Los papeles del divorcio del Brexit

3,2 millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE) residen en Reino Unido y 1,2 millones de británicos, en países del club. Sus derechos (a vivir, trabajar, estudiar o recibir asistencia sanitaria) quedan blindados. Tanto para ellos como para sus familias aunque ahora no residan juntos (cónyuges, parejas de hecho registradas, padres, abuelos, hijos o nietos) e incluso aunque no cuenten con la residencia permanente por no llevar más de cinco años en ese país. Finalizado el tiempo de interinidad los nuevos residentes quedarán supeditados a lo que fije la normativa británica. No habrá libre circulación. Las condiciones básicas para obtener la ciudadanía ya exigen hoy tener contrato o ser trabajador por cuenta propia, disponer de recursos suficientes, seguro de enfermedad, o estar bajo el paraguas de un familiar que cumple con esos requisitos.

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) seguirá siendo referencia para Reino Unido hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre cualquier procedimiento que se abra antes de diciembre de 2020. Además, dentro de los cuatro años siguientes, la Comisión puede presentar ante el TJUE nuevos casos de infracción contra ese país (y viceversa) si los hechos denunciados se sucedieron en la fase transitoria. Desde la derivada administrativa, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá también abrir nuevas investigaciones contra Londres hasta 2024.

Finaliza el 31 de diciembre de 2020 -coincide con el último presupuesto plurianual de la UE, el 2014-2020-, 21 meses después del 29 de marzo. Pero desde esta última fecha, la de la ruptura formal, aunque Reino Unido seguirá en la unión aduanera de la UE y en el mercado único (con las cuatro libertades) y en todas las políticas comunitarias, ni estará representada en las instituciones, agencias y organismos del club, ni participará en reuniones de grupos de Estados miembros. Tendrá, en suma, todas las obligaciones (y eso incluye las económicas), pero sin voz ni voto. Un comité bilateral decidiría sobre la posibilidad de extender el período de transición el 1 de julio de 2020. No hay tope fijado. Pero seguiría siendo tercer Estado.

     

Londres adquirió compromisos con el resto de socios antes del 'Brexit' y tiene que cumplir. Tendrá que liquidar una factura superior a los 45.000 millones de euros. Es una estimación. El acuerdo tampoco concreta en este punto. Se basa en la fórmula de cálculo aprobada el pasado año y que incluye las contribuciones que Londres seguirá haciendo a los presupuestos comunitarios de 2019 y 2020. ¿Cuándo dejará de pagar? Hasta saldar el último pasivo. ¿Y si se alarga la transitoriedad? El citado comité UE-UK pactará nuevas aportaciones.

     

El llamado 'backstop' o solución de emergencia se ha resuelto adentrándose en el terreno de la futura relación bilateral. Se trata de un 'por si acaso'. «La fórmula está destinada a no ser utilizada porque nuestro objetivo sigue siendo alcanzar un nuevo acuerdo entre la UE y Reino Unido antes del final de la transición», aseguró el negociador Michel Barnier. Se activaría solo si no se consigue alcanzar ese escenario y con el objetivo de evitar una frontera dura en la isla de Irlanda.

De entrada se acepta que Reino Unido quede en la unión aduanera (que no en el mercado interior, que conlleva movimiento libre de personas, capitales, bienes y servicios) en base a un acuerdo como el que existe, por ejemplo, con Turquía. No habría barreras en la isla. Pero Irlanda del Norte tendría un estatus especial porque quedará muy ligada a las normas del mercado único. Habrá supervisión en los flujos de mercancía, pero menos intrusivos.