La Verdad
Dos vecinas de Puerto Lumbreras, pasando ayer tarde frente al Teatro Auditorio, que supuestamente estaría sin terminar.
Dos vecinas de Puerto Lumbreras, pasando ayer tarde frente al Teatro Auditorio, que supuestamente estaría sin terminar. / P. A. / AGM

El fiscal se querella contra Sánchez por las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras

  • Aprecia falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude | La denuncia se dirige contra el exalcalde y otros 20 sospechosos

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Prevaricación continuada, falsedad documental, fraude y malversación de caudales públicos. Tales son los presuntos delitos que han motivado la presentación de una querella por parte de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia, que se dirige contra el exalcalde de Puerto Lumbreras y actual consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, y contra una veintena de cargos públicos, altos funcionarios municipales y autonómicos y arquitectos.

La denuncia se enmarca en las obras de construcción del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras, adjudicadas en 2008 por el Consistorio de la localidad y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas.

Fuentes próximas al caso confirmaron ayer a 'La Verdad' que la presentación de la querella se formalizó ayer a mediodía ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior (TSJ) de la Región. Esta circunstancia obedece a que el principal querellado, Pedro Antonio Sánchez, goza en estos momentos de un especial aforamiento por su condición de miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, por lo que solo podría verse imputado por el más alto órgano jurisdiccional de la Región.

De ser admitida a trámite la querella, que es algo sobre lo que el TSJ deberá pronunciarse en los próximos días o semanas, se convertiría en el segundo procedimiento penal abierto contra el consejero. Desde hace un par de años se le está investigando por un presunto delito de cohecho, al existir indicios de que pudo beneficiarse de una rebaja de hasta 47.500 euros en la compra de un dúplex en Puerto Lumbreras a cambio de presuntos favores urbanísticos al constructor.

Dudas desde el origen

Las mismas fuentes señalaron a 'La Verdad' que la extensa querella presentada por la Fiscalía Superior -en torno a los setenta folios- analiza todo el proceso de adjudicación del proyecto del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras, su encargo a una constructora y la recepción de las obras por parte del Consistorio, en la que se encontrarían algunas de las muchas supuestas ilegalidades cometidas.

Con todo, ni siquiera la tramitación inicial del proyecto, diseñado por el prestigioso arquitecto Martín Lejarraga, está libre de sospechas. Basta consultar las hemerotecas para recordar que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras convocó en diciembre de 2007 un concurso público de ideas, al que concurrieron tres gabinetes de arquitectos, entre ellos uno del mencionado Lejarraga.

Sin embargo, las hemerotecas demuestran cómo un año antes, en diciembre de 2006, el entonces alcalde lumbrerense, Pedro Antonio Sánchez, ya presentó el proyecto de ese centro cultural acompañado por ese profesional de la arquitectura, de quien se afirmó que sería el encargado de llevar a buen puerto ese complejo.

Ya en ese momento se explicó que las obras iban a comenzar en el primer trimestre de 2007 -mucho antes de que se convocara el concurso de ideas-, que el plazo de ejecución era de 20 meses y que el presupuesto ascendía a seis millones de euros.

El propio arquitecto informó de que el centro estaba diseñado para ser un espacio multiusos y multidisciplinar, con una sala principal para 600 espectadores -ampliable hasta un millar-, un gran escenario y salas para ensayos, clases y talleres.

Ese mismo mes de diciembre de 2006, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma dio luz verde a la concesión de una subvención de seis millones para la construcción del Teatro Auditorio.

La supuesta adjudicación irregular del proyecto fue objeto de un recurso contencioso interpuesto por el Colegio de Arquitectos. Pero la explicación que ofreció el propio Ayuntamiento de Puerto Lumbreras resultó cuanto menos sorprendente. Así, sostuvo que el primer anteproyecto solo estaba destinado «a obtener la subvención de la Comunidad para la construcción del Auditorio». A ello habría seguido un segundo proyecto, ya en 2007, distinto del primero y que fue el que resultó ganador en el Concurso de Ideas.

La juez de lo Contencioso tuvo que reconocer que esto podría haber sido así, y legitimó el resultado del concurso, pero no por ello dejó de advertir que «de existir irregularidades en el comportamiento de la Administración son previas al concurso que ahora se impugna e independientes del mismo». Esto es, haber presentado presuntamente un anteproyecto irreal con la exclusiva finalidad de obtener una subvención pública.

La investigación de la Fiscalía, que se ha prolongado durante casi un año, también se centra en la adjudicación de las obras a la constructora alicantina ECISA, siempre según las mismas fuentes, por existir indicios de presuntas ilegalidades.

La última y, en apariencia, más relevante rama de la investigación se centra en la recepción de las obras, en septiembre de 2011, por parte del Consistorio presidido por Pedro Antonio Sánchez, a pesar de que presuntamente las obras no estaban terminadas. En el Teatro Auditorio no estarían finalizados en ese momento los cerramientos interiores y exteriores, puertas, alicatados y suelos, baños..., incluso la instalación eléctrica y el aire acondicionado, según la denuncia presentada por el PSOE que dio origen a las diligencias informativas de la Fiscalía.

Circunstancias que no impidieron que el Ayuntamiento recepcionara el inmueble haciendo constar que «se recibe la obra en buen estado».

Nombrar instructor y ponente

La querella se dirige, según las fuentes consultadas por 'La Verdad', contra el actual consejero Sánchez, el arquitecto Martín Lejarraga, el propietario de la constructora ECISA, un ex director general de la Consejería de Cultura, un nutrido grupo de cargos públicos y altos funcionarios del Ayuntamiento lumbrerense..., hasta completar un lista de casi una veintena de querellados.

Ahora, el TSJ deberá designar al ponente de la Sala y al magistrado que se encargaría de instruir las diligencias, si es que se estima que existen suficientes indicios de delito como para abrir diligencias.