Esa gente que tanto joroba

Todavía hoy, pasados estos años que debemos negarnos a que conlleven el olvido del dolor y la muerte que envolvió a familias normales y corrientes, es decir como la de usted y la mía, conmueve y desazona recordar aquellas imágenes de pánico y tumultos, y las biografías de las víctimas, todas ellas pendientes de cumplir sus sueños; y la herida inmensa que se abrió en el corazón de esos padres y madres que tuvieron que ponerse en el lugar de sus hijas, lejos de ellos mientras se les escapaba la vida en mitad de un delirio que pudo haberse evitado.

Cuatro años después de la tragedia, en 2016, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a cuatro años de prisión, ni siquiera a uno por cada muerte, al promotor de la macrofiesta, Miguel Ángel Flores, como responsable, por el sobreaforo permitido para conseguir mayor beneficio económico, del fallecimiento por aplastamiento de las cinco víctimas, de entre 17 y 20 años de edad. Malísimo momento vital para irse de aquí para siempre. Por supuesto, don Flores, tan chulo él, presentó recurso ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, el doctor Viñals quedó entonces absuelto, tal vez porque no era cuestión de fastidiarle la movidita vejez de la que estaba disfrutando, del delito de imprudencia profesional con resultado de muerte en el caso de Cristina Arce, a la que atendió; es un decir.

Mas tarde, el Supremo ratificó la condena al promotor teñido de sangre –que recurrió al Tribunal Constitucional, claro– y anuló la absolución a don Viñals, al que le impuso un año y medio de cárcel por imprudencia grave mortal que, al menos eso cabía esperar, le debería haber hecho reflexionar sobre su deleznable comportamiento y su fracaso. Entre rejas no lo vimos, por supuesto, al ser la pena inferior a dos años, un tiempo de vida del que cualquier muerto aceptaría disponer con esa felicidad que provoca el avistamiento de una tierra firme donde manen leche y miel.

El Tribunal Supremo, que también se tomó su tiempo –ay, no son convenientes las prisas para una salud cardiovascular por la que todos suspiramos–, dio un tirón de orejas al tribunal que enjuició los hechos en su día. Se les recordó a sus señorías despistadas que el veterano doctor trasnochador «ni comprobó si [Cristina] estaba en parada, ni le practicó una adecuada reanimación cardiopulmonar para recuperarla». En conclusión, que «Cristina llegó viva [a sus manos] y no hizo nada por reanimarla».

Estos días, Miguel Ángel Flores, quien abandonó la vida entre rejas en 2020, ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de prisión «por apropiación indebida y falseamiento de cuentas». A este hombre no hay ilegalidad que se le resista. Sólo le falta que le haga caso a este esperpento llamado Alvise y apellidado Pérez, que le ha indicado el camino al fango moral de sus fieles: «Os voy a decir algo: todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis». Qué pereza da(n).

La noticia de Flores se mezcla con un aniversario que debería encoger el corazón de todos los murcianos. Se cumple justo un año de otra tragedia que nos tocó, vía fuego, de lleno: treces personas, muchas de ellas afincadas en Murcia en busca de una vida mejor, murieron en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros. Sigue en curso la instrucción judicial, prosiguen los familiares de las víctimas esperando que se haga justicia. A la gente normal nos gustaría poder entenderlo todo, comprender por qué pasan las cosas, pero resulta difícil explicar comportamientos humanos que nos dejan un poso amargo en todo el cuerpo.