La caza de la tórtola se mantiene pese a las advertencias de la Fiscalía y Bruselas

La tórtola común podrá seguir abatiéndose en la Región de Murcia si se aprueba, como es previsible, una propuesta de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente que será debatida este jueves en el Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial. La Administración tiene previsto incluirla como especie cinegética en la orden de vedas de la próxima temporada (2020-2021) pese al expediente de sanción abierto a España por la Comisión Europea y la petición de moratoria por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente cursada en octubre pasado a las comunidades autónomas. El Ministerio Público se apoya en la carta de emplazamiento enviada por Bruselas al Gobierno central por no proteger un ave que se encuentra en grave declive: aunque sus poblaciones han bajado un 40% en todo el país desde 1996 –y un 70% en el continente con respecto a 1980–, aún se siguen cazando cada año cientos de miles de ejemplares. 800.000 en 2017, según datos del Ministerio de Agricultura.

A pesar de las evidencias científicas de su fuerte retroceso en los espacios naturales, la Consejería se resiste a suspender la caza de la tórtola y defiende su gestión de la especie, que califica como la más restrictiva de España –salvo en los casos de País Vasco y Valencia, donde este año ya se han anulado las autorizaciones– porque «supera ampliamente las propuestas de protección realizadas por el resto de comunidades y el propio Ministerio».

Medio Ambiente ha reducido en los últimos años la caza de la tórtola común o europea, que se practica entre finales de agosto y principios de septiembre, durante el periodo de media veda. También el cupo de ejemplares que puede cobrar cada cazador. Si en la presente temporada aprobó cuatro jornadas cinegéticas con ocho tórtolas por persona, que en agosto redujo a tres días y cinco aves tras la apertura del expediente sancionador por parte de Bruselas, para el curso próximo (2020-2021) ha previsto solo dos días –30 de agosto y 6 de septiembre, y solo la primera de estas fechas en el caso de los montes públicos– y únicamente cuatro tórtolas por escopeta.

Gracias a estas limitaciones, la presión cinegética sobre esta especie se ha reducido en un 85%, defiende el Gobierno regional, que aporta a LA VERDAD datos estadísticos: si en la temporada cinegética 2012-2013 se abatieron más de 190.000 ejemplares, en la pasada –con datos provisionales– solo 7.161. En el año 2015 aún se autorizaban doce jornadas cinegéticas y diez ejemplares por cazador.

¿Cuántas tórtolas llegan a la Región en primavera desde sus zonas de invernada del norte de África? Según datos de la Comunidad Autónoma, entre 41.000 y 104.887 ejemplares, de acuerdo con los diferentes sistemas de estimación, con una población potencial máxima de 210.446. El Gobierno regional admite que estos censos no son fiables y aventura que, «por los transectos y observaciones realizadas en 2019, la población ha aumentado respecto a años anteriores».

La postura de la Región de Murcia se alinea con la de otras comunidades –Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, Aragón, Madrid y las Islas Baleares– y el Gobierno central, que la semana pasada contestó a la carta de emplazamiento enviada por la Comisión Europea: no a una moratoria, porque mantiene que la caza no es el principal motivo del declive de la tórtola común –'vulnerable' según la lista roja de especies amenazadas de la UICN y 'casi amenazada' en la lista roja de aves de la UE– y sí a medidas de conservación, como mejora de los hábitats y un «plan de caza sostenible» que implica una reducción del 50% de las capturas anuales hasta la temporada 2023-2024.

Los cazadores defienden su actividad como un factor que favorece la conservación de la tórtola, por el aporte de alimento y agua en los cotos cinegéticos, y cuestionan los efectos positivos de una suspensión de las autorizaciones: «Existen casos como en Inglaterra, donde se dejó de cazar hace 10 años y sus poblaciones han seguido decayendo en más del 80%», señala la Federación de Caza de la Región.

A juicio de la Asociación de Naturalistas del Sureste, «seguir permitiendo la caza de la tórtola en media veda constituye una irresponsabilidad que raya la temeridad. Se está tramitando la protección de la especie como consecuencia de la carta de emplazamiento de la Comisión Europea y la propia Fiscalía ha requerido a los gobiernos que no permitan su caza. En este contexto, el Gobierno regional vuelve a someterse, a pesar de los riesgos económicos y jurídicos, para satisfacer sin tapujos los caprichos del sector cinegético», mantiene el biólogo de ANSE Jorge Sánchez.

La Consejería asegura que no ha recibido la carta de la Fiscalía y niega presiones del sector, aunque el técnico que firma el informe favorable a que la tórtola se siga abatiendo en la Región participó este año en la creación de una asociación cinegética junto al presidente y al expresidente de la Federación de Caza, entre otros: Acomur, que agrupa a propietarios de terrenos y titulares de cotos. «No pertenece a la directiva, tiene una relación de colaboración por la que paga una cuota de cinco euros y no es cazador ni tiene ningún coto de caza», alega un portavoz de la Comunidad.

El informe lleva también la firma del subdirector general de Política Forestal y Caza, Juan De Dios Cabezas, quien avala sus conclusiones y defiende la objetividad y el rigor técnico del documento.