ANSE alega dos defectos legales para que la Comunidad renuncie a Cabo Cope
Los ecologistas advierten de que la jefa de los servicios jurídicos que firmó el informe del retracto fue destituida por sentencia judicial
La batalla legal por la propiedad de Cabo Cope se alarga. La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que compró en marzo de 2020 a la Sareb el espacio protegido en el litoral de Águilas por 500.000 euros, ha pedido a la Comunidad Autónoma que renuncie al ejercicio del derecho de tanteo y retracto que inició para hacerse con la propiedad del emblemático enclave natural tras conocer la adquisición por parte de los ecologistas. Después de más de un año sin llegar a un acuerdo, ANSE alega dos defectos de forma para que se paralice el proceso.
Uno de ellos es precisamente el tiempo transcurrido sin que se haya podido alcanzar un entendimiento. Según el artículo 40.2 de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que esgrimen los ecologistas, el plazo máximo para ejecutar el derecho de retracto es un ejercicio económico, período que ya se habría superado. La Administración regional anunció en mayo de 2020 que ejercería su derecho a quedarse con Cabo Cope por tratarse de un espacio protegido, como contempla la normativa ambiental vigente, abonando a la Fundación ANSE los gastos ocasionados. Pero ya han pasado quince meses y la situación no ha cambiado desde que los conservacionistas decidieran comprar al 'banco malo' las 270 hectáreas más valiosas del Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre.
El segundo error legal que denuncian los ecologistas tiene que ver con el informe oficial sobre los gastos que deben reembolsarse a ANSE por parte de la Comunidad. Ese documento fue firmado por la jefa de los servicios jurídicos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, María Dolores Matencio López-Bermejo, cuyo nombramiento fue declarado nulo en abril pasado por una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número Cuatro de Murcia.
Para ANSE, que la firmante de ese estudio jurídico fuese destituida por orden judicial es motivo suficiente para anular el proceso emprendido por el Ejecutivo autonómico. María Dolores Matencio López-Bermejo fue nombrada en comisión de servicio por una orden de la Consejería, pero los sindicatos interpusieron una demanda porque no se dio difusión a la provisión de ese puesto ni se concedió la oportunidad de concurrir a él a otros empleados públicos.
Tras subsanarse este fallo con la publicación en el portal del empleado, María Dolores Matencio López-Bermejo sigue ejerciendo como jefa de los servicios jurídicos desde el 3 de junio aunque de manera provisional, informa a LA VERDAD la Consejería, «ya que el nombramiento definitivo se realizará tras la convocatoria de puestos de libre designación, que tiene pendiente convocar Función Pública. Ella podría presentarse o no, al igual que se podrá presentar cualquier persona, y se designará el nombramiento definitivo», aclara el Gobierno regional.
Ya se habría superado el plazo máximo de un ejercicio económico para que el Gobierno regional se haga con la propiedad
Campaña de donaciones
La Asociación de Naturalistas del Sureste no ha recibido aún respuesta al escrito que envió hace unas semanas a la Dirección General de Patrimonio, una iniciativa con la que tiene la esperanza de retener la propiedad de Cabo Cope una vez que no ha sido posible ponerse de acuerdo para ceder la titularidad del peñón calizo. ANSE señala también en su carta a la Comunidad que esta situación le está ocasionando graves perjuicios económicos, por la paralización de la campaña de donaciones con la que esperaba cubrir el préstamo bancario con el que han comprado Cabo Cope.
Los ecologistas no lo pusieron fácil desde el principio para renunciar al Cabezo de Cope: exigieron al Gobierno regional participar en la gestión del espacio natural; que se protegieran varias fincas incluidas en la transacción que están fuera del parque; aprobar el plan de ordenación de parque regional; y recibir la totalidad de los gastos ocasionados, entre ellos los invertidos en una campaña de comunicación y las costas bancarias.
Pero la Comunidad solo consideró necesario devolver a ANSE los gastos de registro y notaría, por lo que los ecologistas se han negado dos veces a firmar la entrega de Cabo Cope a la Administración regional, que en abril pasado anunció una demanda civil contra la Asociación de Naturalistas del Sureste. ANSE, por su parte, respondió en mayo con un contencioso administrativo y este mismo verano ha solicitado la nulidad de las actuaciones.
El conflicto jurídico en torno a Cabo Cope, que se inició hace casi cincuenta años cuando Hidroeléctrica Española (actual Iberdrola) quiso instalar a sus pies una central nuclear y continuó hace dos décadas con el frustrado 'resort' turístico Marina de Cope, aún no ha escrito su último capítulo.
