BBVA recurre ante el Supremo las condiciones del Gobierno a su opa sobre el Sabadell

Moncloa impuso la exigencia de que los dos bancos se mantengan como entidades separadas y con gestión diferenciada durante tres años, prorrogables dos más. Un impacto en el calendario de las sinergias de 850 millones anuales que el banco vasco esperaba obtener. No las eliminaba, pero sí las retrasaba en el tiempo. El caso es que, según confirman fuentes judiciales, BBVA presentó el pasado 15 de julio un recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal contra la resolución del Consejo de Ministros. El banco considera que la actuación del Gobierno genera una situación de «indefensión o perjuicio irreparable», tal y como recoge la legislación que regula los recursos contra las decisiones de la Administración.

Sin afección a la opa en curso

Las mismas fuentes señalan que el recurso no supone ninguna incidencia para la opa, «el proceso sigue su curso», explican. Es más, insisten en que la medida, lejos de entorpecerla, se convierte en un motivo que podría darle más sentido si los jueces ordenan la retirada de las condiciones impuestas por el Ejecutivo.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía, decidió el 22 de junio endurecer las condiciones con las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había aprobado por unanimidad la operación el 30 de abril. Un movimiento controvertido que llegó después de una inédita consulta ciudadana y tras la presión de la Generalitat e instituciones catalanas como la patronal Foment del Treball y los principales sindicatos. Además de partidos como Junts y ERC, claves en la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

La Ley de Defensa de la Competencia contempla la posibilidad de que el Ejecutivo pueda intervenir sobre las condiciones impuestas por la CNMC para proteger el «interés general». En el único precedente que hay, la fusión de 'Antena 3' y 'La Sexta', así lo hizo el Gobierno presidido entonces por Mariano Rajoy, pero para suavizar los requisitos planteados por el supervisor. La interpretación de la norma que siempre ha defendido BBVA es que la acción gubernamental solo puede ser para suavizar las medidas. El propio presidente de la entidad, Carlos Torres, antes de que se conociera la decisión del Gobierno ya advirtió en una entrevista de que podrían recurrir a los tribunales si la actuación de Moncloa optaba por endurecer las condiciones.

Frente legal

La Comisión Europea también ha señalado problemas en la actuación del Gobierno hasta el punto de abrirle un expediente el 17 de junio. Bruselas ve incompatibilidades entre la ley que ha sustentado la actuación de Moncloa y la normativa comunitaria en materia de libertad de establecimiento y de libre circulación de capitales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que la legislación española «casa plenamente» con la europea y «lleva años aplicándose».

BBVA afronta ahora fechas clave tras confirmar el pasado lunes que rechaza una retirada que la legislación le permitía después de que Sabadell aprobara la venta de su filial en Reino Unido, el TSB. A principios de septiembre presentará el folleto definitivo de la opa. Será entonces cuando anuncie también el plazo que ofrece a los 200.000 accionistas del Sabadell para aceptar una oferta que el mercado sigue presionando para que mejore. La acción de BBVA y 0,70 euros por cada 5,3456 títulos del Sabadell que ofrece la entidad vasca sigue cotizando un 7,34% por debajo del valor del banco catalán.

Una decisión que compromete los 850 millones de ahorro que calculó el banco vasco

La cifra de 850 millones en ahorros al año que BBVA calculó que obtendría adquiriendo el Sabadell es una de las claves de una opa que se prolonga más de quince meses. Son sinergias que surgían de una reestructuración de plantillas -por la que se estimaron 300 millones-, así como los 450 millones calculados por una redefinición de la red de oficinas e integración de los sistemas tecnológicos, una de las cuestiones más relevantes. El grueso de los ahorros de la operación se completaban con otros 100 millones en mejoras de financiación.

Pero todas esas cifras quedaron en el aire después de que el 22 de junio el Gobierno de España fijara la exigencia de que ambos bancos se mantengan separados y con gestiones diferenciadas durante un mínimo de tres años, ampliables a cinco, si la opa sale adelante.

El impacto de las sinergias quizás no se reduzca a «cero», como aseguró el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, pero sí ha roto los planes de BBVA. El banco vasco, que antes de conocer la decisión de Moncloa ya vislumbraba un escenario de opa sin fusión, defiende que las sinergias siguen siendo válidas, pero que se retrasarán en el tiempo. Y, a la vez, confirmó el jueves de la semana pasada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está recalculando esos ahorros tras el impacto de las condiciones de Gobierno. Unas exigencias que considera que vulneran la legislación y que recurrió el pasado 15 de julio al Tribunal Supremo.

El tiempo no deja de ser clave en todo proceso de integración corporativa. Cada día que pasa encarece las operaciones y añade riesgos que afectan a la rentabilidad. Elementos que se suman a una opa que BBVA diseñó con el objetivo de cerrar en otoño de 2024.