Otra vez la corrupción

Esta semana, la Audiencia Provincial de Murcia ha hecho pública la sentencia en la que condena a Pedro Antonio Sánchez a tres años de cárcel y a diecisiete de inhabilitación para cargo público. La noticia es importante en sí misma, porque se trata de un señor que ha sido presidente de la Comunidad Autónoma. Pero también lo es porque permitiría abrir dos debates: uno, que impulsarán el PSRM y los demás partidos de izquierda, sobre la supuesta corrupción de otros dirigentes del PP durante estos veintiocho años en la presidencia de la Comunidad. «Demasiado tiempo sin levantar las alfombras», dirán. Y otro debate interno, que seguramente plantearán los mismos militantes del PP, al preguntar que, si en el momento de ser designado candidato a la presidencia se sabía perfectamente que Pedro Antonio Sánchez tenía ya por entonces problemas judiciales, por cuanto que estaba siendo investigado por varios asuntos no claros, ¿por qué se le designó candidato, relegando a Alberto Garre, que había ejercido la presidencia con honradez y eficacia? Y, sin duda, ambos debates darían mucho de sí.

En medio de esta trifulca electoral, los ciudadanos deberíamos mantener la calma. Tras más de cuarenta años de democracia, hemos visto ya muchas cosas, y estamos curados de espanto. En relación a este asunto de la corrupción, a estas alturas deberíamos tener claras algunas ideas, que nos permitirían analizar los hechos escandalosos con cierta serenidad.

1. En primer lugar, ya sabemos que la corrupción consiste en anteponer el interés particular al interés general. En el sector público, los ámbitos en los que con más frecuencia aparece este fenómeno son en los de la contratación pública, el urbanismo, las subvenciones y la política de personal. Casi todas las conductas que en estos ámbitos anteponen un interés particular al general, se encuentran ya previstas, tipificadas y sancionadas en el Código Penal. Así que, aunque los procesos penales sean lentos, hay que confiar en la Justicia, que al final pone las cosas en su sitio.

2. En segundo lugar, debemos tener claro que, afortunadamente, la corrupción no es un fenómeno general. La casi totalidad de los políticos son gente honrada, con vocación de servicio, que no prevarica, que no falsifica documentos públicos, que no abusa de su poder, ni incurre en amiguismos ni nepotismos. Los que corrompen son una exigua minoría. Lo que ocurre es que, cuando se conocen los hechos y aventuras de un corrupto, suele estallar un enorme escándalo social. Pero estas resonancias mediáticas no deberían hacernos perder la perspectiva: los corruptos son pocos. Debemos seguir confiando en la política y en nuestros políticos.

3. Ahora bien, la corrupción de unos cuantos nos sale cara al resto de los ciudadanos. Las 'mordidas' que pagan algunos se las terminan cobrando de un modo u otro de los presupuestos públicos, que se nutren de los impuestos que pagamos todos.

Por eso hay que exigirles a los partidos políticos que ejerzan un minucioso control preventivo de la corrupción, de modo que no se les cuele nadie con ánimo, por ejemplo, de hacerse rico con la política, o de colocar en cargos públicos a sus parientes, amigos e hijos de amigos incapaces de abrirse paso en la vida.

4. Y, en fin, para que las cosas en España vayan mejor, toda la sociedad española debería poner en práctica una tolerancia cero con la corrupción. Pero, lamentablemente, estamos lejos de conseguir este objetivo. No a todo el mundo le parece mal la corrupción de los 'suyos'. Mucha gente los disculpa, diciendo, más o menos, que todos son iguales. Y para otros, cuyo objetivo fundamental en la vida es enriquecerse, a cualquier precio y sin reparar en medios, la corrupción de los políticos no les escandaliza, sino que les despierta el deseo de emularlos para también ser ellos ricos y poderosos.

5. Así pues, no viene mal en esta materia un poco de pesimismo antropológico. Y recordar lo que decía Maquiavelo: «Hay que confiar en la bondad de las normas más que en la bondad de los hombres». O, dicho de otra forma: siempre nos quedará el Código Penal.