiento de las rías, desembocaduras y otros lugares.

Por otra parte, propone una nueva ley reguladora del ciclo integral del agua, con cambios legales «que faciliten la gestión pública y directa, en particular por parte de los ayuntamientos». Pretende reducir la duración de los contratos futuros de gestión indirecta, y estudiar la reversión de las concesiones que no cumplan con la legislación.

Los bancos de agua están recogidos en las leyes del Memorándum y de Aguas como un mecanismo complementario para que los regantes de la cuenca del Segura puedan comprar caudales a otros usuarios del Tajo, dispuestos a cederlos a cambio de una tarifa regulada por el Ministerio. La ley permite estas compraventas entre cuencas hidrográficas, pero con la condición de que exista un canal ya construido para transportar el agua. En este sentido, el acueducto Tajo-Segura ha servido para derivar dichos caudales.

Fue un sistema muy utilizado en la etapa de la exministra Cristina Narbona, no solo por los regadíos, sino también para asegurar los abastecimientos a la población de Murcia, Alicante y Almería. La ley del Memorándum endureció las condiciones para realizar estas operaciones, cuyos volúmenes quedaron muy reducidos.