Medio Ambiente no asumirá el trámite exprés para las fotovoltaicas del Ministerio
El sector de las energías renovables advierte de que el Miteco agiliza las grandes plantas mientras la Comunidad retrasa la tramitación de los pequeños huertos solares
La emergencia climática, la crisis económica, la guerra de Putin en Ucrania y el sentido común urgen a acelerar el cambio de modelo energético, pero ... este inevitable proceso de desconexión de los combustibles fósiles marcha de momento a dos velocidades en la Región de Murcia: una vía rápida propuesta por el Gobierno central para estimular la construcción de grandes plantas fotovoltaicas y un camino más lento y en teoría con mayores garantías ambientales, para huertos solares medianos y pequeños, que tutela la Administración regional. El sector de las renovables advierte de que esta doble normativa es un «sinsentido» que beneficiará a los grandes grupos y fondos de inversión en perjuicio del tejido económico local.
El último consejo de ministros del mes de marzo colocó a la Comunidad Autónoma ante una encrucijada fotovoltaica: aprobó un decreto que elimina la obligatoriedad del procedimiento completo de evaluación ambiental, con algunos condicionantes, para plantas solares de entre 50 y 150 megavatios de potencia –entre 100 y 300 hectáreas de extensión–, que por sus dimensiones quedan bajo competencia estatal.
Las instalaciones cuya autorización depende del Ejecutivo autónomo, de hasta 50 MW, afrontarían una tramitación mucho más larga, a no ser que se modifique la legislación autonómica para adaptarla al nuevo patrón y aligerar así la burocracia.
Algo que no va a suceder, asegura a LA VERDAD el Gobierno regional:«Este procedimiento supone una desprotección medioambiental inaudita en Europa y no se va a exponer a los funcionarios a que tengan que informar a ciegas un proyecto de fotovoltaica sin tener en cuenta los informes oficiales y la opinión de los interesados», argumenta.
Esta nueva fórmula acelerada afecta a trece proyectos actualmente en tramitación en la Región, de los 21 bajo la competencia del Estado. Los ocho restantes sí estarían obligados a realizar la evaluación ambiental completa porque su potencia supera los 150 MW. La Consejería de Empleo, Empresa, Universidades y Portavocía tiene sobre la mesa un total de 208 propuestas, 187 de ellas de menos de 50 MW.
Zonas de «sensibilidad baja»
La Comunidad Autónoma cuestiona la eximente de evaluación ambiental, la diligencia más farragosa en este tipo de autorizaciones, por parte del Miteco para plantas planteadas en zonas de «sensibilidad baja y moderada». Es decir, que no estén situadas en espacios protegidos de la Red Natura 2000, de acuerdo con la guía 'Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables', elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Otra condición para eludir el trámite ambiental completo es la longitud de la línea de evacuación hasta la conexión con la red eléctrica: el tendido no debe superar los quince kilómetros.
Estos argumentos no convencen sin embargo al Gobierno regional, que ya ha manifestado su negativa a modificar su normativa para incluir este procedimiento exprés en una reciente reunión de coordinación celebrada en el Ministerio, en la que Galicia, Andalucía, Baleares, Madrid y Castilla y León también se habrían pronunciado en este mismo sentido.
El Gobierno central, en su pretensión de abaratar el recibo de la luz en el corto plazo y reducir emisiones contaminantes en el medio y largo, propone un informe ambiental «sin consulta a las administraciones ni a los interesados. Únicamente, una vez realizada una propuesta, consultan a las comunidades autónomas, al órgano con competencia en medio natural. Si no contestan en diez días consideran el silencio como positivo», se queja el Ejecutivo regional.
El Gobierno regional califica el decreto de aceleración del Miteco como «una desprotección medioambiental inaudita»
«Insistimos en lo dicho hace unas semanas, resulta sorprendente que el Gobierno de España haya adoptado esta posición de rebajar la protección ambiental y las garantías establecidas», proclama la Comunidad.
Expertos consultados por este diario consideran que, con esta simplificación normativa, las instalaciones fotovoltaicas de gran tamaño pueden tener vía libre en un plazo de seis meses. «Van a volar», señalan fuentes del sector. Y por el contrario, los huertos solares de potencia inferior a 50 MW seguirán condicionados por unas exigencias ambientales que alargan su recorrido burocrático incluso durante años.
En la propia Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente son conscientes del tapón administrativo, con más de 2.000 expedientes sin resolver por falta de personal –entre ellos los de plantas fotovoltaicas–, como admitió recientemente en una comunicación interna la Dirección General de Medio Ambiente.
Andalucía y Valencia sí aligeran la burocracia
En el sector regional de las energías renovables esperan que la Comunidad Autónoma reaccione para desatascar las autorizaciones pendientes de pequeñas y medianas instalaciones, adaptando su normativa al reciente decreto ministerial, que consideran «un importante paso adelante» para la transición verde.
Ponen como ejemplo a las comunidades de Andalucía y Valencia, donde sus respectivos gobiernos ya están aligerando la burocracia para avanzar en la soberanía energética. La Junta que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) presentó en diciembre pasado un decreto-ley de simplificación administrativa con 300 medidas que inciden especialmente en los parques solares y eólicos. Y la Generalitat que gobierna Ximo Puig (PSOE) ultima una nueva norma autonómica que incluye la apuesta por el hidrógeno renovable.
«Navarra y Extremadura también avanzan en esta línea», advierten los empresarios de energías limpias, que inciden además en que «nuestra competencia no son solo las regiones vecinas, sino países como Italia y Portugal, que están captando inversiones gracias a su normativa más flexible».
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