Los caminos de la revolución digital
Las dos superpotencias han elegido caminos distintos para competir en la revolución digital. En China es el Estado, al servicio del Partido Comunista, quien orienta ... y controla las consecuencias económicas, empresariales, sociales y políticas de la innovación en Inteligencia Artificial. Estados Unidos, por su parte, impulsa el sector privado para que lidere el cambio tecnológico, aunque pasando por alto la aplicación de normas de libre competencia. A pesar de los enormes apoyos federales a las empresas del sector, la tendencia es minimizar la creación de reglas del juego. Los recursos del Estado, además de subsidiar grandes proyectos, se destinan a fomentar la inversión privada y a quitar obstáculos que puedan venir de distintos órganos reguladores.
Un buen ejemplo de esta mentalidad libertaria, muy presente en el segundo mandato de Donald Trump, ha sido el intento de prohibir durante diez años la regulación estatal en esta materia. Se trataba de una medida impulsada por algunas empresas líderes en el sector. El Senado, casi por unanimidad, ha frenado el intento amparado por la Casa Blanca de que no haya leyes que protejan la privacidad y la infancia, luchen contra la desinformación o protejan la seguridad ciudadana frente a los vehículos autónomos.
El segundo frente de esta campaña para frenar la aparición de reglas del juego exigentes es el choque con la regulación en otros países donde ofrecen sus servicios las empresas estadounidenses. En la negociación con Canadá sobre un nuevo marco de relaciones económicas, Trump ha conseguido que su vecino elimine las normas fiscales a las tecnológicas. Es un aviso a los europeos, que negocian contra reloj un acuerdo comercial para frenar los grandes aranceles anunciados en el llamado 'Día de la liberación'.
Las normas de la Unión Europea sobre servicios digitales están en el punto de mira de Washington. JD Vance abrió la veda el año pasado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, al advertir que en Europa no se protegía de modo suficiente la libertad de expresión de los partidos de extrema derecha, incluyendo sus opiniones en las redes sociales. Hace unos meses en la reunión en la cumbre París sobre el futuro de la tecnología digital, insistió que el Derecho comunitario en esa materia provocaba la «censura autoritaria», e impedía la innovación. Pero los negociadores europeos no están dispuestos a plegarse como lo ha hecho Canadá y, posiblemente, lo haga el Reino Unido. Este convencimiento de que la buena regulación defiende valores humanos básicos puede tener un coste a corto plazo, pero también presenta una visión occidental alternativa a la que hoy proyecta Washington.
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