La revalorización de las pensiones dispara las jubilaciones anticipadas

En la recta final del pasado año, los expedientes de pensiones iniciados en la Comunidad se incrementaron en más de un 150% con respecto al mismo periodo de 2022, según se reflejó en la última sesión de enero de la Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Es un comportamiento que se repite en todo el territorio nacional ante la ventaja de adelantar el retiro, sobre todo en aquellos casos de trabajadores que están en los meses o años previos -hasta dos años antes- a cumplir la edad de jubilación ordinaria.

Al cierre del pasado ejercicio, la estadística de evolución de las altas iniciales de jubilación de pensiones contributivas reflejan que del total de 8.299 registradas en territorio murciano, 3.094 se corresponden con personas de 65 años, que es la edad legal para quienes hayan cotizado más de 37 años y 6 meses. Para los que no llegan a ese periodo, se alarga a los 66 años y 2 meses.

Se trata de un volumen ligeramente superior a los 2.975 contabilizadas un año antes, pero dentro de la tendencia al alza de anteriores ejercicios. Aunque lo más significativo, en relación al anticipo de las jubilaciones, se aprecia en el colectivo de 64 años de edad, puesto que las 611 personas de ese tramo que optaron por esa vía suponen casi un 20% más que las 510 del año 2022.

En suma, se trata de una tasa muy superior a las de anualidades pasadas. «Hubo muchísimas solicitudes justo antes del 31 de diciembre», reconoce a LA VERDAD el secretario de Institucional, Políticas Públicas y Prestaciones Sociales de CC OO-RM, José María López. Indudablemente, porque es evidente que la subida de las pensiones contributivas compensa en muchos casos el potencial recorte por la aplicación de los coeficientes reductores en la jubilación anticipada unos meses antes de la edad legal ordinaria de jubilación.

Además, esta opción es favorable para la amplia mayoría de los potenciales beneficiarios, «ya que no sería operativa para los que cobran pensiones máximas y mínimas», resalta.

Como ya anticipó en un análisis el Instituto BBVA de Pensiones, aunque un trabajador que optara por marcharse en diciembre y tuviera una penalización de un 4% por adelantar 6 meses su edad legal de jubilación, a partir del primer abono de pensión de 2023, en enero, vería compensada la merma por la revalorización de la misma debido al IPC. Por lo tanto, recuperaría todo lo perdido por anticipar la jubilación.

En cualquier caso, a la hora de hacer cálculos, también hay mucha gente que tiene en cuenta la opción de seguir trabajando unos meses más durante 2023 hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, con el fin de salir más beneficiados. Y es que tampoco se puede obviar las rebajas del importe de las prestaciones por los coeficientes reductores aplicables en el caso de adelantos superiores a 18 meses, que alcanzan hasta el 21% en el ejemplo más gravoso (por ejemplo, el caso de 24 meses de adelanto y acreditar menos de 38 años y 6 meses de cotización).

Los cálculos concretos van en función de cada caso. En cualquier caso, la edad legal de jubilación ordinaria se incrementa año tras año, a razón ya de dos meses por cada año transcurrido. A diferencia de otros tiempos, en la actualidad hay muchas dificultades para cumplir con las exigencias de cotizaciones. Y eso lo saben bien las personas contratadas como fijo-discontinuo, que representan un porcentaje muy elevado en los sectores predominantes de la economía en la comunidad. Se trata de un hecho que afectará claramente a la edad mínima de jubilación anticipada voluntaria.

Exactamente, para tener derecho a cobrar como importe de pensión de jubilación el 100% de la base reguladora con la que se determina la misma, el trabajador debe haber cotizado un mínimo de años. Por lo que, quienes vayan a acceder en estos próximos cuatro años, deben contar con 36 años y 6 meses o más cotizados.

Incluso, a nivel interno, la Seguridad Social se ha visto desbordada por el aluvión de solicitudes para jubilarse. De hecho, el soporte técnico que captura todos estos registros que se producen a nivel estatal en el organismo público, «y que internamente denominan 'castor', dejó de directamente trasladar los expedientes a finales de diciembre, porque hubo una cantidad de entrada brutal», advierte este dirigente sindical. En este sentido, «no tuvo capacidad para llegar a resolver la vorágine de datos en ese periodo corto», añade López.

Aparte, está el problema de que el INSS cuenta en Murcia con una plantilla muy ajustada, lo que dificulta sacar adelante todos los expedientes. Y aunque de forma reciente se ha incorporado a una treintena de personas de la bolsa de trabajo ante las carencias existentes, están todavía en proceso de formación y adaptación. «En mi caso, presenté dos solicitudes de jubilación de trabajadores con fecha 28 de noviembre y siguen sin estar resueltas; tienen un retraso brutal», subraya el representante de CC OO.