El TSJ ultima un «plan de urgencia» por el atasco en los juzgados de lo social

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ultima un plan de urgencia para paliar la «preocupante» situación que atraviesan los juzgados de lo social de la Región. Los representantes de abogados, graduados sociales y sindicatos advierten de que el retraso en estos órganos, que se encargan de dirimir temas de despidos, reclamaciones salariales, invalidez..., va a más y que ya se están señalando juicios para 2016. Ante esta realidad, el TSJ anunció ayer la «inminente puesta en marcha de medidas explícitas» para mejorar la respuesta de estos juzgados. Entre ellas, el presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, puso sobre la mesa, como ya adelantó este diario, la incorporación a finales de mes de dos nuevos jueces que, como jueces de adscripción territorial (JAT), tratarán de aliviar la pesada carga de estos tribunales. El TSJ estudia, asimismo, la realización de juicios rápidos, con señalamiento inmediato, para casos especialmente urgentes.

Martínez Moya celebró ayer una reunión con representantes de los colegios profesionales y sindicatos para anunciar este plan de urgencia. A la mesa se sentó el decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez Escribano; José Ruiz Sánchez, presidente del Colegio de Graduados Sociales de la Región; Daniel Bueno, secretario general de CC OO y Antonio Jiménez Sánchez, secretario general de UGT, además de Javier L. Parra, secretario de Gobierno del tribunal. Abogados, graduados y representantes sindicales dejaron patente en este encuentro su «profunda preocupación por el importante retraso que vienen sufriendo los juzgados de lo Social en Murcia».

Comisiones Obreras ya advirtió hace unas semanas de esta situación en un comunicado en el que aseguraba que los juzgados murcianos ya tardan más de dos años en resolver un juicio de salarios. «Cuando una persona trabajadora acude al juzgado porque su empresa deja de pagarle los salarios, antes de 25 meses no tiene sentencia y nadie le paga hasta que no haya sentencia firme», denunciaba el sindicato. Éste advertía de que esta realidad, con especial repercusión en los trabajadores más jóvenes y en inmigrantes, está siendo aprovechada por algunos empresarios que «dejan de pagar conscientemente los salarios sabiendo que la persona trabajadora no puede esperar al juicio» y que se verá forzada a un acuerdo por muy mísero que éste sea.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -relativos al tercer trimestre del pasado año-, el tiempo medio de respuesta de un asunto de Primera Instancia en los juzgados de lo social de la Región era de 12,6 meses -lo que suponía un aumento de un 5,6% respecto al año anterior-. Con este dato, la justicia murciana se posicionaba por detrás de la media nacional, que contaba con un tiempo de respuesta en Primera Instancia de 9,7 meses.

«Celeridad en la tramitación»

Los letrados recalcan, sin embargo, que en Murcia este tipo de litigios se están retrasando aún más y ya llegan a los 20 meses de espera. En Segunda Instancia, el tiempo medio de respuesta en Murcia es de 5,8 meses -un periodo que también ha supuesto un aumento importante, del 22%-, mientras que, según los últimos datos del CGPJ, a nivel nacional se fija en 6,9 meses.

El presidente del TSJ recalcó ayer que no se puede establecer una media en los tiempos de respuesta dentro de la jurisdicción, dado que hay asuntos de mayor urgencia, como los despidos, que «exigen un señalamiento y decisión preferente». Pese a este apunte, Martínez Moya reconoció que, en todo caso, el tiempo de espera es «mucho más de lo deseable» y subrayó que «por la esencia de esta jurisdicción se ha de exigir celeridad en la tramitación y una respuesta en un plazo razonable».

Cierto es que en los últimos años la crisis económica ha colocado a estos órganos en una posición difícil. El pasado año estos juzgados tuvieron que hacer frente a 4.045 despidos, más del doble de los que llegaban a sus manos en 2007 -en 2009, este dato alcanzó su pico máximo con 6.454 demandas de despido-. Según los datos facilitados por el TSJ, los juzgados de lo Social de la Región registraron el pasado año un leve descenso de casos, algo más de un 9%. Las tasas judiciales, aunque no afectan a esta jurisdicción en Primera Instancia, sí lo hacen en los recursos, salvo en los casos de trabajadores, sindicatos o funcionarios. Pese a este descenso, estos órganos pusieron el sello el pasado año a más de 12.330 asuntos, una cifra difícil de digerir.

En los últimos años, han abierto sus puertas en la Región tres nuevos juzgados de lo Social: dos en Murcia y uno en Cartagena. Actualmente son 12, ocho en la capital y tres en Cartagena. Martínez Moya subrayó, sin embargo, que «la crisis económica, que impactó directamente en estos juzgados, y las reformas legislativas que aumentan la competencia en expedientes de regulación de empleo han hecho que el volumen de asuntos sea muy importante».

Para paliar esta situación, el TSJ aguarda ya la llegada a la Región de esos dos nuevos jueces de refuerzo. Martínez Moya explicó ayer que ya ha mantenido reuniones con la junta sectorial de jueces de lo Social, el magistrado decano y las directoras de los servicios comunes para que adapten las agendas de señalamientos con el objetivo de que la llegada de estos magistrados resulte efectiva desde el primer día. Este refuerzo, según añadió, se mantendrá durante 6 meses, y podrá prorrogarse otros seis, si las estadísticas arrojan resultados positivos. En principio, el TSJ cree que las agendas de todos los órganos de esta jurisdicción pueden verse aligeradas un 20% con este apoyo.

Señalamientos inmediatos

En 2004 el número de jueces titulares en la Región apenas superaba el centenar, pero a finales de este mes el TSJ espera contar con casi 160. De ellos, aproximadamente una decena estarán destinados a reforzar los órganos que requieran una especial atención, especialmente aquellos de lo Social y lo Civil. El presidente del TSJ explicó que, en el marco de su comparecencia ante la Comisión Permanente, el pasado 23 de abril en Madrid, solicitó, asimismo, un refuerzo de funcionarios para esta jurisdicción.

Martínez Moya también puso ayer sobre la mesa la necesidad de «valorar la implementación de juicios rápidos», con señalamiento inmediatos, para aquellos casos que se consideren de urgencia. «No olvidemos», recalcó, «que estamos hablando de materias que afectan a bienes tan esenciales como el trabajo, el salario o la protección social».