Salario mínimo

También se suele decir que esta subida «perjudicará a las empresas por la subida y el incremento de los costes salariales». Todas las generalizaciones son malas: ¿a qué empresas supuestamente perjudicará?, ¿a aquellas donde todos los días hacemos la compra? Porque no lo olvidemos: pasar de 1.080 a 1.134 euros brutos (que al final son menos de 40 euros netos mensuales más), no implica que el trabajador se haga rico, simplemente que en el hipermercado o en la tienda de la esquina pueda llevarse a casa –de vez en cuando– algo de fruta, carne roja y pescado fresco e incluso algún capricho alimenticio. Asombra pensar que no nos demos cuenta de cómo vivimos en una sociedad de servicios y consumo, donde los que menos tienen más consumen (con lo que ello supone de movilidad de capital y mejora de la economía de comercios y tiendas de proximidad), mientras los que más tienen consumen poco: cuando ganan algo, compran propiedades inmobiliarias y mobiliarias o invierten en productos de lujo. Por otra parte, los costes salariales para las empresas han subido desde los 735 euros brutos del SMI en 2018 a los 1.080 brutos del SMI en 2023 y el PIB ha crecido en estos años, con lo que no parece que España se haya empobrecido (tampoco se ha roto, pero ese es otro cantar). Sería más razonable y cierto que, en vez de decir que «perjudicará a las empresas por la subida y el incremento de los costes salariales», se afirmara que «perjudicará a algunas empresas porque reducirá sus ganancias y beneficios».

Asimismo, se suele comentar que «los empresarios no se oponen a la subida del SMI, pero reclaman que la subida sea acompañada de medidas compensatorias en competitividad y cargas sociales, que no han llegado por ahora». Bien. Esto es una forma de pedir que se baje la cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa. Es cierto que en España empresarios y trabajadores pagamos 8 puntos más en cotizaciones sociales que la media de la UE, si bien se cuenta con un límite superior de cotizaciones más bajo que en el resto de grandes economías del euro. Tan cierto como que, en la Unión Europea, hay 6 países que tienen más 'cargas sociales' que las españolas. Pero, más allá de los datos, deberíamos preguntarnos para qué están las cargas sociales. A ver, las cotizaciones de la Seguridad Social se destinan a pagar gastos como la cobertura sanitaria, las pensiones o las prestaciones por desempleo, entre otros conceptos. La pregunta es: ¿qué tipo de estado de bienestar queremos los españoles?, ¿un estado mínimo centrado en políticas de seguridad y beneficencia, o un estado pleno de bienestar, con políticas activas de educación, sanidad, dependencia o empleo? Según paguemos, así obtendremos.

Y no nos olvidemos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional: si la población envejece y sólo se rejuvenece gracias a la emigración, necesitaremos fortalecer la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones, con lo que implica de redistribución de rentas. Porque una de dos: o abrimos las fronteras al 100% y nos rejuvenecemos con la sangre de jóvenes de otros países, o nos tenemos que conformar con administrar las menores tasas de crecimiento de una población nacional cada vez más envejecida y conformista. Como dice Jorge López Dioni en su magistral 'El malestar de las ciudades', los conflictos de nuestro tiempo pivotarán en torno a dos grandes dicotomías: propietarios-no propietarios y nativos-no nativos. Trascender estas dicotomías quizás es el dilema más claro que tiene ahora la izquierda global.