Nuevo intento para comprar los terrenos para ampliar el Palacio de Justicia de Orihuela

Nuevo intento para desatascar la ampliación del Palacio de Justicia. La compra de dos parcelas anexas a los actuales juzgados de Orihuela quedó enfangada en la pasada legislatura. A la llegada del nuevo Consell de Carlos Mazón, se planteó como una de las deudas de más urgente resolución por parte la Generalitat. El Ayuntamiento vuelve, así, a las andadas. Este lunes ha publicado en su plataforma de contratación un proceso de adquisición por compraventa de dos parcelas situadas en los números 6 y 8 de la calle Cruz, las mismas que lindan por el interior de la manzana con la sede judicial.

Según recoge la memoria descriptiva de este procedimiento al que solo pueden concurrir los propietarios de los citados inmuebles, recoge todo el tortuoso proceso que empezó ya su tramitación en octubre de 2020. Entonces la Subdirección General de Infraestructuras y Mantenimiento de Sedes Judiciales de la Generalitat solicitó formalmente al Ayuntamiento la incorporación de inmuebles en la ciudad, con el objetivo de ampliar y unificar las instalaciones de la sede judicial local.

La decisión de adquirir esos terrenos en pleno casco histórico, junto a la plaza Santa Lucía, figura recogido y forma parte del convenio firmado el 11 de febrero de 2019 entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Justicia. Este acuerdo alcanzado entre el exalcalde Emilio Bascuñana (PP) y el expresident Ximo Puig (PSOE) buscaba darle solución al problema enquistado de la gestión de los juzgados en Orihuela. La actual sede fue construida con fondos propios por el Ayuntamiento bajo mandato del exalcalde José Manuel Medina (PP). El Consistorio quería que la Generalitat asumiera la gestión del inmueble, que es de su competencia, a cambio de que Valencia, a su vez, cediera a Orihuela los antiguos juzgados.

En febrero de 2022, la propiedad de los inmuebles ofreció formalmente los solares de la calle Cruz mediante la presentación de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia firmada ante notario el 21 de diciembre de 2021. Tras este ofrecimiento, el Ayuntamiento solicitó la designación de un técnico para realizar la valoración de los inmuebles, con el fin de proceder a su adquisición directa, de acuerdo con la normativa vigente.

La valoración técnica fue emitida el 23 de mayo de 2023, después de la moción de censura que aupó a Carolina Gracia (PSOE) a la alcaldía. Esta concluyó que el valor total de los inmuebles ascendía a 27.403,47 euros. La propiedad aceptó esta valoración y, el 7 de julio de 2023, se suscribió un acta de conformidad para formalizar la adquisición de las parcelas con la finalidad de cederlas a la Conselleria de Justicia para la ampliación del Palacio de Justicia.

El gobierno PSOE-Cs, por otra parte, sacó a licitar la compra del número 10 de la calle Cruz. El concurso, sin embargo, quedó desierto y el nuevo equipo de gobierno PP-Vox resolvía en septiembre del año pasado sacar una partida de remanentes de tesorería, unos 86.870 euros, para formalizar la compra de los terrenos que se les atascó a sus predecesores. En diciembre del año pasado, el Consistorio recurrió a una adjudicación directa para hacerse con el solar que se le atascó a PSOE y Cs por 59.446,96 euros.

Ahora se suman los números 6 y 8 de la misma calle. La adquisición directa de estos inmuebles está justificada «por su especial idoneidad para el proyecto de ampliación del Palacio de Justicia, debido a su ubicación colindante con la sede judicial actual, y por la urgencia derivada de la necesidad de mejorar las instalaciones judiciales en la ciudad».

Anteriormente, en esa misma parcela, se erigían dos bloques de viviendas en estado ruinoso que, debido a su deficiente estado, no soportaron la tormenta y las inundaciones que trajo la Dana de 2019. El fenómeno meteorológico hizo finalmente que la estructura de estas viviendas colapsara. Desde entonces son dos solares totalmente libres para su construcción.

El proceso de adquisición de estos inmuebles se encuentra ahora, según reocge la memoria publicada este lunes, en la fase de formalización del contrato, el cual será perfeccionado con la inscripción de los inmuebles a nombre del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad. El contrato, que cuenta con un presupuesto, en este caso, de 27.403,47 euros y será firmado en escritura pública ante notario, permitiendo así su cesión a la Generalitat.

El pasado julio, la consellera de Justicia, Salomé Pradas, que recién estrenaba el cargo tras la salida de Vox del Consell, visitaba Orihuela y anunciaba que la cesión a la Generalitat de estos terrenos era «cuestión de semanas», pero reconocía al mismo tiempo que no vislumbraba el inicio de las obras de ampliación antes de 2026.

A principios de este mes, la consellera regresaba a la ciudad y se comprometió a iniciar los trámites para licitar la redacción del proyecto tan pronto como el Ayuntamiento hiciera efectiva la cesión de los terrenos. El alcalde, Pepe Vegara, en este sentido, aseguró que esa entrega del solar «está prácticamente solucionada».

La ampliación de los actuales juzgados es una reivindicación por parte de los trabajadores de justicia desde hace años, donde es común observar archivadores en pasillos y cajones llenos de papeles por doquier. Incluso, dado el volumen de casos que arriban al Palacio de Justicia oriolano, los trabajadores ya requieren de la creación de un nuevo juzgado que descongestione a sus homólogos.

Tal es la saturación del actual edificio que dos de los juzgados de instancia se encuentran trasladados a un local alquilado en la misma calle Santa Lucía. Asimismo, los sindicatos ya han denunciado en anteriores ocasiones la falta de cobertura de plazas para psicólogos y el colapso en el Juzgado de Violencia contra la Mujer por falta de personal y recursos materiales.

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