Unidad imbatible
Primera Plana ·
Negar la evidencia de que nuestra legislación ordinaria es insuficiente para que las comunidades puedan contener la quinta ola del virus solo nos traerá más problemas. Es bueno tener opiniones discrepantes, pero no despreciar el peso de los hechos
en la dieta planetaria de noticias que consumimos la verdad debería estar presente en todas las salsas, pero lo cierto es que el peso de los hechos mengua cada vez más en el plato. España no es precisamente un oasis en mitad del desierto. Basta que un relato sea verosímil, y se adapte a un posicionamiento previo, para adoptarlo como certeza y defenderlo contra viento y marea. La tendencia es creciente porque, aún teniendo el derecho constitucional a una información veraz, son muchos lo que optan por formarse un criterio con lo primero que les llega a través del móvil o de medios de comunicación que han convertido la información en un puro entretenimiento. Y ya se sabe que la verdad de los hechos suele ser, en la mayoría de los casos, aburrida y previsible.
A veces los acontecimientos son terribles y si se tiene un mínimo de humanidad es natural precipitarse en la valoración de los hechos, aun cuando no se conozcan todos los detalles de lo ocurrido. Hace un par de domingos, cuando trascendió el brutal asesinato a patadas del joven Samuel en La Coruña, hubo decenas de protestas improvisadas en las calles. La posibilidad apuntada por una amiga de la víctima de que la motivación del linchamiento fuera homófoba provocó la reacción de los colectivos LGTBI, que se movilizaron en señal de protesta. Fue una respuesta instintiva y justificada, porque los ataques homófobos son recurrentes, según reflejan las estadísticas de Interior entre 2016 y 2019 (El viernes se conoció en Cieza otra agresión). Lo que resultó más discutible del caso coruñes fueron los pronunciamientos políticos agitando el avispero de las redes sociales, sin esperar a que la Policía avanzara en las pesquisas sobre las circunstancias y motivación de ese execrable crimen. Es una actitud tan irresponsable como la de aquellos políticos que banalizan y niegan ese incremento de la homofobia.
Los hechos quedaron también en un segundo plano cuando, por su cuenta y riesgo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, abrió la 'crisis del chuletón' con una campaña personal en redes sociales abogando por reducir el consumo de carne, aduciendo razones de salud pública y medioambientales. La iniciativa enervó al sector cárnico y pilló fuera de juego a todo el Gobierno, empezando por el ministro de Agricultura, Luis Planas, hasta llegar al propio presidente Sánchez, que quiso cortarla de raíz con aquello de que el chuletón al punto es imbatible. La desautorización del presidente y otros ministros socialistas es más por razones de fondo que de forma. No cabe otra explicación pues es sabido que el documento 'España 2050', presentado en La Moncloa, aboga por reducir el consumo de carne esgrimiendo semejantes razones. En una parte sustancial, lo que dijo Garzón no es ninguna aberración: la comunidad científica, la OMS y la UE están de acuerdo que el consumo de demasiada carne roja es un hábito alimenticio peligroso para uno mismo y para el propio planeta. Pero la credibilidad del mensajero deja bastante que desear, más aún cuando se confunde al hacer un causa general contra la carne, lo que no contribuye a un debate público tan importante, sensible y lleno de matices.
Si el Gobierno quiere concienciar sobre la cuestión más le valía haber recurrido a una voz más autorizada y sin un historial de deslices tan abultado: no es la primera vez que desestabiliza y encrespa a un sector económico de peso. Hace meses fue el turístico, y ahora uno que emplea a muchas miles de personas en toda la cadena alimenticia.
El problema de iniciativas como la de Garzón es que una vez que se han conformado las opiniones iniciales en función de esos mensajes en las redes sociales, la información fáctica que luego se pueda aportar tiene ya poco efecto en una ciudadanía muy polarizada. Ese hecho es muy preocupante en plena pandemia de la Covid-19, la mayor amenaza para la salud pública y la economía mundial de nuestra historia moderna. Los ciudadanos son muy sensibles a las señales que lanzan las élites políticas, cuyos mensajes pueden fomentar la unidad o ahondar en la división social, pueden aumentar la confianza del público en la información proporcionada o por el contrario alimentar la ansiedad. Tras los atentados del 11-S, los dirigentes republicanos y demócratas de EE UU se esforzaron en enviar un mensaje unitario para garantizar a la sociedad que estaba a salvo y que habría una respuesta rápida. Con la Covid cabía esperar idéntica reacción. Pero no ha resultado así en la mayoría de los países occidentales, donde lo que ha abundado son los mensajes políticos con connotaciones negativas, justo aquellos que son los que más movilizan a los ciudadanos en las ágoras digitales.
Las palabras del Rey instando a la unidad en el homenaje a las víctimas de la Covid no podían ser más acertadas y oportunas. La sentencia del Constitucional sobre la ilegalidad del confinamiento en el primer estado de alarma ha provocado un nuevo choque de trenes entre partidos. Y lo que es peor, un cuestionamiento del Gobierno de Pedro Sánchez al Alto Tribunal, lo que menoscaba un pilar institucional del Estado de Derecho. Sánchez hizo lo correcto desde el punto de vista sanitario cuando ordenó el confinamiento de la población en la primavera de 2020, pero ha quedado en evidencia que erró con las herramientas jurídicas utilizadas. La oposición tampoco debería cebarse demasiado en este asunto porque cabe recordar que ninguna formación pidió la aplicación del estado de excepción, que de acuerdo al TC hubiera sido el adecuado para impedir la movilidad de las personas. Toda esta polémica nos distrae sobre lo relevante, que es contener sanitariamente la quinta ola y perseverar en la vacunación, pero también acabar con el caos jurídico surgido con las decisiones contradictorias de los Tribunales Superiores de Justicia sobre la aplicación de los toques de queda y los confinamientos perimetrales. Las comunidades autónomas viven en la inseguridad jurídica, desprovistas de instrumentos legales para hacer frente a medidas de contención. Y esa tarea, indelegable, corresponde al Gobierno central. En su momento, Sánchez asumió el compromiso de desplegar un ordenamiento jurídico alternativo al estado de alarma, pero sigue sin llegar. Negar la evidencia de que la legislación ordinaria es insuficiente nos está trayendo muchos problemas. Comunidad Valenciana, Cataluña y Cantabria han podido aplicar toques de queda para controlar los brotes asociados a los botellones, pero Extremadura y Canarias se toparon con la negativa de sus tribunales. Veremos qué ocurre aquí si el lunes el Comité Covid de nuestra Región aprueba un toque de queda.
Esta falta de foco en lo relevante y esta continua disputa sin fin entre partidos políticos debería acabar de una vez por todas. Centrémonos en los hechos, seamos reflexivos y trabajemos juntos. Por el bien de todos. Lo contrario hace imbatible al virus.
