Dos anuncios en apenas 24 horas –las 53.000 vivendas que obligará a sacar del alquiler temporal para intentar convertirlo en permanente y la ayuda ... de 30.000 euros para arrendar, con opción a compra, pisos protegidos– certifican el intento del presidente Sánchez de resucitar el combate contra la carestía del mercado inmobiliario como uno de los ejes de la legislatura. De hecho, los múltiples frentes que tiene el Gobierno abiertos no deberían apartar este objetivo de sus prioridades y tampoco a la oposición, máxime cuando el PP comanda la mayoría de las comunidades con competencias. Pero Sánchez no puede seguir transitando por la principal problemática social del país –y, singularmente, de sus jóvenes– como si no llevara siete años en el poder, como si no hubiera promovido una ley de vivienda que, en algunas de sus previsiones, ha resultado contraproducente y anunciando medidas a goteo sin mayores precisiones. Por de pronto, y a la espera de que el Gobierno clarifique los detalles, subvencionar la vivienda protegida para favorecer que los inquilinos puedan acabar comprándola supone incidir en la cultura de la propiedad que se pretendía contrarrestar con arrendamientos más asequibles que nunca terminan de cristalizar.
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