¿Qué papel juegan las administraciones en el cumplimiento de los ODS antes de 2030?

El Premio Nacional Universidad Loyola a la Investigación en Desarrollo tiene por objeto difundir la investigación de excelencia realizada en el campo del Desarrollo Humano y Sostenible vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y este año, de los dos trabajos premiados a nivel nacional, el segundo se ha venido para la Región de Murcia. El catedrático del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de la Universidad Politécnica de Cartagena, Carmelo Reverte, ha sido premiado por el trabajo 'La importancia de las diferencias institucionales entre países en el nivel de consecución de los ODS: un estudio empírico a escala mundial'. Además, recientemente, el profesor Reverte ha sido incluido en el prestigioso y exclusivo listado de la Universidad de Stanford del 2% de los investigadores más citados a nivel mundial en el área de Economía y Empresa.

El estudio premiado analiza si las diferencias en el nivel de desempeño en los ODS, de una lista de 64 países, pueden ser explicadas por una serie de variables institucionales relacionadas con cinco dimensiones como son el sistema cultural, el desarrollo económico, el sistema educativo-laboral, el sistema de gobernanza y la innovación. Con el fin de clasificar a los países en función de su desempeño general en los 17 ODS, Reverte ha usado el índice ODS desarrollado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (RSDS) y la Fundación Bertelsmann Stiftung.

«Los resultados del trabajo ponen de relieve el crucial rol de las políticas públicas en el nivel de avance en la consecución de los ODS mediante la mejora de los sistemas de gobernanza, la promoción del gasto educativo y el impulso al ecosistema de innovación. En este sentido, resulta muy apropiada la adopción del modelo de la «quíntuple hélice» mediante la interrelación entre el gobierno, la Universidad y la empresa para afrontar los desafíos sociales y medioambientales que suponen los ODS», explica el catedrático de la UPCT.

Y añade: «El estudio pone de relieve que los países que están en mejores condiciones de alcanzar los ODS son aquellos que, según los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial, se caracterizan por una mayor calidad de las instituciones y un mayor control de la corrupción».

En relación al sistema educativo-laboral, el trabajo ha determinado que los países que destinan más presupuesto del PIB a educación y los que presentan una mayor cultura sindical son los que tienen un mejor desempeño en el nivel de consecución de los ODS al existir una mayor concienciación en la ciudadanía de los problemas sociales, laborales y medioambientales, lo que corrobora otros estudios previos sobre la existencia de una asociación positiva entre los niveles de educación superior de un país y su nivel de sostenibilidad ambiental.

En materia de innovación, el estudio revela que los países con un mejor desempeño en los ODS son aquellos que presentan una mayor cultura de innovación, la cual ha sido medida a través de varios indicadores: gasto de las empresas en I+D, colaboración Universidad-empresa en I+D y conocimiento tecnológico (medido por el número de patentes por millón de habitantes). «En este sentido –apunta Carmelo Reverte– la implementación de sistemas de producción sostenibles requiere inversiones en nuevas tecnologías limpias y respetuosas con el medioambiente. Por tanto, aquellos países con una mayor cultura de la innovación estarán más preparados para encontrar las soluciones novedosas planteadas en los ODS para llegar a un modelo de consumo global que permita el crecimiento sostenible de la sociedad y el paso del modelo lineal al modelo circular basado en un mayor aprovechamiento de los residuos».

Por último, en cuanto al sistema cultural, los países con un mayor fomento de la libertad individual, una menor distancia jerárquica, una menor aversión al cambio y una orientación más largoplacista son los que están más preparados para alcanzar los ODS en el futuro.

Reverte, que también es coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas en la UPCT, pone de relieve que varios años después de su aprobación en 2015, existen diferencias significativas entre países en el nivel de avance en la consecución de los ODS. «Los países escandinavos (Suecia, Dinamarca y Finlandia) son los que tienen unos mayores valores del índice ODS, lo que es reflejo de su tradicional enfoque hacia la sostenibilidad y la defensa del medioambiente y los derechos sociales. España ocupa, en el informe de 2020 de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y la Fundación Bertelsmann Stiftung, el puesto 22 de 193 países, si bien el índice global ha subido ligeramente del 77,8% de 2019 al 78,1% de 2020 (sobre un máximo de 100)».

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2 (Hambre cero) y 13 (Acción por el clima) se mantienen en rojo para España, con grandes retos aún por resolver, entre los que se encuentran los índices de obesidad, las emisiones de CO2 y la tasa efectiva de descarbonización, lo que obstaculiza que ambos ODS puedan alcanzarse en el plazo previsto.

«En relación al problema de la emisiones, hace un par de semanas se ha aprobado recientemente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con el objetivo alcanzar la denominada «neutralidad climática» antes de 2050 mediante el impulso a las energías renovables y la movilidad sostenible. Esta Ley está en línea con el Pacto Verde Europeo ('Green Deal') que establece una hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible donde aspira a ser climáticamente neutra en 2050», apunta el investigador.

No obstante, España también presenta aspectos negativos en los siguientes ODS: 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), con un alto porcentaje de gente joven entre 15 y 29 años que ni estudia ni trabaja (ninis) (desempleo juvenil); 10 (Reducción de las desigualdades), desigualdad económica (brecha salarial) en la población; 15 (Vida de ecosistemas terrestres), limpieza ecosistemas marinos (en la Región destaca el caso negativo del Mar Menor). En cuanto al desempleo juvenil cabe destacar la reciente aprobación del Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 que tendrá una dotación presupuestaria de 4.950 millones de euros. Contempla 69 medidas con las que se pretende incorporar al mercado laboral a la población más joven, y con ello reducir las cifras de desempleo juvenil que alcanza, en estos momentos, al 37,7% de los menores de 25 años.

El reconocimiento nacional al estudio no es su único valor sino que los resultados del mismo tienen importantes implicaciones para el desarrollo de las políticas públicas evidenciando que, si se quiere mejorar en el nivel de consecución de los ODS a nivel mundial por parte de los países más retrasados hasta la fecha en su logro, es necesario una mejora de la calidad institucional y de los sistemas de gobernanza así como una promoción del gasto en innovación. «Así, dado el importante papel de la innovación documentado en el trabajo, sería muy conveniente la introducción de programas públicos de fomento de la innovación por parte de las empresas bien mediante programas de incentivos fiscales o de apoyo a la l+D+i», asegura Reverte.

En este sentido, España va a recibir hasta 2026 del Fondo de Recuperación Europeo y los Fondos Next-Generation de la UE 140.000 millones en forma de subvenciones y préstamos (que equivalen al 11% de nuestro PIB) que se van a derivar a tres destinos principales: el Pacto Verde (impulso de las energías renovables y la economía circular), la transición digital (Plan de digitalización de pymes) y la reindustrialización. El catedrático de la UPCT considera que «estos fondos Next-Generation de la UE representan una gran oportunidad para que las pymes impulsen su crecimiento y desarrollo en el tejido productivo. Es importante que las empresas se anticipen e identifiquen sus proyectos que deberán estar adaptados a las palancas y componentes del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se enmarcan los fondos».

Asimismo, a la luz de los resultados obtenidos en las variables relacionadas con el gasto educativo, Carmelo Reverte advierte: «Las políticas públicas deberían potenciar el gasto en educación aumentando su peso en el PIB y fomentar la introducción en los planes de estudios de las asignaturas relacionadas con la sostenibilidad con el fin de que la adquisición de una conciencia crítica por los temas sociales y medioambientales se vaya generando progresivamente desde la educación secundaria hasta la universitaria».

«De hecho –dice– cuando Naciones Unidas aprobó en el 2015 los 17 ODS y la Agenda 2030, ya se manifestaba el papel clave y transversal de la educación para lograr una ciudadanía que reflexione y tenga una conciencia crítica que le lleve a desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo sostenible que se plantea en dicha Agenda 2030».

En este sentido, «los gobiernos deberían fomentar el vínculo entre educación y tecnología mediante el impulso a losprogramas de transferencia de conocimiento entre Universidad y empresa. La transferencia del conocimiento desde las Universidades y organismos de investigación a la empresa puede constituir un factor clave que la conduzca hacia una ventaja competitiva. Tan solo un 10% de las empresas en la Región de Murcia llevan a cabo proyectos de I+D+i a través de la Universidad. Para propiciar esa transferencia de conocimiento Universidad-empresa, la UPCT cuenta con una extensa Red de Cátedras tanto tecnológicas como de emprendimiento y tecnológicas. Adicionalmente, desde las administraciones públicas se deberían estimular programas de incentivos fiscales a la I+D+i más ambiciosos que los actuales. Otras medidas interesantes serían fomentar la incorporación de Doctores a las empresas (como el Programa Torres Quevedo) y el Doctorado Industrial, así como impulsar el ecosistema de startups y emprendedores», concluye.