El encierro infinito

Un niño rohingya corre por un cultivo próximo al campamento de refugiados, al otro lado de la alambrada. / zigor aldama
Un niño rohingya corre por un cultivo próximo al campamento de refugiados, al otro lado de la alambrada. / zigor aldama

Dos años después de la limpieza étnica que llenó los campos de refugiados de Bangladesh, un millón de rohingyas se hacinan en condiciones infrahumanas

ZIGOR ALDAMA

Desde una de las torretas de vigilancia situadas en lo alto de una suave colina, el mayor campo de refugiados del mundo es una interminable sucesión de chabolas de madera, bambú y chapa que se pierde en el horizonte. Aquí y allá, un árbol solitario se mantiene en pie de forma precaria sobre el polvoriento terreno que acoge a casi un millón de personas de etnia rohingya. Hasta hace dos años, la mayoría de estos montículos del sureste de Bangladesh componían un frondoso bosque que los elefantes cruzaban tranquilamente en su migración por el sur de Asia.

Todo cambió en agosto de 2017, cuando Birmania puso en marcha lo que Naciones Unidas ha calificado como «una limpieza étnica de manual». Con la excusa de combatir al grupo guerrillero de esta minoría musulmana, considerada la etnia más perseguida del mundo, el ejército de Myanmar -la antigua Birmania- y la población budista iniciaron una brutal campaña de asesinatos, violaciones y quema de viviendas que provocó una de las mayores crisis humanitarias de este siglo: en solo un mes, medio millón de personas cruzaron el río Naf, que dibuja la frontera entre ambos países; un año después, su número había aumentado a más de 730.000, que ahora se suman a los que ya huyeron durante las recurrentes oleadas de violencia que han sacudido la región desde 1978.

«Los soldados fueron casa por casa, robando todo lo de valor y separando a los hombres de las mujeres y de los niños. A ellas las violaron. Le sucedió a mi sobrina, que tuvo suerte de que no la ejecutaran después. A muchos niños sí que los mataron. Lo vi con mis propios ojos. En una ocasión, tuve que hacerme el muerto para no correr la misma suerte que un amigo mío, que fue decapitado», recuerda Shofike Alom, un hombre de 45 años que escapó en septiembre de 2017 y que ahora vive con su mujer y sus cinco hijos en una chabola del campo de Unchiprang. «Por lo menos, hemos conseguido que toda la familia se salve», apostilla, buscando cierto consuelo.

Menos suerte tuvo Hasina. «Los soldados mataron a mi marido y decidí huir con mis dos hijos. No fue fácil. Tuvimos que dejar atrás todo lo que teníamos, incluso a mis padres, que no están en condiciones de hacer el viaje. A mí me dispararon en el tobillo, caí, y me rompí la mano. Aun así, logramos llegar», recuerda esta mujer de 30 años que comparte chabola con otras tres personas y que acaba de dar a luz a una nueva niña en el campo número 20.

Allí se ha reencontrado con familiares y conocidos a los que perdió la pista durante el éxodo. Juntos acuden a los grifos en los que pueden abastecerse de agua dos veces al día, hacen largas colas con sus cartillas de racionamiento para recibir del ejército bangladeshí las lentejas, el arroz y el aceite que les mantienen vivos, y llevan a los más pequeños a las rudimentarias escuelas que Unicef gestiona para evitar que los niños, que suponen en torno a la mitad de los refugiados, terminen convertidos en una generación perdida.

Una minoría perseguida

Mientras tanto, ya apenas quedan ciudadanos rohingya en Myanmar, un país en el que son considerados inmigrantes bengalíes llegados de forma ilegal en el siglo XIX con los colonizadores británicos. Esa es la razón por la que el Gobierno de Naypidó rechaza reconocer a los rohingya como una de las 134 minorías étnicas del país, les niega la nacionalidad y el acceso a multitud de servicios básicos, y los confina al Estado noroccidental de Rakhine. «Estamos felices de seguir con vida y en Bangladesh nos sentimos más seguros, pero tememos no poder salir de los campos nunca más», apostilla Hasina.

Ese es un temor que comparten la mayoría de los refugiados. Naciones Unidas presiona a Myanmar para que ponga en marcha un proceso de repatriación, pero los rohingya exigen que se cumplan unas condiciones mínimas que chocan frontalmente con el odio que les profesa la mayoría de la población birmana. «Solo volveremos si se garantiza nuestra seguridad, se nos concede la nacionalidad y el acceso a la sanidad y la educación públicas, se devuelven nuestras propiedades y se respeta nuestro derecho a la libre circulación y a profesar el islam», enumera Mustafá, un activista rohingya del campo 16 que prefiere no dar su apellido para evitar represalias.

