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Ricardo Fernández
Miércoles, 12 de noviembre 2014, 11:14
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La lucha que la Fiscalía viene acometiendo contra la corrupción en las instituciones públicas no va a aflojar, por muchas y muy duras que sean las críticas o descalificaciones que puedan llegar desde los ámbitos políticos. Ésa es la conclusión que cabe extraer de un pronunciamiento del Consejo Fiscal, adoptado en el Pleno que celebró el 27 de octubre pasado, en el que advierte expresamente a algunos dirigentes políticos que sus manifestaciones «ni han condicionado ni van a condicionar la labor del Ministerio Fiscal en el cumplimiento de las funciones que les impone la Constitución Española en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley».
El acuerdo del que viene a ser el órgano de gobierno de los fiscales españoles no responde a una mera declaración abstracta. Fuentes del Ministerio Público explican que tiene su fundamento en algunas descalificaciones muy concretas que en los últimos meses se han vertido por parte de representantes de partidos políticos, y muy especialmente en las manifestaciones que el diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte efectuó el pasado junio.
Aprovechando una rueda de prensa sobre un plan de estímulo económico, valoró la petición realizada por el fiscal para imputar al exconsejero de Urbanismo y actual delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana; una circunstancia que finalmente fue adoptada por el magistrado del TSJ Manuel Abadía.
A preguntas de los periodistas, Martínez-Pujalte acusó al fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, de «filtrar los documentos» sobre la presunta trama de corrupción urbanística, en lo que consideró una supuesta maniobra para «presionar al juez en un determinado camino».
El parlamentario popular fue más allá al afirmar que en su partido «respetamos las decisiones de los jueces, pero que las decisiones del fiscal, que no son firmes, se conozcan públicamente y que sean el tema del debate político, porque así lo quiere la Fiscalía filtrándolas antes de que el juez tome decisiones, eso no». Y añadió que si algún partido está comprometido con la transparencia y la limpieza «es el PP», aunque advirtiendo de que no permitirá que la Fiscalía «quiera interferir en la política de una forma tan clara y, además, antes de que los jueces tomen decisiones. Todo el mundo debe respetar a los jueces; y los fiscales, los primeros».
Intento de presionar
Las duras consideraciones de Martínez-Pujalte no pasaron desapercibidas para la Fiscalía Superior de la Región, que eludió responder a las mismas pero que las hizo llegar a la Fiscalía General del Estado para que fueran analizadas. El 27 de octubre se reunió el Pleno del Consejo Fiscal, encabezado por el FIscal General, Eduardo Torres Dulce, y adoptó el acuerdo de reprobar esas palabras.
Además de dejar sentado que las críticas «ni han condicionado ni van a condicionar la labor del Ministerio Fiscal» en su lucha contra la corrupción, el órgano rector expresó su «respaldo a la actuación de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia en el cumplimiento de sus funciones». Y alertó de que determinados comentarios, como los vertidos en junio por el diputado del PP acerca del 'caso Novo Carthago', «exceden en ocasiones de la crítica legítima a la que está sometida la labor profesional de todo funcionario público».
Este presunto caso de corrupción urbanística mantiene imputados en la actualidad al consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, a los exconsejeros Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués y varios directores general y otros altos cargos de la Comunidad. Actualmente está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si acepta la competencia sobre ese asunto, como ocurriría si aprecia que existen indicios suficientes de delito contra la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, Pilar Barreiro, que está aforada.
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