El juez cierra a Valcárcel la puerta de la prescripción y lo mete de lleno en la causa

Llegó a tiempo. Manuel Abadía, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que desde hace año y medio instruye el 'caso Novo Carthago' de presunta corrupción urbanística, atajó ayer cualquier posibilidad legal de que el expresidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, pueda salir indemne del asunto utilizando un subterfugio legal y, más concretamente, amparándose en la prescripción de los delitos que pudieran llegar a serle atribuidos. Que por ahora, y atendiendo de manera muy preliminar a los indicios que el magistrado aprecia, apuntan a una supuesta prevaricación y a un presunto cohecho.

La consecuencia más trascendente del auto dictado ayer por el juez instructor radica en que los tiempos legales, que corrían imparables hacia una próxima prescripción, han quedado bruscamente interrumpidos. De tal forma que Ramón Luis Valcárcel podrá quedar exonerado en un futuro de cualquier responsabilidad penal, si es que la Justicia llega a la conclusión de que no cometió delito alguno, pero no se verá libre de responsabilidad en ningún caso por el mero hecho de que el tiempo haya extinguido sus culpas.

Ésta era una vía hacia la que, en apariencia, se dirigían las últimas iniciativas de los estrategas legales que desde hace semanas asesoran al líder del PP, centrados en convencer al consejero Antonio Cerdá para que dimitiera de su cargo y, con ello, perdiera su aforamiento. Esta maniobra habría permitido desactivar de forma instantánea al juez instructor, Manuel Abadía, que perdería la competencia sobre el caso y lo forzaría a remitir las actuaciones a un juzgado de Instrucción de Murcia, con una inevitable paralización y el subsiguiente retraso del proceso.

Teniendo en cuenta que los delitos de prevaricación y cohecho de los que Valcárcel podría ser acusado en un futuro prescriben a los diez años, y que los hechos que indiciariamente lo señalan como sospechoso tuvieron su colofón en los meses de marzo y abril de 2005, el riesgo de que la responsabilidad se extinguiera por prescripción empezaba a ser ya muy elevado.

Ahora, con el auto dictado ayer por Manuel Abadía, esa amenaza ha quedado definitivamente exorcizada. Ya puede el actual presidente del Ejecutivo autónomo, Alberto Garre, firmar cuando le venga en gana el decreto sobre la salida de Antonio Cerdá, y que el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) recoja oficialmente la resolución en sus páginas, que Valcárcel no podrá salir del asunto por la puerta de servicio. Tendrá que hacerlo por la principal, con la cabeza alta y libre de cualquier sospecha, o portando sobre sus hombros la pesada carga de una condena.

'Invitado' a entrar en el proceso

Pide a la UE que acredite que es parlamentario europeo

El instructor de 'Novo Carthago' empleó ayer con el expresidente murciano y actual vicepresidente de la Comisión Europea la misma fórmula legal que utilizó, en junio del año pasado, con la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. Ante la existencia de lo que calificaba de «indicios racionales de criminalidad muy sólidos y consistentes», y como no podía imputarla por ser diputada nacional y disfrutar de un fuero especial, el juez Abadía la llamó formalmente al proceso. Le dio así la oportunidad de personarse en las actuaciones y de conocer toda la investigación, y le ofreció declarar voluntariamente como imputada por un supuesto delito de prevaricación.

Con ello, en realidad, lo que hacía era dirigir una actuación expresa contra la primera edil cartagenera, e interrumpir de esa forma el plazo para la prescripción de los delitos.

Comoquiera que Barreiro rechazó declarar por iniciativa propia, el magistrado elevó una Exposición Razonada al Tribunal Supremo, quien el pasado enero aceptó su competencia y que muy recientemente ha imputado formalmente a la alcaldesa.

En el auto emitido ayer, Abadía concluye que «se le debe dar a Ramón Luis Valcárcel Siso la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones, declarar voluntariamente como imputado por los delitos de prevaricación y cohecho, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias, así como designar abogado y procurador». Lo mismo que hizo con Pilar Barreiro.

Ahora bien, en esta ocasión el instructor le hace saber que si en el plazo de treinta días no ha respondido a esa invitación para declarar como imputado, emitirá una Exposición Razonada con todos los indicios de delitos existentes contra su persona y la remitirá al Tribunal Supremo. A efectos de fuero, solo el Alto Tribunal podría imputar a Valcárcel por su condición de eurodiputado.

Por el momento, Abadía ya ha instado a la Secretaría del Parlamento Europeo a que acredite si Valcárcel sigue siendo diputado europeo.

Supuestas dádivas y regalos

Una venta de terrenos a una promotora de su cuñado

Como ya hizo en su resolución del pasado viernes, Abadía sostiene que en la investigación sobre 'Novo Carthago' «afloran múltiples e inequívocos indicios que apuntan hacia Ramón Luis Valcárcel Siso, revelándose como integrante de la trama que acordó el 'pactum scaeleris' (concierto de voluntades) con la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y con el empresario Rafael Galea, antes de junio de 2003, pues era el único que podía asegurar el éxito» de la operación urbanística.

Y enumera de nuevo esos supuestos indicios de «regalos y dádivas» procedentes del promotor Rafael Galea, entre los que estaría el hecho de que la hija mayor de Valcárcel, Rosario, estuvo contratada en los años 2006 y 2007 en un despacho del que la promotora Hansa Urbana era el principal cliente.

Igualmente, recuerda una sospechosa venta de terrenos por parte de esa misma sociedad, Hansa Urbana, a la empresa Faromur Promociones, por 25,24 euros/m2, «un precio antieconómico y fuera de toda explicación lógica y razonable». Poco tiempo después de adquirida esa finca entró en Faromur un cuñado de Valcárcel, Juan Francisco Cruz Alfaro, «hermano de la esposa de Valcárcel, quien compró el 40% del capital a un euro por acción».

El magistrado también sospecha de que el promotor Galea pudo realizar un regalo a la hija mayor de Valcárcel, con motivo de su boda, que estaría fuera de cualquier uso social. Algo que sigue investigando. Y relata además que Rosario Valcárcel y su esposo tuvieron reiterados ingresos en sus cuentas, por un total de 117.000 euros, cuyo origen se desconoce.

Con la resolución de Abadía se inició ayer una cuenta atrás para Valcárcel, que tiene treinta días para declarar voluntariamente como imputado. Aunque es posible que el instructor tenga que abstenerse de seguir instruyendo en pocas horas, cuando el BORM publique la dimisión de Cerdá. Deberá entonces renunciar al caso, aunque lo hará sabiendo que las diligencias están prácticamente concluidas y que, por mucho que el juez tarde en reactivar el caso, le ha cerrado todas las vías de escape a Valcárcel.