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M. Pérez
Miércoles, 11 de junio 2025, 09:02
El Gobierno de Estados Unidos planea el traslado potencial de miles de extranjeros en situación ilegal a la base militar de Guantánamo, en Cuba, en ... un proceso que incluiría a ciudadanos de gobiernos aliados como Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido. La operación tiene como fin aliviar la presión sobre los centros de internamiento repartidos en suelo estadounidense donde el aluvión de redadas comienza a saturar las instalaciones con un número cada vez más alto de migrantes sin papeles a la espera de ser enviados lejos. La idea es que los presos de Guantánamo lo sean durante un tiempo variable –y corto según los documentos filtrados– antes de ser expulsados a sus países de origen.
Trump parece tener prisa por comenzar los vuelos, pero el asunto resulta muy sensible para su Administración. A nivel interno, el plan representa el recurso a una prisión de infausto recuerdo entre los defensores de los derechos civiles, aunque, paradójicamente, muy útil para los objetivos del inquilino de la Casa Blanca de atemorizar a los indocumentados. Respecto a su proyección exterior, puede convertirse en una fuente de conflictos diplomáticos, especialmente con aquellos gobiernos con los que hasta ahora EE UU ha funcionado sin problemas en la organización de deportaciones. La oposición italiana ha sido la primera en reaccionar y califica de «indecente» encerrar a civiles en un campo famoso por las denuncias de torturas.
Ningún departamento quisó ayer referirse a la información destapada por 'Público' y 'The Washington Post', según la cual, 9.000 personas están en lista de espera para ser trasladadas al lugar de detención con peor reputación del país, utilizado en el pasado para encerrar bajo condiciones dudosas a presuntos terroristas yihadistas. Los nominados serían sometidos en breve a exámenes médicos. Muchos son de origen haitiano. El digital 'Político' ha precisado que en este cupo se incluyen 800 europeos. Hay un austriaco, 100 rumanos y 170 rusos.
Algunos diplomáticos continúan abogando por deportar 'puerta a puerta' a los naturales de los países aliados sin pasar por el complejo cubano para no generar conflictos. Todavía no está claro que su petición vaya a aceptarse y ni tan siquiera que el Departamento de Inmigración notifique a los gobiernos extranjeros donde se encuentran los arrestados durante los trámites.
La urgencia de Trump está justificada por la presión que ha ejercido sobre el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, para que incremente el número de arrestos de residentes sin papeles. Su asesor, Stephen Miller, alentó el lunes a los miembros de la agencia a fijar un cupo diario de 3.000 detenciones y estableció como listón la aprehensión de un millón de migrantes al año. Tal número de redadas requiere mucho espacio. La mayoría de los centros de internamiento disponen de menos de 800 plazas y muchos no alcanzan las 350 camas. No eran necesarias tantas literas antes de la llegada de Trump.
El mapa de los clandestinos
Los Ángeles, la ciudad californiana que primero se ha revuelto contra la nueva política antiinmigración, sigue siendo escenario de operaciones del Gobierno en grandes almacenes, obras de construcción y empresas textiles en busca de migrantes. El ICE ha reordenado los horarios de sus empleados para que haya equipos registrando lugares y practicando detenciones los siete días de la semana en todo el país. Y ha pedido a los estadounidenses –residan en una ciudad o en una pequeña población– que denuncien a los vecinos extranjeros que carezcan de papeles.
Hasta Elon Musk participa indirectamente en esta especie de paroxismo. Una tecnología desarrollada por su departamento cuando él todavía no había discutido con Trump y seguía en la Casa Blanca dota a los agentes de una aplicación móvil que señala en un mapa las zonas en las que se concentra un mayor número de migrantes con órdenes de expulsión pendientes. Todo parece pensando para convertir la detención y deportación en una maquinaria a escala casi industrial.
El presidente anunció en enero, poco después de su investidura, que acondicionaría Guantánamo para retener allí a 30.000 personas. La zona destinada a inmigración está separada de las celdas de los terroristas, pero aún así intimida mucho. Trump quiere utilizar la tétrica sombra del recinto alambrado –sometido a un vacío legal que propició numerosas denuncias por torturas en lo más álgido de la lucha contra el terrorismo integrista– para amedrentar a los clandestinos y disuadir a quienes pretenden cruzar ilegalmente la frontera.
Después de enviar a cientos de latinoamericanos a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador –la mayoría venezolanos y no siempre con la garantía de que fueran delincuentes–, los extranjeros sobre los que ahora Washington pone la lupa proceden de un amplio número de destinos. Los europeos son minoría, pero según la información que ha obtenido 'The Washington Post', figuran oriundos del Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Lituania, Polonia y Turquía. El procedimiento no se detendría siquiera con refugiados huidos de zonas de conflicto como Haití.
Británicos en las celdas
Todavía se desconoce si la Administración republicana informaría a los respectivos gobiernos cada vez que uno de sus naturales acabara en Guantánamo, aunque los funcionarios de la Casa Blanca que han filtrado los datos lo creen poco probable. Y eso choca con los intereses del Departamento de Estado, lo que podría retrasar o modificar el operativo ante su negativa a encarar disputas con naciones amigas.
No sería, en cualquier caso, la primera vez que un europeo pisara las celdas de la base caribeña. Por ejemplo, dieciocho ciudadanos con nacionalidad británica o residencia en el Reino Unido ya permanecieron encerrados durante los primeros años de funcionamiento hasta que Londres decidió repatriarles en 2004.
Ahora mismo hay decenas de personas en espera de su expulsión en las tiendas de campaña de Guantánamo. El Departamento de Estado ha confirmado el envío de «extranjeros ilegales» a estas instalaciones, cuyo porvenir depende de un tribunal después de que una unión de derechos civiles denunciara setenta casos de condiciones precarias de higiene.
La base naval cuenta con 112 kilómetros cuadrados. Bush la acondicionó como lugar de detención en su lucha contra el «terrorismo global» y a partir del 11-S se convirtió en una prisión que llegó a tener 780 detenidos por su vinculación con el yihadismo. Aunque Joe Biden prometió cerrar el lugar por su elevado coste y oscuro pasado, no llegó a hacerlo. Situada a 320 kilómetros de Haití, habilitó una zona con el fin de recibir a los haitianos que escapaban del horror de las bandas.
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