La defensa del alcalde pide que no echen del caso a la acusación privada

El mundo al revés. El Ministerio Fiscal pide al juez que expulse del 'caso Umbra' a la acusación popular, que en teoría debía estar ayudándole a mantener las imputaciones contra los sospechosos de corrupción. Y, a su vez, la defensa del principal acusado, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, reclamando que se permita a esa acusación privada permanecer en el asunto, pese a que -también en el plano teórico-ésta debía estar trabajando para tratar de confirmar los indicios de delito que existen contra el alcalde.

A esa kafkiana situación se ha llegado estos días en el seno del proceso 'Umbra' debido a la supuesta perversión -denunciada por el fiscal- de la que en origen debía ser la misión fundamental de la acusación popular, representada por el Consistorio murciano: la de defender los intereses públicos y ayudar a la Justicia a averiguar si alguno de sus funcionarios ha podido desviarse en el ejercicio de su cargo.

En un escrito al juzgado, los letrados del Ayuntamiento han advertido de que «no podemos permitir, con las advertencias legales oportunas, que por el Ministerio Fiscal se ponga en tela de juicio nuestro trabajo, que se lleva a cabo de forma honesta».