El Supremo siembra la sospecha de una discriminación en la presidencia del TSJ

Lejos de disipar dudas, el Tribunal Supremo (TS) siembra la sospecha de una supuesta discriminación en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. El Alto Tribunal hizo pública ayer la esperada sentencia que anula el nombramiento, hace un año, del magistrado Pasqual del Riquelme como dirigente de la judicatura murciana. Los magistrados invalidan el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dio la presidencia a Del Riquelme al entender que no se motivó debidamente por qué se le seleccionaba a él y no a la magistrada Pilar Alonso, que compitió por la presidencia y que, resalta el tribunal, en los aspectos de valoración objetivos estaba, incluso, por encima de su oponente.

«Cuando nos hallamos, como es el caso, ante una aspirante mujer que tiene un perfil de méritos profesionales que se presenta inicialmente por lo menos parejo al del otro aspirante varón, e incluso en algunos relevantes puntos notablemente superior, la decisión final de adjudicar la plaza a este último tiene que ser, con especial énfasis, singularmente explicada», subraya el Alto Tribunal en su resolución, de más de un centenar de páginas.

Aunque la elección de los presidentes de los TSJ por parte del CGPJ es discrecional y no se basa en un concurso de méritos objetivos, los magistrados hacen un detallado recorrido por el perfil profesional y los méritos aportados por ambos candidatos. Concluyen que «hay, al menos, una igualdad sustancial de méritos en ambos aspirantes, que se rompe en varios de ellos a favor de la recurrente y de forma incluso notoria». En este punto, el Supremo explica, por ejemplo, que Alonso ocupa el puesto 280 del escalafón en cuanto al tiempo de servicio activo en la carrera judicial, frente al puesto 1.440 de Del Riquelme. El TS remarca, además, que el hasta ahora presidente del TSJ murciano nunca ha desempeñado su labor en un órgano colegiado -solo en órganos unipersonales-, frente a las décadas de experiencia en esta materia con las que cuenta Alonso

Los magistrados reconocen, no obstante, que en la elección de Del Riquelme tuvo un gran peso su proyecto de actuación, pero inciden en que este dato «por sí solo, no tiene el peso que se le quiere atribuir». En todo caso, sostiene el tribunal, «resulta inexplicable aportar en sustento de la decisión un razonamiento especialmente cuidado que explique por qué razón el proyecto de actuación elaborado por el candidato designado tiene tal nivel de excelencia, por contraste dialéctico con el de los demás aspirantes, que permite inclinar la decisión en favor de aquel incluso obviando los demás parámetros de selección que la misma convocatoria establece». La resolución recalca que ese razonamiento no se ha realizado en este caso y que resulta crucial «a fin de despejar cualquier sospecha de posible arbitrariedad o desviación de poder».

El tribunal recuerda, además, como ya hizo la magistrada en su recurso, que el CGPJ suscribió un compromiso en Pleno en junio de 2005 para facilitar el acceso de mujeres a cargos gobernativos y recalca que la promoción de las mujeres en la cúpula judicial «está llamada a tener funcionalidad real». Según explica la resolución, «es verdad que el criterio de la preferencia de las mujeres a igualdad de méritos no opera con rígido automatismo como una norma universal de obligado e incondicionado desplazamiento de los aspirantes varones, pero sí que opera como un principio rector de la decisión que exige que se expliquen cumplidamente, caso por caso, las razones por las que se prescinde casuísticamente de esa regla y se elige finalmente a un aspirante varón en detrimento de la aspirante que presenta un perfil profesional parangonable».

«Totalmente gratuita»

La magistrada Alonso remarcó, en su recurso, que la conclusión del acuerdo del CGPJ de que Del Riquelme era el más idóneo para el puesto «es totalmente gratuita, pues para poder decir tal cosa resulta imprescindible comparar, cosa que el Pleno del Consejo ni siquiera intentó». Recordó, además, que existe un «claro desequilibrio» en las plazas judiciales de provisión discrecional.

El magistrado Del Riquelme subrayó que «el CGPJ ha buscado identificar perfiles que, acreditando una sólida formación jurídica (...), presenten también capacidades, habilidades, experiencia y formación destacadas en funciones gubernativas, de dirección, de recursos humanos y de gestión». El Abogado del Estado sostuvo, por su parte, que la actuación del CGPJ «es plenamente respetuosa con el principio de igualdad» y recalcó que este «debe de combinarse con el de mérito y capacidad».

La sentencia del Supremo ordena retrotraer las actuaciones para que el órgano de gobierno de los jueces motive suficientemente su decisión. Del Riquelme cesará en el cargo hasta que el CGPJ celebre un nuevo Pleno y la fundamente. Mientras tanto, la presidencia de la judicatura murciana debe ser ocupada por el magistrado con más años de antigüedad. Será Abel Sáez, actual presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ.