Bascuñana y Ortuño justifican su decisión sobre el puerto por los informes técnicos

24 horas. Ese es el plazo que, según sostiene el letrado Diego de Ramón, tardó el exconsejero de Obras Públicas, exdelegado del Gobierno y exsenador, Joaquín Bascuñana, en dar luz verde al cambio de titularidad del puerto de Mazarrón. Este había sido propuesto por el entonces director general de Puertos, Marcos Ortuño, actualmente alcalde de Yecla y diputado regional.

De Ramón ejerce la acusación particular en esta causa representando a un grupo de socios del Club Náutico Puerto de Mazarrón, que se vieron afectados por ese cambio de titularidad. El letrado afirmó que de las pruebas practicadas ayer por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia se desprende un «presunto indicio de criminalidad al asociarse las partes para llegar al final en un mínimo espacio de tiempo y con claro interés de ausencia de informantes».

En un escrito dirigido al juzgado, el abogado destaca que, según se desprende de las pruebas, la Consejería aprobó en un solo día la cesión de la titularidad del puerto. Una concesión que, recalca, se otorgaba por 25 años y cuyo valor superaba los 5,2 millones de euros. El letrado remarca que esta forma de operar «no es usual si no existe un interés muy personal en todas las partes, en los políticos y funcionarios implicados en la resolución final».

El letrado de la acusación lamentó que Bascuñana solo respondiera a las preguntas de la juez y de su propio abogado.

A la salida del juzgado, Bascuñana remarcó ante los medios de comunicación que el acuerdo se adoptó con los informes favorables de los técnicos, según recogió Efe. El exdelegado del Gobierno explicó que cuando tomó la decisión de conceder el club náutico a otra sociedad lo hizo a partir de los informes favorables que habían emitido los técnicos y los asesores jurídicos. Añadió que la propuesta hecha por la Dirección General de Puertos iba también en el mismo sentido positivo.

El ex director general de Puertos y actual alcalde de Yecla y diputado regional, Marcos Ortuño, se pronunció en ese mismo sentido a su salida del juzgado. Así, defendió que su actuación se limitó a elevar una propuesta «basada en los informes técnicos que obran en el expediente, evidentemente, como un mero acto de trámite». Unos informes, dijo, que los denunciantes «han ocultado en la querella que han presentado, de forma malintencionada».

Ortuño quiso dejar claro que su voluntad era la de comparecer «de forma voluntaria para poder esclarecer los hechos», y quiso hacer una «reflexión», indicando que, cuando una persona está al servicio del interés público y tiene la responsabilidad de gestionar, «tiene que tomar decisiones. Unas decisiones que, en la mayoría de los casos, son acertadas, como entiendo que es el caso del puerto deportivo de Mazarrón». Y si en algún caso, advirtió, «no son tan acertadas», ello no puede llevar a la conclusión de que «estemos hablando de la comisión de un delito».

En este sentido, señaló que confía «plenamente en la Justicia», y se mostró convencido en que «todo transcurrirá con normalidad y con agilidad y quedará aclarado».

Concluyó insistiendo en que se trató de «un acto meramente administrativo, y quien diga otra cosa lo dice de mala fe o por otros intereses».