El Supremo cuestiona la legalidad de los aranceles globales de Trump

Durante casi tres horas de debate, tanto los jueces conservadores -algunos nombrados por Trump- como los progresistas, cuestionaron los poderes presidenciales que el expresidente ha invocado bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley de 1977 concebida para emergencias nacionales, no para rediseñar la política comercial global.

Trump sabe que de esta decisión depende la herramienta de presión internacional más importante que tiene, por lo que incluso barajó la idea de acudir personalmente a la audiencia, algo que acabó desestimando en pro de la normalidad. El jefe de los abogados del Gobierno, el procurador general John Sauer, defendió con un verbo acelerado que se trata de «aranceles regulatorios, no recaudatorios», algo que el propio presidente contradijo después en un discurso en Miami: «Mis aranceles están trayendo cientos de miles de millones de dólares para ayudar a reducir el déficit este año en más de un 50%», presumió.

La función recaudatoria no puede ser regulada por el ejecutivo sino por el Congreso, de ahí la importancia del matiz. «Usted dice que los aranceles no son impuestos, pero eso es exactamente lo que son», replicó Sonia Sotomayor al fiscal. «Generan dinero de los ciudadanos estadounidenses». La jueza designada por Obama recordó que, pese a que siempre ha habido crisis que resolver, ningún presidente antes de Trump ha utilizado la IEEPA para imponer aranceles, en el medio siglo transcurrido desde su aprobación.

A los conservadores parecía preocuparles, de cara al futuro más la transferencia de poderes que amasa con ello el Ejecutivo, sin posibilidad de que el legislativo los pueda recuperar en el futuro, porque ningún presidente querrá mermar su poder. «¿Qué impide entonces al Congreso abdicar de toda responsabilidad y dejar al presidente declarar guerras o imponer impuestos a voluntad?», planteó el juez Gorsuch, designado por el propio Trump, quien cuestionó el peligro de que el Congreso delegue su poder constitucional sobre el comercio exterior en la Casa Blanca.

Otra voz clave del tribunal, su presidente, John Roberts, estuvo de acuerdo en que la imposición de impuestos «siempre ha sido el núcleo del poder del Congreso» y sugirió que el caso podría resolverse bajo la llamada «doctrina de las grandes cuestiones», una jurisprudencia que el Supremo ha usado para frenar las políticas de alcance económico de otros gobiernos. «Se trata de una autoridad enorme para imponer tarifas sobre cualquier producto, de cualquier país y por cualquier duración. Eso suena a un poder mayor que exige autorización explícita del Congreso», advirtió Roberts.

Si bien todo el tribunal parecía escéptico a los argumentos del Gobierno, los conservadores parecían buscar otras fórmulas que no priven al presidente de la herramienta negociadora que está utilizando en el mundo y de la que dice depender el éxito de su gobierno. Como recordó el abogado Neal Katyal en representación de asociaciones comerciales de pequeños negocios que se oponen a los aranceles, el presidente puede «cruzar la calle» y pedir al Congreso que legisle de acuerdo a sus intereses, pero eso privaría a Trump de la impredecibilidad que tiene como arma negociadora. El juez Samuel Alito sugirió que el presidente podría recurrir a otros estatutos más específicos para justificar parte de sus aranceles, aunque con condiciones más restrictivas y hasta intentó sentar las bases en esa vista para ahorrar tiempo en dirimirlos después.

Y es que a los jueces afines a Trump, como Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, nombrados por él, les preocupa «el caos» que le seguiría si el Supremo anulara los aranceles, dijo Barrett. La magistrada se unió a la presión con sus preguntas sobre los límites del término «regular importaciones» que el fiscal de Trump usa como justificación y pidió ejemplos históricos de que esa frase haya sido interpretada alguna vez como autorización para crear aranceles. Kavanaugh, por su parte, expuso la paradoja de que la ley permita al presidente bloquear totalmente el comercio con otro país, pero no gravarlo parcialmente.

Si el Supremo confirma las sentencias previas que declararon ilegales esas medidas, el Gobierno podría verse obligado a devolver más de 100.000 millones de dólares en reembolsos, según los cálculos de Bloomberg. A pesar de que el tribunal ha aceptado el caso mediante un calendario «ultraacelerado», la audiencia ha dejado material como para que delibere durante semanas. La decisión podría llegar a finales de mes y, ciertamente, antes de que acabe el año, sin que haya fecha para ello.