Fiscalía analiza un informe de la UCO sobre la rama murciana de la 'Púnica'

Un informe realizado por los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puede acabar determinando el futuro más próximo de la rama murciana del 'caso Púnica': si se queda donde estaba hasta ahora, esto es, centrada en la Consejería de Industria y Turismo, o entra de lleno en otros organismos públicos de la Región. En concreto, en el Ayuntamiento de Cartagena, que en octubre de 2014, cuando se desencadenó la operación policial, estaba encabezado por Pilar Barreiro, y la Consejería de Educación, a cuyo frente se encontraba el hoy presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez.

El documento, entregado en marzo al titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, acaba de ser remitido por este a la Fiscalía Anticorrupción para que informe acerca de qué decisiones correspondería adoptar. El informe de la UCO incorpora la información que el juez requirió recientemente al PP regional, el PP de Cartagena, el Ayuntamiento de esa ciudad, la Consejería de Educación y la Agencia Tributaria.

Fuentes conocedoras del proceso confirmaron ayer a 'La Verdad' que el informe se basa en un análisis, muy exhaustivo, de todos los datos existentes en la causa sobre las ofertas que uno de los presuntos cerebros de la trama, Alejandro de Pedro, realizó en su día a Pedro Antonio Sánchez y a Pilar Barreiro con el aparente fin de mejorar su imagen en internet. Unos trabajos que la investigación está tratando de determinar si fueron aceptados por parte de estos dos cargos públicos -al margen de que los contratos hubieran llegado o no a firmarse-, además de buscar esclarecer de qué forma iban a ser abonados.

Dos líneas de investigación -la de la Consejería de Educación y el Consistorio cartagenero- que son muy similares a la que se abrió respecto de la Consejería de Industria y Turismo, que a finales de 2014 estaba liderada por Juan Carlos Ruiz. Las sospechas del juez Velasco de que esas labores para la mejora de la reputación 'online' personal iban a ser abonadas con fondos públicos, presuntamente camufladas en contratos del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento (Info), acabó desembocando en la imputación de un grupo de altos cargos de esa Consejería, entre ellos, el propio Juan Carlos Ruiz, y la dimisión de todas sus responsabilidades públicas.

Desde hace unos meses, la investigación sobre esa rama del 'caso Púnica' está prácticamente concluida, por lo que casi se daba como seguro que el magistrado Eloy Velasco iba a dictar en breve un auto de procedimiento abreviado, en el que se fijarían todos los indicios existentes y se concretarían las imputaciones a varios de estos ex altos cargos, que se situarían así a un paso de sentarse en el banquillo.

Sin embargo, el reciente informe ampliatorio elaborado por los UCO podría dar un giro a las diligencias si el fiscal, primero, y el juez más tarde, consideran que hay razones para ampliar la investigación.Las diligencias del 'caso Púnica' habían ofrecido ya diversos datos sobre los contactos que Alejandro de Pedro había mantenido con el entorno de la entonces alcaldesa Barreiro -lo que en su día motivó que los guardias civiles se presentaran en el Ayuntamiento de Cartagena para reclamar documentación- y de Pedro Antonio Sánchez, con el fin de ofrecerles sus servicios de reputación 'online'.

Sánchez siempre ha mantenido que esa oferta de De Pedro llegó a producirse, pero que no le generó ninguna confianza ni le interesaba y que por tal razón la rechazó.