Una de cada cuatro segundas residencias en uso en Orihuela están calificadas como turísticas

La proliferación de viviendas turísticas es un tema que cada vez preocupa más a los ciudadanos, en especial a los de las grandes ciudades. Vecinos de barrios enteros se ven obligados en lugares como Barcelona a desplazarse a lugares más periféricos buscando huir precisamente de la masificación turística. Este problema, si bien no alcanza a la propia ciudad de Orihuela, sí empieza a tener cierta presencia significativa en la costa. Según datos ofrecidos este jueves por el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, el municipio cuenta con 5.760 viviendas turísticas registradas e inscritas en el portal de la Generalitat Valenciana. Una cantidad a la que, si se suman todas las solicitudes que permanecen en cola en el área de Urbanismo del Ayuntamiento, harán pronto un parque de alquiler vacacional cercano a las 7.000 viviendas. Algo que, tradujo Matías Ruiz, hará que una de cada cuatro segundas residencias en uso tengan ya la calificación de vivienda turística.

El edil, que posicionaba el voto del PP en una moción elevada al pleno de este jueves por Cambiemos, tildó el dato de «positivo». Asimismo, reseñó que, ni en Urbanismo, ni en la Policía Local, constan quejas o problemas de convivencia derivados de la existencia de este tipo de viviendas.

Matías Ruiz, asimismo, incidió en que el fenómeno es residual en el centro histórico, mientras que tiene especial incidencia en el litoral. Indicó que, en total y según datos del Instituto Nacional de Estadística tomados de los registros de consumo eléctrico, Orihuela tiene inventariadas 88.508 viviendas, de las cuales 31.863 son primera residencias y 56.645 viviendas son segundas residencias y viviendas vacías, «por tanto, hay unas 32.536 viviendas de segunda residencia que se usan realmente».

Este «interesante» dato, contó Ruiz, es el que emplean para estimar la población que realmente reside en Orihuela Costa. «Si en 32.536 viviendas aplicamos tres habitantes por cada una nos da en torno a 90.000 personas que, de normal, consumen energía eléctrica en la costa».

La moción de Cambiemos instaba a la Concejalía de Urbanismo a unirse al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y a la Federación Española de Municipios y Provincias para la investigación de viviendas turísticas en alquiler ilegales; fenómeno que, achacan, «favorece que los precios del alquiler suban exponencialmente con respecto a otros lugares de la geografía española, dando lugar a que personas con necesidades habitacionales o jóvenes no puedan acceder a alquilar o comprar una vivienda», defendía la portavoz de la formación municipalista, Leticia Pertegal. «Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, actualizados a principios de este año, la provincia de Alicante es la que más residencias turísticas posee en nuestro país, con un total de 38.007», recordaba la edil.

Matías Ruiz, en representación del PP, posicionó su voto de su grupo político en la abstención e indicó a Pertegal que «en el área de Urbanismo no somos del todo competentes para fiscalizar revisar e investigar esta cuestión y, además, no tenemos recursos en este momento».

Asimismo, el edil, en su segunda intervención, puso en cuestión la iniciativa que emprende el Gobierno de España de empoderar a las comunidades de propietarios para que en ellas recale en última instancia la decisión de aceptar o no la presencia de pisos turísticos en sus edificios. Asimismo, desveló que, en las intenciones de la consellera de Turismo, Nuria Montes, está que los ayuntamientos puedan establecer límites a la proliferación de viviendas turísticas allá donde más abunden, así como otorgar a los ayuntamientos capacidad sancionadora.

Ante las palabras de Ruiz, Pertegal insistió en la necesidad de que Orihuela no dependa económicamente del turismo e invierta en generar puestos de trabajo en el sector industrial y tildó la iniciativa del Gobierno central de revisar la legalidad de las viviendas turísticas como «necesaria».

En cuanto al resto de grupos, el PSOE manifestó su apoyo rotundo a la moción e insistieron en que la intención de la misma pasa por «regular» las viviendas que permanecen en situación irregular y en ningún caso, dijeron, por «restringir». Vox y Cs, por su parte, se unieron a la abstención de los populares. En el caso de los naranjas porque entendían que posicionarse a favor podía lanzar un mensaje de rechazo por parte del Ayuntamiento hacia los turistas. Vox, asimismo, llamó a encontrar el «equilibrio» entre la dinamización del turismo y la convivencia vecinal. Todo ello dio como resultado la aprobación de la moción con los votos favorables de PSOE y Cambiemos y la abstención de PP, Vox y Cs.

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