El suicidio político de Pedro Sánchez

A Pedro Sánchez se le ha avisado por activa y por pasiva. Se lo han dicho sus barones territoriales, y muchos dirigentes provinciales y locales de su partido. Y se lo han dicho las urnas en Madrid, en Castilla y León y en Andalucía. Nadie, medianamente sensato, duda de los grandes aciertos de la política social y económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, por muchos que sean los méritos y aciertos del presidente, Sánchez ha incurrido en dos errores capitales que le pueden hundir. El primero, el pacto de coalición de gobierno con Podemos. Cada vez que abre la boca doña Irene Montero, por ejemplo, el PSOE pierde votos. Hace meses que Pedro Sánchez tendría que haber roto de una vez la coalición, aprovechando alguna de las numerosas discrepancias con Podemos que, con frecuencia, aparecen publicadas. Pero no lo ha hecho.

Pero hay otra política de Pedro Sánchez que la mayoría de la sociedad le reprocha contundentemente. Me refiero a su trato con los separatistas catalanes. Da la sensación de que Pedro Sánchez está cediendo demasiado. En su momento, ya hubo una fuerte contestación social con ocasión de los indultos a los separatistas. Sobre todo, porque nunca han manifestado arrepentimiento alguno, sino todo lo contrario: dicen y reiteran que lo volverán a hacer. Y ahora, con el asunto de la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y convertirlo en un delito de desórdenes públicos agravados, el rechazo y la indignación social se han incrementado.

Es verdad que, jurídicamente, habría que intentar homologar este delito con otros similares que figuran en las legislaciones de otros Estados de la Unión Europea, aunque solo fuese para que no nos sigan rechazando las euroórdenes de extradición de los separatistas huidos de la Justicia. Y también es verdad que, quizás, políticamente esta reforma del Código Penal pudiera apaciguar, de momento, los delirios independentistas de algunos políticos catalanes. Sin embargo, electoralmente, hacer pública esta decisión de reformar el Código Penal ha sido un tremendo error, cuyas consecuencias perjudiciales no van a ser atenuadas por las ventajas jurídicas o políticas que pudiera implicar.

Y cabe preguntarse: ¿por qué tanto rechazo social?, ¿por qué tanta indignación? Por dos razones: primera, por el momento en que se produce. Pedro Sánchez va a lograr, con el apoyo de los separatistas catalanes, aprobar los Presupuestos Generales. Pero el precio se considera disparatadamente excesivo.

Y la segunda razón es por la importancia en sí del asunto. Ya han pasado cinco años, pero no podemos olvidar lo que sucedió en septiembre y octubre de 2017. Las llamadas leyes de desconexión con España, la desobediencia continuada al Tribunal Constitucional, el espurio e ilegal referéndum del 1 de octubre, la declaración unilateral de independencia de la República de Cataluña... Todas estas conductas supusieron gravísimos atentados a la unidad de España y a la Constitución. Muchos españoles pasamos aquellas semanas angustiados por lo que estaba ocurriendo. Sabíamos que uno de los puntos esenciales de nuestro pacto constitucional en la Transición fue el de preservar la unidad de España. Y que, si los catalanes separatistas rompían esa unidad, se rompería al mismo tiempo la totalidad del pacto de convivencia, y nos estarían de nuevo abocando al enfrentamiento fratricida. Por eso, ahora, no se puede minimizar la gravedad del asunto. Ni decir que la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo fue una venganza de nacionalismo español, ni intentar convencernos de que aquello fue un simple «desorden público» más o memos agravado. En mi opinión, el Tribunal Supremo incluso se quedó corto. El artículo 472 del Código Penal considera delito de rebelión «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». Y esto es precisamente lo que hicieron los separatistas catalanes. Su conducta no fue una sedición, sino una rebelión. Pero no pudieron ser juzgados por el delito de rebelión porque el tipo delictivo del artículo 472 exige que, para conseguir esos fines propios de la rebelión, es preciso alzarse «violenta y públicamente». El Tribunal Supremo no consideró que hubiera mediado violencia. Por eso los juzgó y los condenó por sedición.

En todo caso, el recuerdo de aquellas amargas fechas pesa como una losa en la conciencia colectiva del pueblo español. Y de ahí nace el radical reproche a la desdichada decisión de Pedro Sánchez.

¿Cabría subsanar este gravísimo error? Claro que sí: que el grupo parlamentario socialista retire la proposición de ley de reforma del Código Penal. O más aún, que la única reforma que se haga sea suprimir del tipo del delito de rebelión la palabra 'violenta'. Y que los separatistas sepan desde ahora que, si lo vuelven a hacer, serán juzgados por rebelión.