Una ventana abierta al tercer sector

Un paso hacia la inclusión

La implementación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en España requiere un compromiso renovado

Cada 3 de mayo en España conmemoramos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ... La Convención es un instrumento jurídico internacional que busca promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad. España ratificó esta convención en 2008, comprometiéndose a implementar sus disposiciones y garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

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La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad se basa en el enfoque de derechos humanos, que considera a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no exclusivamente como sujetos que necesitan para su sustento de la caridad o la asistencia social, apostando por los procesos de autonomía y alejándose de posicionamientos y políticas meramente asistenciales. Este enfoque pretende empoderar a las personas con discapacidad y garantizar su participación plena y efectiva en la sociedad, aportando talento y capacidades.

La implementación de la Convención en España está siendo un proceso gradual que ha involucrado a diversas instituciones y organizaciones como el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y al conjunto del Tercer Sector de Acción Social. Los distintos gobiernos de España han ido adoptando varias medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, como la creación de la Oficina del Alto Comisionado para la Discapacidad, que se encarga de coordinar las políticas y programas en favor de las personas con discapacidad. No podemos olvidar que los países que se han unido y han suscrito la convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar el desarrollo de los derechos reconocidos en la Convención, aboliendo las leyes, los reglamentos, las costumbres y las prácticas que constituyen discriminación de las personas con discapacidad, tal como regula el artículo 4 de la Convención.

Sin embargo, a pesar las obligaciones para el conjunto de los gobiernos y para España, como Estado que ha suscrito la Convención siguen existiendo importantes desafíos que nos permitan garantizar la plena implementación de la Convención en España. Reconociendo los avances alcanzados, nos gustaría identificar algunos de los desafíos y retos que tenemos por delante.

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La accesibilidad es un aspecto fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Sin embargo, todavía existen barreras arquitectónicas y de comunicación que limitan la participación de las personas con discapacidad en la sociedad.

El empleo es otro pilar clave para la inclusión social y económica de las personas con discapacidad. Sin embargo, estas personas enfrentan barreras importantes para acceder a empleos dignos y bien remunerados, a día de hoy la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad es más del doble que el de las personas sin discapacidad.

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La educación es otro de los componentes fundamentales para el desarrollo personal y social de las personas con discapacidad. Sin embargo, todavía existen barreras para garantizar la inclusión educativa de las personas con discapacidad, pues no se tiene garantizada la educación inclusiva para todos los alumnos con necesidades educativas especiales. No podemos olvidar que la educación de las personas con discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, los talentos y la creatividad .

La sociedad civil juega un papel clave en la implementación de la Convención en España.

Las organizaciones de personas con discapacidad están trabajado para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, y colaboran con los gobiernos para que adopten medidas efectivas para garantizar la igualdad de oportunidades, pero la implementación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en España es un proceso continuo que requiere un compromiso renovado de todas las partes involucradas. El Gobierno español, las organizaciones de personas con discapacidad y la sociedad civil debemos trabajar juntos para garantizar la plena implementación de la Convención y promover la inclusión social y económica de las personas con discapacidad.

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En definitiva. la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU es uno de los instrumentos jurídicos más importantes para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, siendo uno de los textos más aludidos en las distintas leyes que buscan promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, aunque no es menos cierto que su implementación no se corresponde con los deseos del movimiento de la discapacidad, que vemos cómo aún estamos lejos de conseguir la plena inclusión, pues aún existen desafíos importantes para pensar que se ha conseguido. Sigamos trabajando.

Habida cuenta de que es esencial que cambien las percepciones para mejorar la situación de las personas con discapacidad, los países que han ratificado la Convención y, por tanto España, deben trabajar de forma concreta desde las diferentes políticas por combatir los estereotipos y los prejuicios que siguen existiendo en nuestra sociedad, promoviendo la conciencia de las capacidades de las propias personas con discapacidad.

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Es momento de recordar que los derechos que no se conocen, no se difunden y no se defienden activamente, se pueden perder. Es momento de recordar que la defensa de los derechos de las personas con discapacidad es la defensa de los derechos del conjunto de la ciudadanía, y a todos nos afecta y nos implica.

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