En defensa del Estado

En el ámbito doméstico parece más que razonable la decisión de instalar un sistema de alarma en una vivienda o local de negocio para reforzar la seguridad ante cualquier agresión a las personas o a sus bienes, o evitar la repetición si previamente se ha sido objeto de ella. Pero, si nos trasladamos al plano político, esa lógica parece cuestionarse de forma interesada por quienes adoptan determinadas posiciones sobre la problemática en Cataluña.

El mecanismo defensivo de quienes quieren reforzar la posición del Estado contrasta con la estrategia de aquellos otros que pretenden que este se debilite ante sucesos similares a los que hemos vivido en directo a través de propuestas que suponen un desarme evidente. La articulación de ese fortalecimiento añadido precisaría de una serie de actuaciones. Primeramente, se necesita disponer de una normativa clara en donde se recojan todos los supuestos que atenten contra la unidad y la soberanía nacional y se establezcan sanciones proporcionadas a la gravedad de los hechos y alineadas con la media de las existentes en los países de la Unión Europea, sin olvidar la especificidad de nuestro país respecto a precedentes ocurridos a lo largo de nuestra historia.

Complementariamente, todos los mecanismos de gracia que existen o pudieran implementarse como indultos, amnistías o políticas penitenciarias deberían estar condicionados por el requisito del arrepentimiento expreso y, naturalmente, la abogacía del Estado nunca debería convertirse en la Abogacía del Gobierno, actuando siempre de forma independiente y con exclusivos criterios jurídicos. La reforma de la ley Electoral para no depender como hasta ahora de los partidos nacionalistas sería también una excelente noticia. Y si a todo lo anterior sumásemos la posición responsable y equilibrada de las líneas editoriales de los distintos medios de comunicación, nos situaríamos muy próximos a la utopía.

Y ¿cómo se puede debilitar al Estado? Pues haciendo exactamente lo contrario: criticar exageradamente la legislación vigente, pretender influir sobre la Abogacía del Estado, ser proclives al perdón sin que medie el arrepentimiento y exista la expresa amenaza de la reiteración en el hecho delictivo, abonar la relatividad sobre el incumplimiento de la ilegalidad, disimular bajo la palabra diálogo lo que en realidad es cesión y sumisión, y el despliegue de orquestadas plataformas propagandísticas. Respecto a este último punto sostiene Julian Casanova, catedrático de Historia Contemporánea: «Salvo a los historiadores, a la mayor parte de la gente le interesa poco la distinción entre ficción y verdad. Se fía más de la propaganda».

Lo deseable sería que la equidistancia pretendida sobre esa dualidad fuese superada a través de un posicionamiento claro y lo más mayoritario posible de los ciudadanos ante una cuestión tan relevante. En general, la sociedad española, abrumada por el bombardeo de las redes sociales y las informaciones y desinformaciones de muchos medios parece, a veces, aletargada, sin aparente capacidad de reacción y como instalada en un conformismo que, en la práctica, supone la cesión de casi todo el protagonismo a las fuerzas políticas.

La realidad, sin embargo, debería ser bien distinta. El ciudadano comprometido tiene la capacidad de simultanear su interés por todas las cuestiones que afectan a su ámbito familiar: trabajo, pensiones, educación, sanidad, vivienda, transporte, etc., con otras trascendentes como las que ahora nos referimos. Y ese compromiso debe expresarse no solamente participando en todas las citas electorales a través de un voto reflexivo y ponderado, sino también después intentando compartir ideas y reflexiones con los más afines que puedan desembocar en pronunciamientos influyentes y capaces de crear un estado de opinión basado en convicciones profundas y duraderas. Desde luego, los partidarios de una sociedad civil fuerte tienen ante sí la ingente tarea de ensanchar la base de ese activismo bienintencionado y generoso en línea con el existente en los países más avanzados de nuestro entorno europeo.