Reformar para polarizar

De hecho, el propio constituyente en 1978 tuvo que dejar la cuestión abierta y recurrió a una fórmula vaga, «todos tienen derecho a la vida» (art. 15 CE), sin descender a aclarar quienes iban a entrar en ese «todos». Correspondería al legislador democrático en cada momento articular la respuesta concreta a este drama.

Hay quien puede pensar que esta indefinición constitucional es una deficiencia, pero lo cierto es que éste es el precio de contar con una Constitución de consenso que exigía hacer renuncias, algunas dolorosas, para dotarnos de ese marco fundamental y, por ende, de mínimos, donde encajar la pluralidad ideológica. Un espíritu de integración que debemos seguir reivindicando especialmente ahora, en un tiempo político marcado por la polarización.

Y esta es la gran amenaza que se ciñe tras la propuesta gubernamental de reformar la Constitución para incorporar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Un nuevo señuelo del Gobierno de Sánchez que podríamos sintetizar con el titular «reformar para polarizar».

La prueba de que estamos ante un puro señuelo que juega con nuestra Norma Fundamental sin pretender ofrecer una auténtica protección constitucional se encuentra en que el Gobierno propone regular el derecho al aborto no entre los derechos fundamentales, donde se contempla el derecho a la vida (art. 15), sino como un mero principio rector, a colación del derecho a la salud (art. 43). La opción no es baladí, ya que los derechos fundamentales cuentan con un particular sistema de garantías del que no disfrutan los principios rectores. Pero, además, esta opción de incluir el derecho al aborto como un principio rector tendría un efecto contraproducente para los intereses del Gobierno, en la medida que comportaría su degradación respecto del reconocimiento que ha hecho del mismo el Tribunal Constitucional en su más reciente jurisprudencia, donde ha concluido (a mi juicio, excediéndose de su jurisdicción) que la decisión de abortar «forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la integridad física y moral (art. 15)».

A mayores, debemos señalar que seguir ese procedimiento de reforma para incluir el derecho al aborto en el art. 43 sería un fraude procesal. La discusión sobre los contornos del derecho a la vida debe darse en el art. 15, tal y como se hizo en el momento constituyente. Y precisamente el gravoso procedimiento para su reforma busca conjurar que temas fundamentales puedan decidirse por mayorías políticas coyunturales. Su blindaje es una garantía democrática.

En definitiva, estamos ante la antítesis de lo que debe ser una propuesta de reforma constitucional que, insisto, ha de tener siempre como orientación la integración social y política, procurando amplios consensos. Si en Francia han podido llevar a la Constitución el derecho al aborto es porque se han limitado a constitucionalizar una regulación legal que llevaba décadas aprobada y sobre la que existía un consenso social bastante amplio, la cual, además, sigue dejando al legislador un importante margen de maniobra. El ejemplo contrario lo encontramos en EEUU donde los vaivenes de la Corte Suprema al interpretar el derecho a la vida y los límites al aborto han abonado la fractura existente en aquella nación. Este último es el camino que ha seguido nuestro Tribunal Constitucional en sus últimas decisiones y es el que parece que guía al presidente Sánchez. Haría bien en atender las admoniciones de nuestro rey Felipe VI quien hace unas semanas en La Toja, reconociendo la labor de nuestros padres constituyentes, destacó cómo «las soluciones más sólidas y duraderas son siempre las que nacen de la generosidad, el diálogo y la cooperación», sabiendo que «la democracia es pacto, es voluntad de acordar, es construir con y desde la diversidad». Este es el espíritu original de nuestra Constitución que no podemos olvidar. Porque este espíritu de consenso es, como decíamos, el precio de vivir en democracia disfrutando de una sociedad plural y libre.