https://static.laverdad.es/www/menu/img/lospiesenlatierra-desktop.jpg

Divorcio en el Comité Científico del Mar Menor

El director general Antonio Luengo y el consejero Javier Celdrán en una de las últimas reuniones del comité científico./Nacho García / AGM
El director general Antonio Luengo y el consejero Javier Celdrán en una de las últimas reuniones del comité científico. / Nacho García / AGM

Tres investigadoras dimiten tras enviar a la Consejería una carta firmada por once miembros en la que exigen transparencia y más autonomía

Miguel Ángel Ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

El Mar Menor es un campo de minas donde la explosión sorprende en cualquier esquina. Disputas políticas, investigaciones judiciales, agricultores señalados como culpables principales, protestas vecinales y sobre todo el reproche social por tantas décadas de dejadez han sido las consecuencias más notorias de la grave crisis ecológica que ha arrebatado a la laguna buena parte de sus valores naturales desde que se desató el episodio de eutrofización de sus aguas hace ahora dos años. La tan mediática 'sopa verde'. Pero el último conflicto ha estallado en el Comité de Asesoramiento Científico, el grupo de expertos creado en julio de 2016 por la Comunidad Autónoma para que le orientase en la recuperación del humedal.

Las diferencias entre algunos de sus integrantes y en general con el Gobierno regional no eran ningún secreto, pero la relación se ha hecho tan complicada que tres de sus miembros han dimitido en los últimos días después de enviar un manifiesto muy crítico a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente que firman once de los investigadores del comité.

Así lo ven

Rosa Gómez Cerezo (Universidad de Murcia):
«Nos sentimos utilizados; solo difunden nuestras conclusiones si coinciden con sus intereses».
Paqui Giménez Casalduero (Universidad de Alicante):
«Utilizar la claridad del agua como indicador de la recuperación es muy poco científico».
Julia Martínez (Fundación Nueva Cultura del Agua):
«No tenemos capacidad ni de convocar reuniones».

Las tres dimisionarias son Rosa Gómez Cerezo -profesora del Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia-, Paqui Giménez Casalduero -profesora del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante- y Julia Martínez -directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua y miembro del Observatorio de la Sostenibilidad de la Región-. La renuncia del profesor de Ecología de la UMU Miguel Ángel Esteve también es inminente, según ha admitido él mismo a 'La Verdad'. Y otros siete científicos firman junto con estos cuatro críticos una dura carta en la que reclaman más autonomía para el comité, una definición clara de sus funciones y una mayor transparencia por parte de la Comunidad Autónoma.

«Esto parece el comité asesor de la Señorita Pepis», critica Julia Martínez

En minoría

Estos once investigadores -siete de los cuales prefieren que no trascienda su nombre, bien porque pertenecen a la Administración o porque confían en una reformulación de este órgano asesor- suponen «más del 80%» de los científicos del comité, calculan ellos mismos, porque la mayor parte de sus casi sesenta miembros proceden de la propia estructura técnica de las diferentes consejerías. Esta es precisamente una de las quejas que plantean en su escrito: su situación de minoría frente a un cuerpo de funcionarios, lo que ofrece una sensación de falsa unanimidad en torno a decisiones de la Consejería que no contarían con el apoyo del plenario del comité. O al menos de los principales expertos.

«Nos sentimos utilizados: cuando nuestras conclusiones coinciden con los intereses del Gobierno regional, se difunden a bombo y platillo; cuando discrepamos o no les gustan, simplemente no existen», resume Rosa Gómez.

«No tenemos capacidad de convocar reuniones; cuando nos reunimos se minimizan los debates científicos, incluso nos meten prisa para que terminemos y pasemos a otro tema; ni siquiera nos proporcionan un listado actualizado de los miembros del comité pese a haberlo pedido; los informes que hay que discutir nos llegan con 24 horas de antelación y otros directamente ni los recibimos», se quejan Rosa Gómez, Paqui Giménez Casalduero y Julia Martínez, quienes en general se sienten «despreciadas como científicas y tratadas como si fuéramos menores de edad. ¿Para qué molestarnos si no nos hacen ni caso?», se preguntan. «Esto parece el comité asesor de la Señorita Pepis», incide Julia Martínez.

Más reproches: actuaciones del Gobierno regional «que no son evaluadas por el comité y se realizan sin su valoración y aprobación explícita, aunque a la opinión pública trascienda generalmente que se cuenta con su apoyo». Un ejemplo: el decreto-ley de medidas urgentes para la sostenibilidad de la agricultura en el entorno del Mar Menor.

«Utilizar una y otra vez la claridad del agua como indicador de la recuperación del Mar Menor es muy poco científico», denuncia Paqui Giménez. «Eso es como si se le pega fuego a Sierra Espuña y cuando se acaba el humo nos creemos que se ha resuelto el problema», ilustra.

La carta que firman once investigadores se ampara en el Código de Buenas Prácticas de Comités de Asesoramiento Científico elaborado por el Gobierno de Reino Unido y en la metodología que rige estos órganos en Europa para exigir una preponderancia de investigadores en su composición; definición de funciones, protocolos y responsabilidades; y autonomía y capacidad de informar de forma directa a la sociedad, entre otros cambios.

«Esto me duele, vamos a hablar con ellas»

El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, aún confía en reconducir la crisis del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. «Esto me duele, vamos a hablar con ellas, el director general Antonio Luengo y yo mismo, para tratar de que reconsideren su decisión», asegura a 'La Verdad'. Celdrán considera que «entra dentro de lo normal» la discrepancia científica o política, pero ve desproporcionada una renuncia que «resta conocimiento» al reto de recuperar la laguna.

Tampoco cree justificada la salida del Comité de Participación Social de las organizaciones ecologistas y vecinales, que anunciaron «de un día para otro sin hablarlo previamente con nosotros», se queja.

«Quizá nos hayamos equivocado en algunas cosas», admite, «y se puedan reformular algunos puntos del funcionamiento del comité», explica, «pero debe quedar claro cuál es el papel de cada uno. Los científicos están para asesorarnos y ayudarnos sobre lo que hay que hacer, pero las decisiones finales las tomamos nosotros, esa es nuestra responsabilidad», advierte.

El consejero pone como ejemplo el experimento de la araña finlandesa, la polémica draga para extraer fangos «que se probó de forma responsable en cuatro zonas y que ya sabemos dónde puede ser útil y dónde no debe utilizarse», recuerda.

Este método fue objeto de controversia porque un informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) apreció daños en la pradera sumergida, conclusiones de las que discrepó la Consejería amparándose en las recomendaciones de otros investigadores del comité científico.

Celdrán cree que el conjunto de las medidas puestas en marcha por la Comunidad Autónoma en los dos últimos años demuestra el compromiso del Gobierno regional por dar respuesta a «una crisis sin precedentes» ante la que se actuó «con celeridad y responsabilidad», aunque «los resultados no pueden ser más rápidos pese a la presión social que nos obliga a tomar decisiones cada día», concluye.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos