La juez investigará un uso paralelo de los 6 millones de subvención al Auditorio

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, no ha concluido la investigación de las supuestas ilegalidades cometidas en torno a la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras, por más que haya remitido una Exposición Razonada en la que viene a reclamar al Tribunal Superior de Justicia que impute al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez. La magistrada ha abierto una pieza separada para tratar de conocer qué destino, "público o privado", se le dieron a seis millones de euros procedentes de una subvención de la Consejería de Cultura para construir ese edificio, pues la investigación ha permitido constatar que esos fondos prácticamente habían desaparecido cuando ni siquiera se había puesto un ladrillo en la obra.

En su auto, la juez deja constancia de que entre los meses de diciembre de 2006 hasta agosto de 2008, que es la fecha en la que se efectúa el primer pago relacionado con la construcción del Auditorio, el Ayuntamiento entonces presidido por Pedro Antonio Sánchez dispuso durante esos 18 meses de los seis millones de euros de la ayuda pública, que fueron mermando de la cuenta municipal "sin que se justificara el uso que se les dio". De hecho, en octubre de 2008, con la obra apenas iniciada, solo quedaba ya un saldo de 337.141 euros.

La instructora también pretende conocer con su investigación a quién pertenecen tres cuentas bancarias en las que se efectuaron ingresos por varias decenas de miles de euros, supuestamente correspondientes a pagos de salarios al arquitecto Martín Lejarraga, pero que fueron a cuentas diferentes a la que este profesional aportó para esos fines.