A finales del mes pasado, una delegación gubernamental birmana visitó los campamentos, situados cerca de la ciudad de Cox's Bazar, y prometió la naturalización a quienes puedan acreditar que llevan más de tres generaciones en Myanmar, algo que ya está recogido en la Ley de Ciudadanía de 1982. «Una vez que los padres obtienen la ciudadanía por esta vía -que no otorga los mismos derechos que la nacionalidad del resto de la población-, sus descendientes también tienen derecho a ella», comentó el pasado día 27 el secretario de Asuntos Exteriores birmano U Myint Thu.

Un nido de yihadistas

«A partir de las tres de la tarde, no podemos quedarnos en los campos de refugiados». La advertencia nos la hace Nitin V. George, responsable de Comunicación de Médicos Sin Fronteras en Cox's Bazar. «Hay problemas de seguridad», reconoce sin dar muchos más detalles. Los residentes de los campos sí que se explayan un poco más. «Aquí operan traficantes de drogas y de personas. No es seguro salir cuando cae el sol», comenta una refugiada llamada Sabikun. La noche pertenece a mafias de todo tipo. Y en la chabola Samjida Begum se hace patente que entre los refugiados tampoco faltan simpatizantes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA), el grupo guerrillero cuyas acciones contra puestos de las Fuerzas de Seguridad de Myanmar detonaron la crisis humanitaria de 2017. No en vano, en una de las paredes luce el calendario imprimido por ARSA, ilustrado con las fotografías de un niño muerto y de un grupo de rohingyas escapando a Bangladesh. «La lucha armada es una respuesta lógica a las continuas violaciones de los derechos humanos que sufrimos los rohingya. Son libertadores», apoya Mustafá, uno de los activistas de los campos.

«Todos sabemos que hay una conexión entre los imanes de las mezquitas y los guerrilleros, que suelen campar a sus anchas por los campos y se financian con el negocio de la droga», añade un cooperante extranjero que prefiere mantenerse en el anonimato. Ninguno de los religiosos acepta hablar con este periodista, al que también niegan el acceso a las mezquitas de los campos. «Somos una organización étnico-nacionalista que opera únicamente en la tierra ancestral de Arakán -estado Rakhine de Myanmar- y que no se expande a otros países», se define el grupo en su cuenta de Twitter. Pero todo apunta a que miente y a que sus integrantes a menudo cruzan la frontera de Bangladesh.

El problema, rebaten airados en los campos de refugiados, es que la mayoría de quienes huyeron de la violencia no llevaron consigo los documentos que el Gobierno exige para iniciar el proceso, y que los militares se encargaron de destruir cuando pegaron fuego a decenas de pueblos de mayoría rohingya. «Se nos ha discriminado desde hace décadas por nuestra raza y nuestra religión. Se ha hecho todo lo posible para empobrecernos, y no hay razón para pensar que la situación vaya a cambiar si regresamos a Myanmar. No nos fiamos de las promesas de sus políticos», afirma Mustafá, que también escapó del país en agosto de 2017.

Condiciones deplorables

No obstante, todos coinciden en la necesidad de buscar una solución al problema lo antes posible, porque los campamentos están al límite, las condiciones de vida son deplorables y el mantenimiento es un enorme lastre económico para Bangladesh. Los 20 millones de dólares que el Gobierno destina a los refugiados cada año suponen una factura muy abultada para uno de los países más pobres del continente.

Además, la repentina explosión demográfica provocada por el éxodo rohingya provoca continuos roces con la población local, es el caldo de cultivo perfecto para el contagio de enfermedades, y se traduce en un grave problema medioambiental debido a la continua deforestación de los bosques en los que habitan los refugiados. Por si fuese poco, la falta de oportunidades económicas ha disparado el tráfico, tanto de personas como de estupefacientes. «Solo podemos acceder a trabajos de construcción y adecentamiento de los campos, por los que nos pagan 250 takas (2,7 euros) al día», se queja un hombre que abre una zanja en el campo 15.

Una de las soluciones propuestas incluye la reubicación de unos 100.000 rohingyas en una isla deshabitada de la bahía de Bengala. La primera ministra bangladesí, Sheikh Hasina, afirmó en febrero que se trata de una solución temporal para descongestionar los campos de Cox's Bazar, pero los detractores del plan denuncian que es un territorio que a menudo queda sumergido por las fuertes lluvias y que apenas cuenta con accesos. «Sería equiparable a un campo de concentración», afirma Mustafá. Consciente del peligro de que el problema se haga crónico, él aboga por una solución intermedia. «Si nos diesen estatus de refugiados, podríamos ser acogidos por otros países o, al menos, movernos por Bangladesh y tratar de buscarnos la vida», razona.

