Nuevas caras para la Justicia de siempre

La lentitud endémica de esta administración impide, año tras año, que miles de casos lleguen a juicio. La ciudadanía deberá esperar aún tres años para conocer si el expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel incurrió en una supuesta corrupción en la gestión de la desaladora de Escombreras -en el denominado 'caso Sal II'- o si la vieja cúpula de Urbanismo de Murcia, con el exconcejal Fernando Berberena a la cabeza, se llenó los bolsillos con la 'trama Umbra'. La resolución de estos casos es tan parsimoniosa que corre el riesgo de que cuando llegue ya no le interese a nadie.

Y, con ello, no es su lentitud el mayor problema de una Justicia -con mayúscula- que la ciudadanía cada vez entiende menos. El caso de los empresarios que eludieron la cárcel tras reconocer que pagaron a menores por tener sexo se erigió este año como paradigma y puso de relieve una desafección e incomprensión total de los ciudadanos hacia lo que se cuece en los tribunales. Los acuerdos de conformidad, pese a contar con un perfecto encaje legal, no son comprendidos por una sociedad que espera de los juzgados contundencia y sentencias ejemplarizantes. El magistrado Miguel Pasqual del Riquelme, aún presidente del TSJ, abogaba en una reciente entrevista en LA VERDAD por repensar esta figura y ponerle coto. Los pactos pueden seguir a la orden del día, aligerando unos juzgados demasiado sobrecargados, pero no pueden convertirse en la forma de camuflar una Justicia que no se sostiene.