El Consejo de la Transparencia exige total independencia del Ejecutivo

Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos, acompaña a José Molina, ayer en la Asamblea Regional. /
Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos, acompaña a José Molina, ayer en la Asamblea Regional.

José Molina advierte en la Asamblea de que es «un contrasentido» que el órgano que él preside esté bajo la autoridad del gobierno al que controla

GREGORIO MÁRMOLCartagena

«No podemos desempeñar unas funciones de control y luego estar supeditados bajo la autoridad que tiene que ser controlada; es un contrasentido». Con esas palabras, el presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, José Molina, pidió ayer en Cartagena que la inminente modificación de la ley regional de 2014 que lo regula contemple la independencia de ese órgano y lo dote de naturaleza jurídica similar a la que poseen los consejos Jurídico y Económico y Social.

En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea de la Asamblea Regional, Molina destacó que el órgano que preside carece de la personalidad jurídica propia que él considera fundamental para su correcto funcionamiento, sea cual sea el presupuesto y los medios que le proporcione la Comunidad para ello, advirtió. «El Consejo de la Transparencia debe ser un órgano institucional de la Comunidad Autónoma, no un órgano instrumental de la misma», defendió.

La reforma de la ley de Transparencia fue la primera propuesta realizada por el PSOE al inicio de la legislatura. El plazo de registro de enmiendas por parte de los cuatro grupos parlamentarios se cerró en el mes de noviembre, aunque es ahora cuando comienza la fase de análisis y debate en un ambiente constructivo.

El acuerdo es generalizado en el asunto de la independencia del Consejo, aunque ahora analizan si éste debe depender de la Asamblea y su encaje legal dentro de ella. Molina también alertó sobre «el vacío legislativo» que en materia de transparencia tienen los ayuntamientos. La legislación nacional de 2013 regula que debe ser la autonómica la que lo haga. En Murcia es un problema a subsanar con esta reforma y a complementar con ordenanzas municipales.

Molina también defendió la publicación de los datos elementales de los funcionarios y personal de la Administración regional. El acceso a todas las funciones y retribuciones de los trabajadores públicos en la web de la transparencia creada por el Gobierno regional es un «derecho reconocido por la ley», aunque sin dar los datos personales, advirtió. En cambio, la publicidad activa debe contemplar los salarios, complementos e incentivos de cada puesto a partir de los de nivel 26 o superior para conocer la relación de empleos y retribuciones especiales de altos funcionarios, cargos de libre designación, altos directivos de administraciones regional y locales y entes públicos, así como de personal de confianza, eventual y de gabinete. En su opinión, así se impedirá la discriminación en las retribuciones entre puestos del mismo nivel y función.