«Nunca te acostumbras a la muerte»

«Es muy posible que se corte la comunicación, porque a menudo se cae internet o se va la luz». Juan Carlos Martínez advierte de una realidad que, efectivamente, se impone durante la accidentada conversación que mantiene desde Bangladesh con este periódico. Cuando la red no flaquea, son los ensordecedores bocinazos de los camiones los que dificultan escuchar con claridad a este pediatra argentino de 33 años, cooperante de Médicos Sin Fronteras, que lleva más de dos meses inmerso en los campos de refugiados rohingya. Su objetivo va más allá de salvar la vida de los niños enfermos que trata en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital que gestiona la ONG: él también se dedica a formar al personal sanitario local, para que adopte protocolos y modos de actuar propios de los centros médicos occidentales. «Tenemos que lograr hacer mucho con recursos muy limitados», explica.

-Ha trabajado antes en tres países africanos. ¿Qué diferencia a la crisis de los rohingya de las que vio allí?

-Cada misión tiene sus propias características, pero en este caso yo destacaría dos cosas fundamentales. Por un lado, la magnitud de la emergencia. En los campos hay casi un millón de personas. Es como una ciudad enorme que nunca acaba. Por otro lado, los refugiados son ciudadanos de otro país, no desplazados internos. Esto complica mucho todas las operaciones porque están sujetos a multitud de restricciones, incluida la de movimiento. El hacinamiento y la falta de higiene facilitan el contagio de enfermedades.

-¿Cuáles son las más comunes?

-Las diarreas agudas son muy habituales. Pueden parecer poca cosa, pero a veces resultan letales. Además, tenemos muchas enfermedades respiratorias y de la piel. Afortunadamente, la malaria y el cólera no son ahora problemas importantes, pero hemos detectado un brote de dengue. También hay muchos casos de sarampión, porque la mayoría de los rohingya no han sido vacunados. La situación es muy compleja.

-Durante nuestra visita a los campos la mortalidad de los niños enfermos rondaba el 30%. ¿Se acaba acostumbrando a la muerte?

-Mire, en los cuatro años que ejercí en Argentina creo que vi unas 20 muertes. En África eran en torno a dos al día. Así que en un mes allí asistí a muchos más fallecimientos que en toda mi vida anterior. En Bangladesh la mortalidad está entre el 20% y el 30%, así que la muerte es parte del día a día. Pero nunca te acostumbras a ella.

-Tiene que ser muy frustrante.

-Lo es. La tristeza es enorme, y es muy difícil sentir satisfacción con el trabajo. Al menos de forma inmediata. Pero hay que ser paciente y constante, porque la diferencia la marcamos a largo plazo. Estamos formando a personal sanitario que será clave para reducir esa mortalidad, y preparándolo para hacer frente a diferentes adversidades con más garantías de éxito. En cualquier caso, para mí lo peor de la muerte es no saber qué la ha provocado. Con los medios de los que disponemos aquí podemos aproximarnos a las causas, pero no siempre trabajamos con certezas.

-Hay quienes critican que las ONG hacen el trabajo que corresponde a los gobiernos, y que los países que reciben ayuda se hacen adictos a ella. ¿Qué opinión tiene al respecto?

-Médicos Sin Fronteras generalmente trabaja en emergencias puntuales, pero es cierto que en Bangladesh lleva ya diez años. A menudo debatimos sobre la cuestión que plantea, porque es cierto que existe esa posibilidad de que se desarrolle una dependencia de la ayuda. Pero yo siempre llego a la conclusión de que no existe otra opción. Trabajamos en países con recursos muy reducidos y poca capacidad de respuesta ante crisis como la de los rohingya. Este caso concreto es especial porque muchas organizaciones se han volcado en él, pero en otros lugares MSF es la única ONG presente. Si nosotros no ayudamos a esta población vulnerable, ¿qué futuro le espera?

-¿Y qué futuro le augura a la crisis de la etnia rohingya? Parece que tiene difícil solución.

-La mayoría de los conflictos en el mundo están provocados por intolerancia, falta de educación y de comunicación, y ansia de poder. Este no es una excepción. Ahora mismo tenemos un millón de personas con acceso muy limitado a salud y educación, y con una nutrición deficiente. Es una situación que se da en otras partes del mundo. Si estos focos de conflicto se hacen cada vez más numerosos, la intolerancia y las luchas por los recursos y el poder también aumentarán, con el consiguiente riesgo de que problemas que considerábamos ajenos terminen salpicándonos a todos. Por eso, buscar una solución no solo beneficiará a los rohingya sino a todos nosotros.