El pacto para salvar Doñana que no sirve en el Mar Menor

Este programa de actuaciones se suma a un plan de choque ambiental de otros 356 millones aportados igualmente por el Gobierno de la nación y anunciado hace un año; una lluvia de dinero público que ha desactivado una polémica reconversión de terrenos de secano en regadío que tenía en contra a la Comisión Europea, Unesco, científicos y organizaciones ecologistas.

Mientras tanto, la vida sigue igual en las riberas de la laguna, donde las posiciones entre los palacios de La Moncloa y San Esteban siguen alejadas y no se prevé un acercamiento tras la entrada de Vox en el Gabinete de Fernando López Miras con una vicepresidencia y las competencias de ordenación del territorio: el Miteco sigue adelante con la aplicación del Marco de Actuaciones Prioritarias, una estrategia de actuaciones valorada en 484 millones de euros hasta 2026 y que prima las soluciones basadas en la naturaleza y el desmantelamiento de los cultivos ilegales; mientras que el Gobierno regional insiste en el Plan Vertido Cero, que consiste en rebajar el nivel del acuífero, desnitrificar el agua contaminada y hacer compatible la actividad de la industria agroalimentaria con la protección del humedal.

No hay un proyecto común para el Mar Menor entre el Estado y la Comunidad Autónoma, el desacuerdo es casi total, mientras que con la Junta se trazará una hoja de ruta que comenzará a negociarse mañana lunes.

Las crisis ecológicas de Doñana y el Mar Menor no son idénticas pero tienen condicionantes en común. En ambos casos se trata de humedales de gran valor ambiental, con importantes figuras administrativas de protección, que se han deteriorado durante décadas a la vista de todos. La deficiente gestión del agua y de las áreas agrícolas y urbanas colindantes, con un potente sector agrario presionando por los recursos hídricos y el espacio físico, ha sido el desencadenante de la desecación de parte de las marismas y de la eutrofización de la laguna murciana, con graves consecuencias para los valores naturales de ambos enclaves.

Sin embargo, el entendimiento que el Ministerio ha alcanzado con la Junta de Andalucía en un año y medio aún parece muy lejano en la Región de Murcia siete años después de la sopa verde. Ypese al talante en principio más favorable del consejero Juan María Vázquez, partidario de aplicar «criterios científicos a la recuperación del Mar Menor», en comparación con su antecesor, el ahora senador Antonio Luengo, que ejercía al mismo tiempo las competencias de Agricultura y Agua y estuvo vinculado al sector primario por lazos familiares y profesionales, antes de desempeñar cargos públicos.

¿Por qué es tan complicada la relación entre el Gobierno regional y el Ministerio para la Transición Ecológica? Pedro Luengo, coordinador de Ecologistas en Acción, lo tiene claro:«El Ministerio ha recogido el guante de los científicos y del sentido común para actuar en el origen del problema, con soluciones más eficaces, pero que suponen importantes restricciones a la agricultura. La Comunidad Autónoma, secuestrada por los poderosos del sector agroindustrial, no quiere tocar un pelo a las empresas y busca más bien un maquillaje de final de tubería con actuaciones como el Plan Vertido Cero con el colector norte, retirada de algas, dragados, pruebas con oxigenación, filtradores... Están más centrados en hacer ver a la población que hacen mucho, que en hacer realmente algo eficaz», acusa.

Al margen de la falta de entendimiento entre administraciones, Luengo ve diferencias en las crisis ambientales de Doñana y el Mar Menor: «En Doñana el acuerdo está más centrado en el agua y las superficies de regadío ilegal, que en comparación con el Mar Menor son muchas menos, y no tanto en las consecuencias de la contaminación agrícola», señala.

«Allí los retornos agrícolas los tiran principalmente al río, y por eso no se nota tanto la contaminación. Eso no quiere decir que el problema sea menor o más simple, puesto que con tanto regadío, tanto legal como ilegal, están secando las marismas y contaminando el agua con nitratos y pesticidas», asegura.

«No hay visos de que se quiera resolver por parte de la Comunidad Autónoma el gravísimo problema que empuja al Mar Menor hacia un destino incierto y muy preocupante», se lamenta la plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor, constituida en 2015 por decenas de personas y asociaciones preocupadas por la degradación de la laguna.

«El Mar Menor necesita de acuerdos sustentados en un profundo conocimiento del ecosistema y de un compromiso para su restauración por parte de las administraciones, sin tener en cuenta el color político. Por esta razón instamos al presidente de la Comunidad y al consejero de Medio Ambiente a que se coordinen con el Ministerio, como han hecho en Andalucía, para lograr su recuperación lo antes posible», proponen.

La coordinación en la gobernanza del Mar Menor es aún más complicada porque todavía no se han constituido los dos principales órganos colegiados en los que comparten responsabilidades las administraciones nacional, regional y local: Comisión Interadministrativa y Consejo del Mar Menor, ambos contemplados en la ley de recuperación y protección aprobada en julio de 2021.

En ambos casos, corresponde al Gobierno autónomo ponerlos en marcha.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, acordaron reactivar la Comisión Interadministrativa en una reunión telemática celebrada el 5 de mayo. «Sobre el retraso, esa respuesta no nos corresponde a nosotros, sino a la administración facultada para ello. Hay lentitud en los informes ambientales y los trámites podrían agilizarse de existir un verdadero compromiso por parte del Gobierno regional», responde el Ministerio a LA VERDAD.

El Gobierno regional se defiende: «Hay constituidos cinco grupos de trabajo para escuchar a todos los organismos implicados y afectados y adoptar cuantas medidas han sido necesarias para la recuperación del Mar Menor. En ellas tienen participación las tres administraciones», replica a este diario una portavoz oficial, que se refiere en concreto al Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor (2016), «que se ha reunido en 27 sesiones, y además cuenta con cinco grupos de trabajo que se han reunido en 78 ocasiones»; la Comisión Interdepartamental para el Mar Menor (2017), «que ha mantenido 64 reuniones»; el Comité de Participación Social, «que asume las funciones atribuidas al Consejo del Mar Menor»; la Comisión Técnica Interadministrativa; y el Foro Político de Coordinación Administrativa, «órganos que asumen las funciones de la Comisión Interadministrativa».

«No obstante, ahora que el Gobierno regional está plenamente operativo, va a completar la tramitación de los decretos de esos dos órganos [Comisión Interadministrativa y Consejo del Mar Menor], para su aprobación».

En cuanto a la colaboración con el Estado, «la predisposición de la Comunidad ha sido permanente», asegura el Gobierno regional, «y pese a la disparidad de criterios siempre hemos creído que el consenso debería marcar el camino. Pero lamentablemente, nunca se obtuvo la respuesta que esperábamos y la realidad es que el Gobierno de España prefirió continuar en el enfrentamiento».

El Ejecutivo autónomo también reprocha los «ataques en prensa y redes sociales» de Teresa Ribera y Hugo Morán. «¡Espabílense!», clamó el secretario de Estado a la Comunidad el pasado 28 de septiembre desde su cuenta en X –antes Twitter–.