Podemos se impone al PSOE y el Gobierno autoriza el cambio de género sin aval médico

El Consejo de Ministros dio este martes el visto bueno al anteproyecto de ley LGTBI-Trans que, como principal novedad, permitirá la autodeterminación de género de los transexuales. Podrán cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil simplemente con pedirlo. No hará falta ni declaración de testigo alguno que lo corrobore ni los informes médicos y los dos años de tratamiento hormonal que se les exigen ahora. «Un paso de gigante», para la ministra de Igualdad, Irene Montero. «Una norma que nos coloca a la cabeza de Europa en derechos LGTBI», según su homólogo de Justicia, Juan Carlos Campo.

Es el fin de un duro pulso político entre Moreno, apoyada por el resto de ministros de Unidas Podemos, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, respaldada por sectores del PSOE y por buena parte del movimiento feminista clásico. Ha terminado con acuerdo, pero no pueden disimular que la «negociación larga y difícil» -que confesó Montero- ha dejado heridas. La titular de Igualdad agradeció el esfuerzo por llegar a «un buen texto» al ministro de Justicia, pero se olvidó de Calvo, ausente en la comparecencia. Tuvo que ser minutos después Campo quien, tras devolver el agradecimiento, lo hizo «extensivo» a la vicepresidenta primera, por su papel «fino y selecto» en la negociación del proyecto.

Todos han hecho cesiones. Pero Montero es la clara vencedora. Ha logrado salvar su línea roja -la autodeterminación- en una negociación que, a última hora, con el visto bueno de Pedro Sánchez, dejó en segundo plano a Calvo, tocada políticamente, y tuvo como interlocutor socialista a Campo. El pulso, eso sí, se da por acabado. «Es el texto de todo el Gobierno. El mejor texto que ha podido producir», zanjó la otra Montero, la portavoz del Ejecutivo.

La aceptación de la autodeterminación de género a partir de los 14 años por los socialistas, punto que ha bloqueado las negociaciones cuatro meses, ha tenido mucho que ver con las presiones de las organizaciones LGTBI y con la inminencia de la celebración del Orgullo, cuya marcha central es el sábado.

Los socialistas, el partido de Pedro Zerolo, abanderados del movimiento LGTBI con la aprobación del matrimonio homosexual en 2005, corrían el riesgo de ser abucheados en una marcha que tiene como punto neurálgico las reivindicaciones transexuales. Ni siquiera estaba claro que pudiesen ir tras la cabecera, que rezará: «Los derechos humanos no se negocian, se legislan: ¡Ley integral trans ya!».

Podemos logra la autodeterminación de género, pero el PSOE impone sus tesis de que no haya dos leyes, una de igualdad trans y otra de derechos LGTBI (como quería Montero), sino una sola, y consigue que la autodeterminación solo sea posible desde los 14 años y que tenga garantías procedimentales que eviten fraudes.

El texto actual puede sufrir modificaciones antes de que el Gobierno lo apruebe definitivamente. Tendrá que pasar por los filtros del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Cuando el Consejo de Ministros dé luz verde al proyecto, empezará una segunda fase de enmiendas en el Parlamento antes de la aprobación definitiva, algo que no ocurrirá antes de 2022. Allí le esperan los 'noes' seguros de PP y Vox, pero si los socialistas mantienen la unidad tendrán mayoría suficiente.

El anteproyecto permite el libre cambio de sexo a todos los trans de más de 16 años y a los mayores de 14 que cuenten con el apoyo de sus padres (o de la Fiscalía). Lo lograrán en un máximo de cuatro meses después de ratificar su decisión ante el registrador a los tres meses. Los mayores de 12 podrán cambiar el sexo registral, pero deben lograrlo ante la justicia. Los menores de 12 no podrán cambiar el sexo, pero sí son libres de pedir el cambio de nombre.

La ley LGTBI-Trans incluirá una cláusula de seguridad para evitar que alguien juegue o cometa fraudes de ley. Una vez concedido el cambio de sexo registral, y pasados seis meses en los que puede revocarse, la operación ya no podrá revertirse libremente. Si alguien quisiese volver a su sexo oficial originario tras el plazo de seguridad tendrá que acudir a pedirlo a los tribunales. El texto también prohíbe las supuestas terapias para 'curar' a personas LGTBI, que sanciona con multas de hasta 150.000 euros, y garantiza las técnicas de reproducción asistida a lesbianas, bisexuales, mujeres solas y a los trans con capacidad para gestar.

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