El 17% de las inspecciones para detectar fraudes en los ERTE acaban con sanción

La labor inspectora en la Región por parte del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a cuyo frente en la dirección territorial está Diego Martínez Rafecas, se ha saldado con 1.070 expedientes iniciados, de los cuales se han finalizado 803. Mientras quedan por resolver 267, según los registros hasta el pasado 27 de enero.

Fruto de la vigilancia, se han detectado hasta 136 infracciones desde que se puso en marcha este mecanismo de salvaguarda del empleo y protección social, que han supuesto sanciones por un importe total de 315.654,10 euros, según los datos facilitados a LA VERDAD por el organismo estatal. Eso supone que acaban en sanción el 17% del total de expedientes concluidos.

A nivel nacional, Murcia ocupa el sexto puesto por comunidades en cuanto a centros de trabajo inspeccionados, en una clasificación que lidera Cataluña, con más de 3.000 expedientes, seguida muy de cerca por Madrid y Canarias, en el tercer escalón, con unos 2.000. País Vasco y Castilla-La Mancha preceden a la Región con más de 1.500 expedientes de inspección, según los datos registrados hasta octubre.

En abril del pasado año, se puso en marcha una campaña específica de control, tras aprobarse el primer decreto de estado de alarma que obligaba al cese de las actividades no esenciales. La iniciativa estaba dirigida desde el inicio a intentar prevenir y detectar la percepción fraudulenta de las prestaciones a las que daba derecho la aplicación de los ERTE.

Unas actuaciones que partían de una doble vertiente, por un lado descubrir situaciones de afiliación/alta a la Seguridad Social indebidas para acogerse a un expediente de regulación temporal; y, por otro, la creación de empresas 'ficticias'. Sin olvidar, el mencionado cobro fraudulento del desempleo cuando, por el contrario, la situación real era de actividad laboral. Además, según han podido observar los inspectores, es más frecuente que esta ilegalidad se dé en la modalidad de teletrabajo, tal como reconoce el último último informe ministerial de diciembre sobre el impacto de la Covid-19 en las estadísticas.

El mayor número de las sanciones aplicadas se debe a la «no comunicación de variaciones en supuestos de suspensión o reducción», que se considera una infracción grave, y a «ocupar trabajadores afectados por suspensión o reducción». Esta última es infracción muy grave.

Con el inicio de la desescalada, a partir de mayo, se intensificó la presencia inspectora en los centros de trabajo murcianos, así como del resto del país. Así, los inspectores llegaron a desarrollar en la última quincena de junio unas 10.000 visitas en el conjunto del territorio peninsular.

Dicha labor fiscalizadora se acompañó a su vez con una campaña informativa sobre las obligaciones empresariales para la correcta recuperación de empleo en las empresas que habían recurrido a los ERTE. En concreto, se hizo a través del boletín RED de la Tesorería General de la Seguridad Social, llegando así al 100% de las firmas. Y, en paralelo, se procedió al envío de notificaciones con carácter informativo a las miles de empresas que optaron por acogerse a esa fórmula.

Por sectores, la mayor parte de controles se efectuaron en el sector de la hostelería (36%), seguido del comercio (16,6%) y la industria (9,1%). Por detrás, aparecen las actividades administrativas y de servicios auxiliares, construcción, así como actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.

Estos porcentajes sectoriales están en concordancia con el peso global de ERTE por actividades en la Región. Así, de los 19.022 expedientes activos y registrados por la Consejería de Empleo desde el inicio de la pandemia hasta ayer &ndashde los que solo se han reactivado 1.141&ndash, el 25,6% lo acaparan los servicios de comida y bebida, seguidos del comercio al por menor (14,8%) y otros servicios personales (7,6%).

es la cifra total de expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo en la Región para detectar fraudes en los ERTE, desde que se puso en marcha este mecanismo de protección laboral ante la pandemia hasta ahora.