Decretan libertad provisional para las dos monjas de Belorado detenidas

Aprovechando el registro del monasterio vizcaíno, realizado el jueves por la noche, se intentó ejecutar la medida cautelar de mover a un convento de clarisas a las cinco monjas mayores, las que no se sumaron a la ruptura con Roma, pero al final se abortó el traslado. Y, este viernes por la mañana, la comunidad cismática estaba citada a declarar en Briviesca sobre la donación de un coche del convento. Nunca una clausura fue tan ajetreada.

Después de la detención de la abadesa, y también de un anticuario que presuntamente adquirió objetos del monasterio, la intervención que arrancó el jueves por la tarde en Orduña dio lugar a tres horas de desconcierto. El instituto armado explicó que los agentes de la comandancia de Burgos desplazados al lugar, junto a la secretaria judicial, tenían el propósito de registrar las dependencias como parte de la investigación de la venta de patrimonio artístico. Sin embargo, la presencia de representantes de la federación clarisa de Arantzazu y de un vehículo adaptado hacía pensar que también se iba a llevar a cabo el traslado de las monjas mayores, con edades que van de los 86 a los 100 años. Así lo dieron por hecho tanto el portavoz de la comunidad cismática, el periodista Francisco Canals, como las propias religiosas: desde Belorado, sor Sion difundió a través de Instagram varios vídeos en los que la ejecución de la medida cautelar parecía consumada. «Yo no sé si somos las peores terroristas de este país, pero dudo mucho que a otras personas se las trate como se nos está tratando a nosotras», lamentó, además de criticar que se sacase a unas ancianas a la intemperie, «con cinco o seis grados de temperatura», e ironizar diciendo que las clarisas estaban haciendo «la obra caritativa del día».

Sin embargo, el traslado no se llevó finalmente a cabo. Según Canals, porque las monjas mayores rechazaron irse: «No han logrado dividirlas», ha afirmado. Es la segunda vez que se produce este desenlace. La juez de Briviesca ordenó la medida cautelar, solicitada por la Fiscalía, a raíz de la sentencia del 31 de julio en la que imponía el desalojo del convento de Belorado: en su decisión, hizo suyos los argumentos de la Iglesia y estableció que las cinco monjas mayores, todavía clarisas, constituyen la «comunidad legítima» y son, por tanto, las propietarias de los conventos. La abadesa cismática llegó a interponer una querella contra la juez por intento de detención ilegal, entre otros delitos, pero el Tribunal Superior de Castilla y León no solo la desestimó, sino que la tachó de «estrambótica», al considerar obvio que el traslado «buscaba indudablemente la protección de dichas mujeres, de avanzada edad y en situación de discapacidad».

La visita de la Guardia Civil a Orduña sí sirvió para llevarse detenida a sor Paloma. Tanto ella como la abadesa han pasado la noche en los calabozos («un caso inédito», según Canals) y este viernes se espera su comparecencia ante la juez. El instituto armado no ha brindado muchos detalles sobre la investigación, que sigue en curso, más allá de que arrancó con una información sobre la presencia en el mercado de antigüedades de piezas que podían pertenecer al convento de Belorado. Recuperaron una de ellas, y los registros de este jueves tenían por objeto comprobar la ausencia de otros objetos valiosos. Según Canals, las ventas en cuestión se realizaron entre marzo y abril de 2023, es decir, antes del cisma: «Entonces eran una comunidad más y, aunque no conocemos exactamente a qué cosas se refieren, se trata de cálices, juegos de cuchillos, elementos de liturgia... En todos los monasterios se acumulan objetos de este tipo y a veces se les da salida, son actuaciones que se deciden en capítulo. Creemos que en este caso se ha buscado la 'pena del Telediario', la imagen de una monja detenida».

Esta mañana, las exclarisas tenían que pasar por el juzgado de Briviesca para declarar sobre el Audi que donaron para las víctimas de la dana, aunque finalmente solo han llegado a testificar dos de ellas. Como todas las propiedades del convento, el vehículo pertenece a la comunidad legítima, cuyo superior en esta situación excepcional es el comisario designado por la Santa Sede, es decir, el arzobispo Mario Iceta. Por lo tanto, las monjas cismáticas no tendrían derecho a disponer de él, ni siquiera para regalarlo.