Imputan al alcalde de Mazarrón y a Campillo por presunta prevaricación

Mazarrón viene siendo desde hace largos años una localidad con una turbulenta vida política, no pocas veces salpicada por actuaciones judiciales, y parece que seguirá siendo así durante un tiempo. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Totana ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía, dirigida contra el actual alcalde de Mazarrón, Francisco García, y el exregidor, Ginés Campillo, además de otros miembros de la Junta de Gobierno, como los concejales Isidro Coy, Andrés Valera y Juan Miguel Muñoz, y un empresario. Según fuentes consultadas por este diario, el juez les atribuye un delito de prevaricación administrativa y ya les ha llamado a declarar en calidad de imputados.

La Fiscalía Superior de la Región presentó hace un mes la denuncia, que ahora ha comenzado a ser tramitada con la apertura de diligencias previas, por un supuesto favorecimiento ilegal de un escogido grupo de empresarios locales.

Fuentes conocedoras del asunto confirmaron a 'La Verdad' que la denuncia fue interpuesta por el Ministerio Público, después de una investigación que se ha prolongado durante casi un año y en la que ha jugado un papel trascendental la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia. Un grupo de agentes, especializados en la persecución de los delitos urbanísticos y de corrupción, ha venido trabajando durante meses para desentrañar esta presunta trama de favorecimiento de empresas desde el Consistorio de Mazarrón.

El fruto de esas gestiones está recogido en un voluminoso y detallado atestado, en el que se relatarían las supuestas vinculaciones personales y políticas que miembros del equipo de gobierno mazarronero mantienen con algunos adjudicatarios de contratos municipales. Estos informes constituyen la base de la denuncia de la Fiscalía Superior y estarían aportados entre la documentación remitida al juzgado.

El origen de la investigación hay que buscarlo en la denuncia presentada en la Fiscalía por Diego Jiménez, quien en junio de 2012 optó a la adjudicación de un contrato público y cuya oferta fue rechazada de manera supuestamente irregular. En concreto, el afectado informó al fiscal de que el Ayuntamiento se había dispuesto a adjudicar, a través de un procedimiento negociado sin publicidad, la 'Programación, contratación, desarrollo y seguimiento de los festejos' de Mazarrón, por un importe global de 69.030 euros.

Relató que el Consistorio -presidido en aquel momento por Ginés Campillo, del partido independiente UIDM- contactó con tal motivo con José Baltasar N.S., quien en ese momento ejercía como tesorero de UIDM, y con otras dos empresas desconocidas de Fuente Álamo y Valencia, con el objetivo de que presentaran ofertas. A su vez, y aunque no había sido llamado a participar, el denunciante presentó su propia oferta, que en apariencia fue de 1.404 euros anuales más barata que la presentada por José Baltasar N.S.

Tras un año de investigación en la Fiscalía, es ahora el juzgado de Totana el que toma el mando para el esclarecimiento de los hechos.