Acuamed vendió agua desalada en 22 fincas sancionadas por riego ilegal junto al Mar Menor
600 hectáreas de las 1.900 que tienen que restituir los cultivos recibieron caudales de la empresa estatal, según los expedientes que tramita la Consejería
El 32% de los terrenos que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha denunciado y sancionado por riego ilegal en el entorno del Mar Menor recibieron agua de la desaladora del Valdelentisco, propiedad de Acuamed, empresa pública que está bajo la tutela del Ministerio para la Transición Ecológica. Estas fincas, que deben cesar su actividad, representan una superficie de 600 hectáreas, del total de 1.900 que tienen sanción firme hasta ahora, según informa la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que tramita los expedientes de restitución de cultivos.
La CHS indicó que entre los sancionados por riego ilegal puede haber empresas agrícolas a las que vendió agua Acuamed, aunque todavía no ha precisado el número tras la petición de información de LA VERDAD.
Las etapas de PSOE y PP
Hay productores expedientados que han señalado, en sus escritos de alegaciones, que siguen recibiendo agua de Valdelentisco, extremo que tendrían que confirmar Acuamed y la CHS. Estos llevan muchos años comprando agua de esta desaladora. Valdelentisco empezó a suministrar agua para riego en 2009, en la etapa de Cristina Narbona y Rodríguez Zapatero, con la oferta de caudales que lanzó la sociedad pública Aguas de la Cuenca del Segura (Acuasegura), bajo la tutela de la CHS, que después absorbió Acuamed, heredera a su vez de Trasagua.
La CHS admite que puede haber casos, aunque no da cifras; los sancionados alegan que Acuamed aún les sigue vendiendo agua
La venta de agua siguió en la etapa de Mariano Rajoy, hasta que en el año 2017 se produjo un punto de inflexión, cuando ya habían saltado las alarmas por el grave estado del Mar Menor. La CHS sancionó a todos los clientes de Valdelentisco y ordenó a Acuamed cortar el grifo argumentando que no tenían las concesiones y derechos para utilizar dichos caudales. Estaban regando zonas sin autorización, pese a que Acuamed les vendía el agua. Los compradores eran principalmente de Mazarrón y del Campo de Murcia, este último dentro de la cuenca vertiente del Mar Menor. La CHS multó a 123 usuarios, que se quejaron de la lentitud del organismo de cuenca para otorgar los permisos, y denunciaron la falta de coordinación de los dos organismos dependientes del Ministerio.
22 casos de 95 en trámite
La Consejería de Agricultura informó ayer de que la Confederación Hidrográfica le ha enviado 22 expedientes de regadíos ilegales que compraron agua de la desaladora del Valdelentisco, sin precisar las fechas. Forman parte de los 95 casos que está tramitando hasta ahora, en cumplimiento de la ley de protección del Mar Menor, para la restitución de cultivos como consecuencia de las resoluciones firmes en vía administrativa enviadas por el organismo de cuenca. La CHS remitió 113, pero la Consejería considera que 95 están completos.
Javier Pérez, abogado: «Empezaron la casa por el tejado»
El abogado Javier Pérez, especializado en Derecho de agua y conocedor de toda la evolución de la desaladora de Valdelentisco, destacó que tiene varios clientes a los que vendió caudales Acuamed y que ahora han sido sancionados por riego ilegal en el entorno del Mar Menor. «Valdelentisco les ha vendido agua de toda la vida. En el año 2005 eran privadas, y después pasó a Acuasegura con el cambio de la ley. Empezaron la casa por el tejado». Algunos de sus clientes, añadió, «han sido sancionados dos y tres veces» por riego ilegal en medio de una situación de la que culpa a Acuamed, a la que ha denunciado ante la Fiscalía por presunta prevaricación.
Explicó que al inicio del procedimiento de restitución se realizan comprobaciones generales, en las cuales se ha puesto de manifiesto que al menos 22 expedientes –de los 95 reseñados– «corresponden a explotaciones que suscribieron un contrato de suministro de agua con la mercantil pública Acuamed, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica». Estos veintidós expedientes representan una superficie de 600 hectáreas respecto de las 1.900 que suman los 95 casos que se tramitan.
La Consejería de Agricultura apuntó que el anterior Plan de Cuenca de Segura «establecía como principio general la regularización de los usos consolidados, expresando que dicha regularización se realizara con recursos externos, por lo que de acuerdo a tal normativa, tales parcelas podrían tener la posibilidad de consolidar su derecho de riego».
Usos consolidados
Recordó asimismo que el artículo 36 de dicho Plan «establece que mientras no se deniegue la regularización de usos consolidados mediante la oportuna concesión, los aprovechamientos pueden seguir explotándose. Es decir, el propio Plan Hidrológico del Segura permite que los usos consolidados se sigan usando hasta su regularización».
«Entendemos que la CHS debe operar con el máximo rigor y coherencia al objeto de evitar posibles daños a los agricultores que pudieran estar trabajando dentro de una situación amparada en la legalidad y haciendo uso de un recurso facilitado por el propio Ministerio», concluyó.
