Al-Bashir confiesa haber recibido 81 millones de euros de Arabia Saudí

Al-Bashir escucha las acusaciones en su contra desde una celda instalada en el tribunal. /EFE
Al-Bashir escucha las acusaciones en su contra desde una celda instalada en el tribunal. / EFE

La Justicia sudanesa inicia el juicio contra su expresidente, acusado de corrupción y de la muerte de manifestantes

GERARDO ELORRIAGA

La visión de Omar al-Bashir confinado en una jaula de hierro constituye la imagen más contundente de los cambios que experimenta Sudán. El país africano inició ayer el juicio contra su expresidente, destituido el 11 de abril acusado de cargos por posesión de moneda extranjera, corrupción y tráfico de influencias. La recepción de más de 81 millones de euros procedentes de varias pagos realizados por el fallecido rey Abdallah de Arabia Saudí y el príncipe heredero Mohamen bin Salman fue la acusación más grave. Esta afirmación, realizada por un detective, es fruto del registro de su residencia, en la que se encontraron, según las declaraciones de los agentes, sacos de grano llenos de dinero.

El dirigente caído en desgracia no rechazó las acusaciones en el primer día de su procesamiento. El reo apareció vestido con el característico turbante y la túnica blanca con la que arengaba a las masas y se limitó a saludar a los seguidores presentes en la sala. Además de los delitos que se le imputan, el antiguo jefe de Estado también es implicado oficialmente en la muerte de manifestantes durante las protestas contra su Gobierno y existe otra investigación por blanqueo.

Difícil apertura política

El inicio del juicio contra Al-Bashir coincide con la puesta en marcha del acuerdo entre la Junta Militar, que controla el poder desde el golpe de Estado, y la oposición. La paradoja de esta situación es que los dirigentes castrenses formaron parte de la camarilla del preso y fueron partícipes de su política. Una investigación en profundidad desvelaría, sin duda, conexiones entre miembros del nuevo régimen y las enormes violaciones de derechos humanos llevadas a cabo durante tres décadas de mandato. Esa posibilidad podría amenazar la apertura de la política sudanesa y el peligro no resulta tan sólo teórico, ya que el fiscal general ha pedido un informe sobre las propiedades de antiguos altos funcionarios.

El apoyo al proceso de democratización de Sudán, un país de torturada historia, parece la razón de que las potencias no se hayan sumado a las peticiones de aquellas ONG que reclaman la entrega de Al-Bashir al Tribunal Penal Internacional. Human Rights Watch y Amnistía Internacional siguen solicitando que sea enviado a La Haya, que ha requerido su captura por la comisión de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.