El Gobierno no cambiará las etiquetas de emisiones, de momento
Juan Roig Valor
Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:35
El Congreso de los Diputados aprobó hoy la Ley de Movilidad Sostenible, que marca la hoja de ruta del transporte en España para los próximos años. El texto, que superó su último trámite parlamentario con el respaldo de la mayoría de la Cámara, incorpora el mandato de elaborar un Plan Renove Nacional para la renovación del parque automovilístico, pero deja fuera una de las disposiciones más controvertidas: la revisión del actual sistema de etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).
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La medida suprimida, impulsada inicialmente como disposición adicional decimoquinta, preveía que el Gobierno realizara en un plazo de 12 meses un estudio sobre la conveniencia de actualizar las etiquetas y de incluir las emisiones de CO₂ como criterio adicional.
La propuesta fue eliminada a instancias del Partido Popular, que justificó la enmienda por «motivos técnicos», y logró 179 votos a favor frente a 171 en contra. Con su aprobación, el Ejecutivo queda liberado de la obligación de revisar el etiquetado medioambiental vigente.
El principal argumento de los grupos que respaldaron la supresión es la necesidad de mantener la estabilidad normativa en un momento de transición hacia la movilidad eléctrica. Los defensores del actual sistema señalan que una revisión podría generar confusión entre los compradores justo cuando los vehículos eléctricos e híbridos enchufables ganan terreno y ya representan uno de cada cinco coches vendidos en 2025.
Además, recuerdan que las emisiones de CO₂ ya están ampliamente reguladas en el ámbito europeo y nacional. El impuesto de matriculación, el tributo sobre hidrocarburos, el nuevo sistema europeo de comercio de emisiones ETS2 y las normas de homologación de emisiones en la UE contemplan este contaminante.
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De hecho, la normativa europea establece que a partir de 2035 todos los automóviles nuevos vendidos en el mercado comunitario deberán ser de cero emisiones, lo que supone la mayor intervención regulatoria posible sobre el CO₂ en el sector.
El Gobierno había contemplado inicialmente estudiar una revisión del sistema de etiquetas de la DGT, diseñado para clasificar los vehículos en función de su impacto sobre la calidad del aire.
Actualmente, las categorías —que van de la etiqueta Cero a la C— se basan en las normativas Euro, centradas en medir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas, principales responsables de la contaminación urbana y los problemas de salud derivados.
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La propuesta descartada pretendía incorporar el CO₂ como parámetro adicional, pese a que este gas no afecta directamente a la salud humana, sino al calentamiento global.
Esa distinción ha sido clave para justificar la decisión del Congreso, que considera que las etiquetas deben seguir reflejando la incidencia de los vehículos sobre la calidad del aire y no sobre el clima.
El debate sobre las etiquetas medioambientales llevaba años abierto dentro del propio Gobierno. La DGT defendía una actualización para corregir distorsiones en el sistema actual, que concede la etiqueta Cero a los híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía —aunque en la práctica emiten mucho más de lo que reflejan los test de homologación— y la Eco a modelos de gas o híbridos ligeros de alta potencia. Sin embargo, los fabricantes temían que una modificación inmediata frenara las ventas y aumentara la incertidumbre tecnológica.
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Con la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, el proceso de revisión queda, por ahora, en suspenso. El Ejecutivo conserva, no obstante, la posibilidad de abordar más adelante un cambio del sistema dentro de otra norma o mediante una reforma específica.
Entretanto, el Gobierno deberá centrarse en cumplir el otro gran mandato de la ley: la elaboración de un Plan Renove Nacional que incentive la sustitución de los vehículos más antiguos por otros de bajas o cero emisiones, una medida largamente reclamada por el sector automovilístico.
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