El Consistorio de Torrevieja propone deducir 577.000 euros de facturas de la contrata de basuras
La medida se sustenta en los informes técnicos acerca de posibles deficiencias en la prestación de servicios
El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de un decreto de alcaldía, ha propuesto detraer un total de 577.547,24 euros (IVA incluido) de las facturas correspondientes a la prestación de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), transporte a vertedero, limpieza viaria y mantenimiento de la costa, realizadas por la empresa Acciona entre los meses de julio y noviembre de 2023. La medida, según justifica el Ayuntamiento, se fundamenta en sucesivos informes técnicos que señalan posibles deficiencias en la prestación de los servicios contratados. Los incumplimientos observados dieron lugar a penalidades y a una solicitud para que la empresa presentara los costes unitarios por servicio.
El decreto especifica que, a pesar de que las facturas mensuales se abonaron regularmente para evitar desequilibrios presupuestarios, las deducciones acumuladas por los servicios deficientes se agruparon en un solo ajuste.
Las cantidades detraídas, según ha podido saber este periódico, vienen desglosadas por tipo de servicio. De la recogida de residuos sólidos urbanos se propone deducir 47.099,94 euros, de la limpieza de playas 14.608,98 y la limpieza viaria 515.838,32 euros
Acciona presentó alegaciones a las penalidades el 4 de julio de 2024. Sin embargo, estas fueron desestimadas mediante un informe técnico emitido el 14 de agosto de 2024, que ratificó como constatadas las deficiencias detectadas en los servicios.
En el decreto se establece que las cantidades indicadas serán descontadas de la próxima facturación de la empresa. Además, la resolución será notificada formalmente a Acciona.
El Consistorio ampara su decisión en la Ley de Contratos del Sector Público y en el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado en 2020, que regulan la ejecución y fiscalización de los servicios contratados.
Acciona tenía desde que se le adjudicara el servicio en 2022 un plazo de un año de implantación. Pese a que los técnicos municipales suelen ser los encargados de la supervisión del cumplimiento de los contratos y en previsión de que ese periodo de tiempo inicial terminase, el equipo de gobierno contrató con una empresa externa, la consultora Quipons, el seguimiento. Los resultados fueron desvelados por el PSOE y arrojaban una serie de posibles incumplimientos.
Los socialistas forzaron la convocatoria de un pleno de fiscalización y el ejecutivo municipal se comprometió a que aplicaría sanciones. Hasta el momento, según explica la concejal ade Aseo Urbano, María José Ruiz, se han estudiado esas faltas mes a mes, aplicando las graves y esperando a comprobar si las leves se repetían en el tiempo. Son varias las penalidades que han pasado por Junta de Gobierno.
Acciona podría acudir el contencioso después de agotar con el rechazo a sus alegaciones la vía administrativa.
