Por qué un lince cuesta 6.000 euros en Murcia y 90.000 en Albacete

El valor que se aplica a las diferentes especies no solo es distinto entre territorios fronterizos, como Murcia y Albacete o Andalucía, sino que además está desfasado. De hecho, en numerosas comunidades aún se refleja legalmente en pesetas. Es el caso de la Región, donde se aplica una orden de 1988 y la Ley de Fauna Silvestre de 1995. También se recoge en la antigua moneda en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Madrid, Navarra y País Vasco. Aragón y Galicia ni siquiera contemplan en sus normativas autonómicas el coste de las especies protegidas.

«En España no existe una normativa estatal básica que establezca la valoración de especies en función de un baremo económico uniforme y que permita tanto establecer el importe de la responsabilidad patrimonial en caso de atentado a las especies de fauna, como las sanciones administrativas o penales que corresponda imponer», explica a LA VERDAD David de la Bodega, responsable del Programa Legal de la organización científica y conservacionista SEO/BirdLife. «Sí existen algunas normas autonómicas que incluyen la valoración económica de especies protegidas, pero ni se refieren al mismo ámbito de especies, ni se pueden calificar como homogéneas, existiendo espectaculares disparidades de valoración», añade.

Por este motivo, la entidad científica propone una metodología que actualice la valoración de la fauna protegida en caso de agresiones y fije un coste homogéneo en todo el país.

La metodología que plantea SEO/BirdLife, desarrollada en el marco del proyecto Life Guardianes de la Naturaleza, se basa en una fórmula matemática que parte de un coste base para todas las especies de 300 euros, que es el precio mínimo que se establece por los gastos derivados de la investigación de la infracción. A esa cantidad se suman una serie de criterios correctores referidos al nivel de protección –situación crítica, en peligro de extinción, vulnerable...–. El método también tiene en cuenta si se trata de una especie endémica o no, si afecta a un adulto o a un ejemplar inmaduro y, por último, si el ejemplar ha muerto o solo ha sido herido. También se contempla la posibilidad de añadir otros factores en función del daño producido.

Un ejemplo práctico: con la regla de SEO/BirdLife, la muerte de un ejemplar adulto de águila imperial tendría un coste legal de 213.861 euros. Con la ley en la mano, el valor administrativo de esta gran rapaz en peligro de extinción es ahora de 4.200 euros en la Región de Murcia (700.000 pesetas), de 60.000 euros en Castilla-La Mancha, de 30.000 euros en Andalucía y de solo 3.000 euros en el País Vasco.

Otro caso: una tórtola común o europea costaría 18.098 euros, mientras que actualmente en Murcia se valora en 90 euros (15.000 pesetas). Paradójicamente, en la Región sale más caro matar una tórtola turca, especie invasora (30.000 pesetas), que una autóctona y vulnerable tórtola europea.

La lista de la Región de Murcia, sin embargo, es de las más completas de España. Además de la variedad de fauna más relevante en la Comunidad Autónoma, incluye especies como el oso pardo (un millón y medio de pesetas, 9.000 euros al cambio)y otras que ya no están presentes en el territorio regional, como el lobo (500.000 pesetas, o sea 3.000 euros) y la foca monje (un millón y medio de pesetas, 9.000 euros actuales). Las especies más 'baratas' son el conejo y la codorniz (5.000 pesetas), el sapo común (6.000 pesetas) y la perdiz roja (10.000 pesetas).

SEO/BirdLife ha remitido su iniciativa al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que la considere, junto con una propuesta normativa que pueda ser aplicada en todo el territorio nacional.

«El sistema propuesto, por su carácter objetivo y universal, puede ser adoptado en otros países de la Unión Europea», señala David de la Bodega: «El establecimiento de una normativa y criterios homogéneos para valorar el daño producido a la fauna es una cuestión de justicia y equidad. Su adopción a nivel nacional y de la UE garantizaría una misma valoración de las especies y las mismas consecuencias a la hora de imponer sanciones o fijar indemnizaciones por la comisión de actos ilegales contra ellas», argumenta.